“Las fuerzas de inseguridad tienen una luz verde que antes no tenían”

Iván Navarro (18), el joven de La Garganta Poderosa que sufrió torturas e intimaciones junto a su compañero Ezequiel Villanueva Moya (15) el sábado 24 de septiembre, en Barracas, por parte de efectivos de Prefectura y Policía Federal, fue amenazado de muerte en las primeras horas de ayer por un prefecto, quien lo amedrentó por haber hecho públicos los ataques del 24 en las redes sociales.

La amenaza de muerte del prefecto fue luego de que Iván Navarro accediera a dar una entrevista en el programa del periodista Gustavo Sylvestre en el canal C5N, el martes a la noche, para visibilizar las torturas que padeció el 24 de septiembre en la zona de Barracas. Desde su sitio Facebook, La Garganta Poderosa explicó que Iván volvió para la Villa 21-24 y pasó por el Club Juventud Unida, para distraerse jugando al fútbol. Posteriormente, camino a su casa, vio cómo “dos prefectos golpeaban a un pibe, contra la pared de la Casa de la Cultura”, señaló la revista.

Navarro se acercó para mirar lo que pasaba e identificar a los prefectos, para saber las causas del hostigamiento. “Ahora van a cobrar todos, por habernos escrachado en los medios”, escuchó de boca del prefecto. La revista reprodujo el diálogo entre Navarro y el prefecto, que aconteció después:

– ¿Qué mirás?

– Nada, pero no le hagas nada al pibe, porque yo los denuncié.

– ¿Así que fuiste vos, pedazo de hijo de puta? Empezá a correr…

Desde la Poderosa dijeron que después el prefecto persiguió a Navarro hasta las puertas de su casa, amenazándolo con sacar su arma.

“Queremos saber el nombre del prefecto que logramos fotografiar y las medidas que van a tomar para salvarnos, en esta selva de uniformados cargados de impunidad”, dijo la revista a través de las redes sociales.

Cuando conocidos de Navarro llegaron a su casa, minutos después, los prefectos que se acercaron dijeron que tenían órdenes del Ministerio de Seguridad de no dar información. Para ese entonces, el prefecto que había agredido a Navarro había desaparecido de la escena.

“Iván fue al programa para contar su testimonio para que todo el mundo sepa lo que le había pasado, para que no le pase a ningún pibe más”, dijo La Garganta Poderosa en diálogo con Contexto. “Si los compañeros no hubieran sido parte de este colectivo que formamos, esto no se hubiera sabido y hubiera muerto en el silencio”, agregaron.

“No se expidió nadie del Ministerio de Seguridad, ni el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Es una locura que ningún funcionario de este Gobierno haya dicho nada”, manifestaron.

Estableciendo una relación entre las medidas del macrismo de mano dura, con el último gesto de Macri de fortalecer las fuerzas de seguridad al enviarle 6.400 efectivos federales a la provincia, sobre todo en los que denominó “puntos más sensibles”, La Garganta Poderosa dijo que “las fuerzas de inseguridad nunca han podido ser controladas por ningún Gobierno. No es que antes del 10 de diciembre eran una panacea y estaban al servicio de la comunidad, pero sí creemos que las fuerzas de inseguridad tienen una luz verde que antes no tenían, y eso lo saben y se aprovechan”.

“Entendemos que donde hay zonas liberadas de políticas estatales y del alcance de los medios desde hace años –continuó La Garganta–, es un cóctel perfecto para que puedan hacer los peores atropellos sin que nadie se entere”.

Por las torturas del 24 de septiembre sobre Navarro y Villanueva Moya, y ante la visibilidad que tomó el caso, hay siete prefectos detenidos. En la denuncia de los jóvenes intervino el Juzgado Criminal de Instrucción 6 de la Ciudad de Buenos Aires y la jueza a cargo es María Gabriela Lanz, quien investiga a los prefectos por “apremios ilegales”.

Hoy, frente a la garita donde fueron torturados los jóvenes en la intersección de las calles Osvaldo Cruz e Iguazú, en la villa 21-24, La Garganta Poderosa dará una conferencia de prensa ante referentes de derechos humanos para “visibilizar no sólo las torturas, sino también para hablar de un proyecto de ley que tenemos sobre el control popular sobre las fuerzas de seguridad, entendiendo que el Estado no las controla y no podemos permitir más que torturen y maten a compañeros”.

Ese proyecto consiste en la recolección de denuncias hechas por vecinos sobre violencia de distinto tipo sobre jóvenes, entregadas a la Fiscalía, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).


 

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