El oficialismo nacional y el bonaerense no frenan el lobby y la presión para que todas las provincias adhieran a la nueva ley de riesgos del trabajo, la cual es rechazada fuertemente por los sindicatos y por gran parte de la oposición, especialmente por Unidad Ciudadana y otros sectores del peronismo. La obsesión: limitar a la Justicia laboral y la posibilidad de que los trabajadores acudan a ella. Pero con el aval Cambiemos, la patronal se ilusiona con avanzar aún más…
En ese marco, los ministros de Justicia de Macri y de Vidal, Gustavo Garavano y Gustavo Ferrari, fueron los protagonistas de una jornada organizada por empresarios cuyo objetivo era reclamar el “urgente” cambio de normativa. Varias dependencias gubernamentales –encargadas de mediar entre los intereses de empleados y empleadores– auspiciaron la convocatoria.
La firma textil TN Platex, de la familia Karagozian, fue la principal anfitriona de la “2ª Jornada Nacional de Justicia por la Competitividad Industrial”, que se realizó este jueves en el porteño Alvear Palace Hotel. Otro representante del gobierno bonaerense fue Marcelo Villegas, ministro de Trabajo.
Además de los funcionarios y de Teddy y Tomi Karagozian (padre e hijo), estuvieron presentes, entre otros, Guillermo Arancibia (gerente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), Miguel Ángel Mazza y Héctor Guisado (jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), Mara Bettiol (presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), Roy Humphreys (CEO de Experta ART), y Daniel Funes de Rioja (de la Unión Industrial Argentina).
Para disimular un poco, también formó parte de las presentaciones el diputado nacional –todavía en el massismo– Facundo Moyano, de extracción sindical. Pese a ser minoría, el hijo de Hugo advirtió: «No creo que una reforma laboral tenga que ir hacia desproteger a los trabajadores y atentar contra el derecho colectivo”. No obstante, dejó un guiño para sus interlocutores: “Los gremios no están cerrados» a discutir cambios.
La sorpresa de la noche
Pero el plato fuerte del encuentro –que sorprendió a propios y extraños– quedó para el cierre. Fue el pedido que hizo Tomi Karagozian en su turno en el atril, desde donde reclamó terminar con la responsabilidad solidaria en los accidentes in itinere, que son aquellos que sufren los trabajadores cuando van o regresan de sus obligaciones.
“No hay ninguna razón para que las empresas seamos responsables de los accidentes y problemas que nuestro personal tiene yendo y viniendo a trabajar”, amplió el CEO de la textil más importante del país, según el portal www.veintitres.com.ar. “Este es uno de los principales motivos de conflicto y es una de las causales de costo laboral alto”, explicó.
Este punto agarró desprevenido al auditorio, ya que esa cuestión no aparece planteada ni por la Casa Rosada, ni por Vidal ni por las cámaras empresarias en el marco de las reformas encaradas. Todavía nadie se animó tanto. La idea quedó, de manera sugestiva, flotando en el aire.
“Es un disparate”, dijo el abogado laboralista Eduardo Curutchet al ser consultado por Contexto. “Es derecho históricamente consolidado en el país porque el trabajador no dispone para sí de ese tiempo, sino que lo usa para ir a cumplir con su obligación; es más, queda sin cobertura si se demuestra que no siguió un trayecto normal”, agregó.
“Lo que deben buscar con esta propuesta es tener que pagar menos de prima a las ART cuando las contratan de manera corporativa”, continuó el letrado. Ese tipo de accidentes explican entre el 25% y 30% de los resarcimientos o juicios laborales. Por ahora, la nueva ley de ART tiene como objetivo reemplazar a los juzgados laborales por juntas médicas que dependen del Poder Ejecutivo y son financiadas por las mismas aseguradoras.
De avanzar esta idea, dos sectores se verían afectados fundamentalmente. Por un lado, los trabajadores más precarizados –por las zonas donde se desempeñan, porque realizan trayectos largos y porque no tienen accesos a transportes seguros–. Por otro lado, las mujeres, que sufren los accidentes in itinere el doble que los varones.
“Son datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. No hay una sola explicación de por qué las mujeres se accidentan más cuando van o vuelven de sus puestos, pero un cambio de ese tipo tendría también su cuestionamiento desde una perspectiva de género”, reflexionó Curutchet.
Los cambios más resistidos
El oficialismo bonaerense ha intentado varias veces lograr que en el Senado se sancione la adhesión de la provincia de Buenos Aires a Ley Nacional 27.348 (Complementaria de Riesgos del Trabajo), algo que ya sucedió en la Capital Federal y Córdoba. La normativa, que se conoce como ‘nueva ley de ART’ ya fue aprobada por Diputados, pero en la Cámara Alta merece el rechazo de Unidad Ciudadana y de otros sectores del peronismo. Los argumentos principales para esta negativa son:
-La provincia de Buenos Aires tiene la obligación constitucional de asegurar el servicio de justicia, por lo que resulta improcedente asignar funciones jurisdiccionales a las Comisiones Médicas (tal como lo establecería la adhesión provincial a la Ley 27.348).
-Las Comisiones Médicas, que son órganos administrativos federales, no pueden asumir la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que esta es materia de derecho común y por lo tanto sólo concierne a los tribunales provinciales.
-Las Comisiones Médicas no constituyen órganos imparciales e independientes, sus integrantes carecen de estabilidad laboral y de la competencia técnico–jurídica necesaria para resolver conflictos de intereses y derechos.
