Una nueva denuncia se suma a la causa que investiga a la mesa judicial bonaerense. Esta vez, Pablo Moyano, dirigente de Camioneros y cosecretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), denunció ante la Justicia al procurador bonaerense Julio Conte Grand por los supuestos delitos de «tráfico de influencias y prevaricato».
«Venimos a denunciar la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017 –cuyos vigencia y efectos aún perduran– estructurada dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con la asistencia y colaboración de funcionarios –aún no suficientemente identificados– pertenecientes al área del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires», señaló el dirigente gremial en su denuncia.
La denuncia fue presentada por el abogado Daniel Llermanos, según precisó Telám. En la misma, Moyano advierte que esa organización contó con la connivencia de miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y tuvo la «finalidad de procesar y/o encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y, en algunos supuestos, los abogados que intervenían en las Defensas».
Puntualiza además que estos delitos «se encuentran plenamente acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el doctor Víctor Hortel y quien suscribe (Daniel Llermanos)».
En la presentación de cuarenta páginas, Moyano y su abogado detallan cómo fue el armado de dos causas en su contra. «Las operaciones de la organización que se denuncia consistieron en: Instar denuncias falsas, generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios, infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir en los testimonios falsos y manipular con fraude procesal material probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales», explicaron.
Mientras tanto, la causa que investiga a la mesa judicial bonaerense se encuentra en proceso de indagatorias. Esta semana declararon ante el juez Ernesto Kreplak los empresarios Fabián Cusini y Bernardo Zaslascky. El jueves hará lo propio Marcelo Jaworsky. La semana pasada, tanto Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, como el empresario José Alconada Magliano presentaron escritos, rechazaron los cargos y se negaron a ser indagados por el juez.
El lunes 14 estaba establecida la indagatoria del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, pero fue postergada por Kreplak hasta el 18 de marzo.
Este miércoles, el diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció que Villegas compró una mansión en Punta del Este por un valor de medio millón de dólares y que dicha compra no se puede justificar en las declaraciones juradas de 2017 y 2018.
«Parece que la Gestapo también le rindió económicamente a Marcelo Villegas. Entre la DDJJ que presentó en 2017 y la que presentó en 2018 sumó una casa en Punta Ballena (a 14 km de Punta del Este), cuyo valor real aproximado es de medio millón de dólares. Los números no cierran», tuiteó el diputado.
«Villegas justifica la compra con un préstamo personal en dólares -por fuera del sistema bancario, como Vidal y Santilli-, el rendimiento de un fondo común de inversión QUE NUNCA DECLARÓ y el aporte de us$ 150 mil que tampoco tenía según sus propias declaraciones juradas», agregó.
En la causa por la mesa judicial bonaerense están imputados Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia provincial), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra (ex director de Contrainteligencia de la AFI), Darío Biorci (ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani) y Juan Sebastián De Stéfano (ex jefe del Àrea de Jurídicos de la central de espías).
También, el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata), Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa) y Guillermo Moretto (presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).
Otros de los imputados son Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco), Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco), Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).
