¿Cuánto margen le queda al juez Guido Otranto para seguir actuando con tanta parcialidad en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado? Después de sus declaraciones periodísticas del fin de semana y el violento megaoperativo policial que llevó a cabo este lunes en la comunidad mapuche de Cushamen, cabría esperar un inminente apartamiento, como reclama la familia de la víctima a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El juez desacreditó la declaración de los testigos directos que vieron cómo los gendarmes capturaron a Santiago a orillas del Río Chubut, durante la represión del 1° de agosto. Se posicionó del lado de la fuerza federal y lanzó la hipótesis de que el joven “se podría haber ahogado”.
“Es una de las opciones que me parece más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy haciendo”, dijo el sábado al diario La Nación, y aprovechó la misma entrevista para criminalizar a la comunidad mapuche de Cushamen, al calificarla de “extremadamente violenta”, con “capacidad para generar atentados de sabotaje, contra la propiedad, de manera coordinada”.
Así fue preparando las condiciones para allanar por tercera vez la Pu Lof con cientos de efectivos distintas fuerzas, helicópteros, drones, buzos y perros dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, un operativo del que la familia de Santiago se enteró a través de los medios.
“El juez no nos dejó pasar, cuando somos parte de la causa. Está demente”, disparó ayer Sergio Maldonado desde la ruta 40, frente a la entrada de la comunidad, y agregó que “todo esto es una payasada, una puesta para los medios”.
En ese momento eran los medios del Grupo Clarín los que desplegaban la mayor cobertura sobre los pasos de Otranto para “la búsqueda de Santiago Maldonado”.
El periodista Claudio Andrade, del diario insignia de Héctor Magnetto, señalaba cerca del mediodía que el caudal del río “llega al 1.60 metro, unos de los mayores del año, con ‘pozones’ de hasta 3 metros de profundidad”.
“Maldonado, explican fuentes, podría haber caído en un pozo de esta envergadura para quedar atrapado por las ramas. El tiempo de resistencia al agua promedio de 3 minutos pudo haber sellado su suerte”, sostenía el matutino y en el mismo artículo subrayaba: “Fuentes de Gobierno le dijeron a Clarín que existe optimismo sobre estos trabajos. ‘Estamos cerca de la verdad’, indicó una alta fuente”.
Tal vez la “alta fuente” haya sido el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, quien el viernes pasado le reclamó al juez un allanamiento en la Pu Lof, mientras cargaba contra los mapuches y afirmaba que “lentamente vemos cómo se va revirtiendo la carátula de desaparición forzada”.
“Queremos avanzar en este territorio para encontrar a Santiago y Dios quiera que lo hagamos”, completó el segundo de la ministra Patricia Bullrich, un macrista de la primera hora vinculado con el asesinato del docente Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007 en Neuquén.
Ningún resultado, mucha violencia
A pesar del “optimismo” del gobierno, el megarrastrillaje de Otranto no arrojó ningún resultado positivo. Sólo marcó un nuevo antecedente represivo contra la comunidad mapuche de Cushamen.
Matías Santana, uno de los testigos de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y otros integrantes de la Pu Lof fueron tirados al piso y maniatados con precintos por los uniformados que irrumpieron en el lugar a las 6:30 de la mañana fuertemente armados.
“Nos tuvieron doce horas precintados. Teníamos que pedir por favor que nos den agua, no podíamos comer ni ir al baño, a un peñi (hermano) le dejaron los precintos apretados y no se los aflojaron hasta que se fueron. Yo estaba enfermo y pedí también que necesitaba mi medicina que tenía adentro: tampoco accedieron”, contó Santana.
El testigo añadió que más tarde, cuando llegó Otranto junto a la fiscal Silvina Ávlia, “ninguno de los dos se acercó a explicar lo que pasaba”.
Otra integrante de la comunidad, Elizabeth Loncopan, también fue maniatada y, como se negó a identificarse, la trasladaron a una comisaría de Esquel, donde estuvo detenida hasta las 6 de la tarde.
Mostrando las marcas que tenía en las muñecas, Loncopan denunció que la mantuvieron “más de diez horas precintada, sin darme ningún tipo de explicación”.
“Fue una requisa más en la comunidad”, explicó al salir de la comisaría, y consideró que “lo único que pretenden es identificar a las personas que vivimos allí y generarnos causas para asustarnos, amedrentarnos y perseguir a nuestras familias”.
“El objetivo de Otranto no fue jamás buscar a Maldonado, cuando él es el responsable de su desaparición porque dio la orden de desalojo del 1° de agosto”, completó la mujer.
“No le importa que aparezca Santiago”
Sergio Maldonado volvió a cuestionar hoy al juez Otranto al considerar que “va a buscar donde no tiene que buscar”, evita investigar “en los escuadrones de Gendarmería” y no cita a declarar a Pablo Noceti, el funcionario de Bullrich que comandó la represión en la que fue visto por última vez el joven.
“Al juez no le importa que aparezca Santiago. Parece el abogado de Gendarmería. Vinimos a reunirnos con él y no nos recibió”, aseguró el hermano de la víctima esta mañana desde la puerta del juzgado federal de Esquel.
Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal Ibarra, recibirá este miércoles a la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, para conocer los argumentos de la recusación presentada contra Otranto.
La familia pidió su apartamiento la semana pasada y reclamó la designación de un nuevo magistrado que sea “imparcial y eficiente en la tarea a su cargo”
Como Otranto rechazó la recusación, ahora interviene la Cámara. Según explicó Leal Ibarra, en caso de una resolución favorable a la familia, la causa por la desaparición forzada de Santiago pasaría a manos del juzgado de Rawson.
La actuación del juez también será denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando la querella viaje en octubre hasta Montevideo para reunirse con representantes del organismo, en el marco de su 165 periodo de sesiones.
El titular de la CIDH, Francisco Eguiguren, adelantó ayer que citará a la familia y funcionarios del gobierno de Macri con el objetivo de “escuchar qué se dice sobre el cumplimiento” de la medida cautelar dictada el 22 de agosto para la protección de los derechos de Santiago Maldonado.
