Durante el día posterior a la feroz represión de la Policía bonaerense en las inmediaciones de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en La Plata, diputados, senadores y referentes políticos de la oposición repudiaron el accionar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y cuestionaron que el oficialismo haya pasado por alto el debate de leyes importantes para los trabajadores bonaerenses. Entre estas, la adhesión provincial a la Ley nacional de Riesgos del Trabajo (ART) y la Ley de Ministerios.
A diferencia del oficialismo a nivel nacional, que se vio obligado a posponer la sesión por el recorte a los jubilados, en la provincia la gobernadora María Eugenia Vidal logró que sus legisladores aprueben las dos leyes (entre otras), a pesar de que afuera la Policía reprimía a gremialistas y trabajadores con gases y balas de goma.
La sesión en Diputados fue interrumpida por el intendente de Ensenada Mario Secco, quien entró para denunciar la represión enseñando las vainas de los proyectiles lacrimógenos. Ayer, en un comunicado, el jefe comunal volvió a repudiar el operativo represivo que “Cambiemos mandó a aplicar contra trabajadores, desocupados y jubilados en la puerta de la Legislatura Provincial y en el Congreso Nacional”.
Secco relató: «Estábamos con compañeros, con los que nos expresábamos en contra del ajuste de Vidal, que fueron brutalmente reprimidos. Sucedió cuando nos estábamos yendo. En ese momento las Fuerzas de Seguridad dispararon gases lacrimógenos y balas de goma provocando varios heridos”.
Ajenos a la violencia que había afuera sobre calle 7 y en C.A.B.A. en la Plaza del Congreso, el presidente de la Cámara, Manuel Mosca, prosiguió con la sesión, lo que generó que los diputados de Unidad Ciudadana se retiren.
En un comunicado, los bloques de diputados y senadores de Unidad Ciudadana-FpV y PJ señalaron “la responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal quien pretendió sancionar un paquete de leyes de espaldas a la ciudadanía, sin debate ni análisis previo, provocando la protesta legítima de los trabajadores que fueron reprimidos de manera brutal por las fuerzas de seguridad”.
El tratamiento expeditivo fue similar al que recibieron las leyes de magaendeudamiento y Presupuesto 2018 hace un mes, lo que le valió críticas a la gobernadora por reducir la discusión en la Legislatura.
En este caso repitió la fórmula y envió el paquete de once leyes días antes de la sesión, e incluso alguna de estas con solo 48 horas de anticipación. En su Twitter, el diputado Juan Debandi (UC) escribió: “No podemos entender cómo luego de un año sin trabajo legislativo la gobernadora pretende aprobar un paquete de leyes en detrimento de lxs trabajadores de manera express”.
El jueves no entró en agenda la ley que eleva la edad jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia, quienes se movilizaron apoyados por estatales y docentes. La gobernadora pretende reducir el déficit de la caja del banco metiéndose con las jubilaciones, siguiendo la receta de Mauricio Macri. Esa ley, junto a las demás que no tuvieron sesión, la tendrán el martes próximo, cuando continúe la actividad en la Legislatura provincial.
Las leyes de Vidal
A la nueva Ley de Riesgos de Trabajo (ART) le faltaba la sanción en el Senado. A principios de noviembre el oficialismo había intentado sin éxito hacerlo, ante la negativa de legisladores del FpV y del PJ. Y de forma unida, las dos CTA y gremios de la CGT también habían mostrado su rechazo a la normativa por entender que avanzaba sobre derechos de los trabajadores en cuanto al acceso a la salud.
El jueves en el Senado el bloque de Cambiemos, frente a la negativa de toda la oposición, aprobó la normativa. Desde Unidad Ciudadana, la presidenta de ese bloque, Teresa García, denunció que la ley había sido aprobada mediante un “procedimiento irregular, no contemplado en el reglamento de la Cámara”, por lo que dejó abierta la puerta para que sea judicializada.
Desde que Mauricio Macri fogoneó esta ley para que los gobernadores la hagan aprobar por sus legislaturas porque argumentaba que “las mafias de los juicios laborales” eran la causa del crecimiento del desempleo en el país, los gremios, el kirchnerismo y parte del peronismo provincial alertaron que significaba un retroceso en los derechos laborales. “Que cada uno se haga cargo cuando vota en contra de los trabajadores”, advirtió Teresa García en la sesión.
El titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, dijo a Contexto que la Ley de ART “perjudica a los trabajadores, es regresiva porque retrocede en muchos aspectos que tenía la Ley de ART original del año 1995 y que habían sido superados por sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había declarado esos aspectos como inconstitucionales. En suma, es un claro retroceso de veinte años”.
Cremonte explicó que el punto más cuestionado es el impedimento de los trabajadores a tener de ahora en más un acceso pleno a la salud. El punto declarado inconstitucional por la SCJN de la vieja Ley de ART que ahora entra en vigencia nuevamente tiene que ver con la existencia de comisiones médicas compuestas por médicos pagos por las propias empresas aseguradoras, quienes, a pesar de no tener conocimientos jurídicos, evalúan qué grado de lesión o enfermedad tiene el trabajador, cuando antes esa función era de la Justicia laboral, a la que accedía el trabajador para tener una recuperación plena a cargo de un juez imparcial y laboral.
Otra de las leyes aprobadas es la de Ministerios, por la cual Vidal lleva a cabo su tercera reforma de ajuste en dos años en el Estado bonaerense a través de la eliminación o reubicación de dependencias ministeriales. El fin de la gobernadora es “ahorrar gasto político”.
Estos cambios han generado incertidumbre en los trabajadores estatales porque no han sido informados sobre los destinos que tendrán sus funciones. Uno de estos casos fue el de la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda: sus trabajadores han llevado a cabo medidas de fuerza en las últimas dos semanas porque fueron notificados que pasarán del Ministerio de Infraestructura al de Desarrollo Social, lo que implica, denunciaron, el desguace de las funciones específicas de la Subsecretaría, la pérdida de casi doscientos puestos de trabajo y el cobro de bonificaciones propias de la cartera de Infraestructura.
El delegado de ATE en la Subsecretaría, Nicolás Hrabar, dijo a Contexto: “No tenemos la continuidad laboral y salarial de los compañeros, y tampoco tenemos la garantía de conservar nuestras competencias; no tenemos seguridades para evitar el vaciamiento de nuestras tareas luego del traslado”.
Otro caso de afectación de puestos de trabajo por la nueva Ley de Ministerios que reestructura el Estado provincial se dio en el Centro de Protección a los derechos de la Víctima (CPV). Allí, las autoridades de este organismo encargado de brindar acompañamiento, asesoramiento y contención de víctimas de delitos graves, informaron que el 35% de los trabajadores van a ser despedidos.
Ante tamaño recorte, los que están precarizados temen por la continuidad del CPV, sobre todo en el marco del ajuste de áreas del Estado provincial por decisión de la gobernadora. Desde ATE denunciaron el ajuste en este organismo y lo relacionaron directamente con la postura de Vidal de recortar el 30% del personal estatal mediante la nueva normativa.
