Tras el violento operativo sorpresa contra los vendedores callejeros del centro platense, los trabajadores de la comunidad senegalesa local se manifestaron esta mañana en 7 y 47 junto al conjunto de puesteros desalojados para reclamar soluciones al municipio a fin de regularizar su condición sin ser perseguidos ni estigmatizados. Los cinco trabajadores que ayer fueron detenidos durante el desalojo y trasladados a la Comisaría 1ª pertenecían todos a la colectividad del país africano.
Coralia Ojeda es la abogada que se presentó en representación de los trabajadores africanos que se manifestaron para exigirle al Municipio la devolución inmediata de su mercadería y la apertura de una mesa de diálogo para regularizar sus condiciones de vida.
“Fuimos hoy a la mañana a la Justicia de Faltas a buscar la mercadería y ver en qué condiciones estaba la situación. Cuando llegamos, el juez a cargo no había habilitado la documentación necesaria y no pudimos retirarla. Estamos hablando de la única fuente de ingresos que tienen y están desesperados por eso”, dijo Ojeda a Contexto.
La abogada remarcó la persecución que el Municipio implementó en los últimos tiempos hacia la comunidad senegalesa, que en la ciudad de La Plata llega a alrededor de trescientas personas. “La mayoría de ellos está con permisos provisorios. El desalojo de ayer incluyó personal de Migraciones. El Municipio, como política pública, debería contemplar la situación de estos trabajadores”, dijo Ojeda.
“Tras la detención fueron a la dirección de Migraciones dos chicos representantes de la comunidad, y Darío Ganduglia (secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia) comenzó a mostrarles fotos de sus compañeros y a decirles ‘si siguen molestando los vamos a deportar’”, completó la abogada.
Tras el desalojo vivido con tensión durante la mañana de ayer, gran parte de la colectividad senegalesa se hizo presente en las puertas de la Comisaría 1ª para reclamar la liberación de los cinco manteros apresados.
En la actualidad, muchos de los migrantes quedaron estancados entre protocolos de regularización de condiciones. “Están en el monotributo social, otros tramitando sus documentos. Hay una voluntad de estar dentro del sistema. Pero si el Municipio no los ayuda, y además los persigue, es muy complicado”, agregó la abogada.
