La Justicia oficializó nuevas citaciones a indagatoria en la causa por las presuntas irregularidades en la ANDIS. Los primeros en declarar serán los hermanos Kovalicker, responsables de la droguería señalada por la fiscalía por su presunto rol clave en el direccionamiento de las compras de medicamentos.
Luego de que los pedidos de la Fiscalía, el juez federal Ariel Lijo citó a declarar el próximo 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ya tiene a su ex titular, Diego Spagnuolo procesado desde la semana pasada.
Esta semana el fiscal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez le habían solicitado a Lijo el llamado a indagatoria a 43 personas, entre ellos los hermanos Kovalicker y a otras autoridades de la Suizo Argentina como Diego Gerardo Viner, quien comparecerá también el 29 de octubre. Sebastián Nuner Une y Gonzalo Damian Zarbo, también de la droguería, serán de la partida el 3 de noviembre según el esquema presentado.
Según la investigación, la droguería tuvo una fuerte injerencia en ANDIS. «Tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento», precisaron desde la fiscalía.
Esto, les permitió «vender medicamentos más caros y con sobreprecios». «Fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia, un total de $137.118.708.357 en 15 meses», detallaron en su dictamen.
En la investigación se indica que «la Suizo Argentina siempre estaba a la cabeza como ganadora, durante la gestión de Diego Orlando Spagnuolo y, en especial, desde la llegada de Daniel María Garbellini, mano derecha de Pablo Atchabahian, sobre el cual ahora se pudo determinar que era un lobbista y operador, reconocido por los directivos de la Suizo como un gran soldado de la firma».
En este marco, la empresa era parte esencial del circuito de compras de ANDIS.»El Gerente de la División Tratamientos Especiales de la droguería informó a su equipo que habría adquirido un medicamento para el tratamiento de la esclerosis múltiple, a un costo de $92.000 por unidad y ordenó venderlo al precio que quisieran».
«Efectivamente, ese medicamento fue comprado por ANDIS, que pagó a la Suizo Argentina entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad», lo que significa «unas 42 veces el costo de adquisición, lo que representó un incremento porcentual entre el precio de compra y el precio de venta a ANDIS de 4106.95%, aproximadamente», agregó.
Entre las pruebas incorporadas a la causa, los fiscales encontraron archivos en poder de la Suizo Argentina que contenían información sobre las compras de la ANDIS y el comportamiento de otras droguerías antes del cierre de las compulsas de precios para medicamentos de alto costo. Según detallaron, los documentos registraban los medicamentos solicitados en cada procedimiento, las droguerías que resultarían ganadoras y los precios de venta con sus respectivos márgenes de ganancia.
A partir de esto, Picardi y Rodríguez sostienen que la firma habría establecido un “doble pacto”: por un lado, con la ANDIS, para acceder anticipadamente a la información y garantizarse el rol de administradora y controladora de las operaciones, con la mayor cantidad de adjudicaciones. Por otro, con las droguerías que participaban del esquema, que debían “obedecer el juego de la Suizo Argentina para vender en ANDIS”. Según la hipótesis, la empresa era la que determinaba quién ganaba cada compulsa y cuándo.
Para los fiscales, «ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera» porque «tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias, y dentro de este colectivo, las personas pobres que necesitan del Estado para obtener una medicación sin la cual la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos». «Las víctimas observan cómo funcionarios públicos corruptos y empresarios inescrupulosos se apoderan del dinero que les pertenece, lo que deriva en afectaciones directas a las prestaciones que necesitan para tener una calidad de vida un poco mejor de la que tienen», concluyeron.
