Por Roberto Álvarez Mur
“Nosotros hemos relevado 59 casos, de los cuales 34 son ejecuciones extrajudiciales, con responsabilidad directa de la Policía de la Provincia; otros casos remiten al uso de la fuerza para la resolución de conflictos personales; algunos pocos casos de negligencia y un caso de desaparición en democracia”, explicó a Contexto la licenciada Magdalena Brocca, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, organismo que realizó un muestreo de la situación de violencia institucional que atraviesa la provincia gobernada por José Manuel de la Sota.
“En Córdoba, particularmente, estamos en un contexto bastante complejo en relación con las políticas de seguridad, ya que son muy violentas. Hoy en la provincia hay una fuerza policial que cuenta con 22.000 efectivos, y hace unos días el Gobernador salió a anunciar la contratación de 1.500 más”, explicó Brocca.
“Una de las intenciones de este tipo de iniciativas es apuntar a la construcción de políticas de seguridad con un perfil más democratizante, distinta de la que se viene aplicando en Córdoba.”
El acuartelamiento de la Policía cordobesa en 2013 representa uno de los factores de mayor fortalecimiento que adquirió la fuerza, junto con la legitimación política y social que provocó. “A partir de esa fecha, los muertos se trasladan de la comisaría a la vía pública y la mayoría de los casos se concentran de la ciudad de Córdoba, en la categoría de ejecuciones extrajudiciales en la vía pública”, reconstruyó la especialista.
Nueve muertes se registraron en situación de encierro, como comisarías y establecimientos carcelarios; tres casos por negligencia funcional, en situaciones en que la causa del deceso responde a la falta de cuidado por parte del funcionario de seguridad correspondiente. A principios de mayo, en la ciudad de Córdoba se llevó adelante una jornada de razia policial en la que se detuvieron más de quinientas personas.
DE LOS 59 CASOS RELEVADOS, 34 FUERON EJECUCIONES CON RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. oTRAS 12 MUERTES FUERON EN CONFLICTOS PERSONALES DE UNIFORMADOS.
Con un uso abusivo y arbitrario avalado por el llamado Código de Faltas, la Policía cordobesa encuentra la vía libre necesaria para hacer un uso irracional de la fuerza. “Cada vez avanzamos más hacia prácticas cada vez más violentas de las fuerzas de seguridad”, expresó Brocca.
Según explica el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, hubo doce muertes por el uso de la violencia en situaciones interpersonales por parte de agentes de las fuerzas de seguridad.
Desaparición, un caso: ocurrió cuando una persona fue reportada como desaparecida y existen sospechas de la participación de agentes del Estado.
La prensa cordobesa fue la fuente para la elaboración del mapa, ante la falta de información de los organismos públicos, explicaron desde el Observatorio. Se trata, dijeron los responsables del trabajo, de una decisión metodológica adoptada ante la falta de respuesta a los pedidos formales remitidos a los Ministerios de Justicia y Seguridad de Córdoba, así como al Tribunal de Conducta Policial.
Por otra parte, la Justicia cordobesa admitió ayer un hábeas corpus «correctivo preventivo» contra los «operativos de saturación» realizados por la Policía local en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, y propuso medidas para evitar irregularidades y abusos por parte de la fuerza de seguridad.
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