Luego de ser informados de que el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) iba a pasar por una “restructuración general”, los trabajadores de este organismo recibieron la noticia de que el 35% de ellos iban a ser despedidos. Desde ATE rechazan los cesanteos al tiempo que temen sobre la continuidad del organismo ante tamaña reducción del personal.

El CPV cuenta con equipos interdisciplinarios para brindar acompañamiento, asesoramiento y contención de víctimas de delitos graves. Según notificaron desde ATE, alrededor del 35% de los trabajadores fueron notificados de que estaban despedidos mediante la entrega de una lista que las autoridades ni se atrevieron a leer, sino que se las dieron a las delegadas.

La subsecretaria Rosario Sánchez, junto con asesores del Ministro de Justicia Gustavo Ferrari (cartera a la que pertenece el CPV) fueron quienes les entregaron esta lista en la que se encuentran administrativos y profesionales, en su mayoría con entre diez y catorce años de antigüedad en el organismo.

“Esto se enmarca en esta ‘reestructuración’, que nosotros llamamos ajuste”, dijo a Contexto Marina Font, delegada de ATE en la CPV.

Ante este panorama, los trabajadores se movilizaron en el día de ayer en rechazo al paquete de leyes impulsadas por Cambiemos, entre ellas la denominada Ley de Ministerios, la cual, con el fin de “ajustar gastos”, propone la reducción de entidades gubernamentales, generando incertidumbre sobre la continuidad laboral de los estatales de la provincia de Buenos Aires, así como sobre cómo van a continuar las políticas públicas que desempeñan.

“Esto es una reforma estructural del Estado que implica básicamente ajustar y dejar a los trabajadores afuera”, señaló Font, quien recordó que la decisión de Vidal es reducir el 30% del total de los trabajadores estatales en la provincia. “Lo enmarcamos en el ajuste de María Eugenia Vidal, que tiene a la Ley de Ministerios como una de sus herramientas más importantes”, agregó.

font: “Lo enmarcamos en el ajuste de Maria Eugenia Vidal, que tiene a la Ley de Ministerios como una de sus herramientas más importantes”.

Los trabajadores de este organismo vienen peleando hace tiempo por el pase a planta permanente y mejores condiciones laborales. El año pasado les anunciaron el pase a planta pero no fue efectivizado; por el contrario, les advirtieron que no estaban en la agenda del gobierno. Ante esta situación, llevaron a cabo una serie de reclamos que concluyó con el descuento de sus sueldos y el despido de una psicóloga con doce años de antigüedad, quien era una de las personas que encabezaba la lucha.

“Denunciamos públicamente estos hechos de persecución, maltrato, violencia y la gravedad de la pérdida de la fuente laboral en este organismo dedicado a la protección de los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia”, señalaron desde ATE.