Por Claudia Vásquez Haro*
Si me hubieran matado, estarían diciendo pobre Claudia, en qué andaba, no era que haga esas denuncias, y un montón de otras tantas conjeturas alejadas de la realidad de los hechos. Pero como me defendí y soy una sobreviviente del cisheteropatriarcado asesino, entonces soy la mala víctima, la que no se dejó matar ni doblegar. Esta observación en principio, luego algo crucial y por lo tanto no menor, es como la Justicia y la Policía borran todo tipo de huellas, para no llegar a investigar la cuestión de fondo.
Hago la denuncia de los hechos en la Comisaría 4ª la madrugada del domingo. Al mediodía el jefe de calle tenía localizado a mi agresor. Sin embargo, la fiscal Ana Medina no sólo no fue a verificar la escena de los hechos, sino que no resolvió en tiempo y forma enviar al juez Pablo Raele el pedido de detención.
El lunes nos reunimos con la fiscal Medina mi abogada Luli Sánchez, Toni Domínguez y Agus García. La reunión desde un principio fue tensa. Me fui sin despedirme, por el modo en que constantemente me sentí revictimizada. La fiscal nunca me pregunto cómo estaba, o si necesitaba algo en relación con mi seguridad. Lo primero que me dijo, queriéndome amedrentar fue «¿Por qué tanto enojo conmigo, Claudia?». La pregunta era irónica, porque nuestra organización OTRANS Argentina la denunció ante el Comité Contra la Tortura (CAT) por las muertes de nuestras compañeras privadas de libertad Pamela Macedo Panduro el 1º de enero 2017 y Angie Velásquez Ramírez, el 16 de marzo de este año, sumado a las detenciones arbitrarias de las compañeras trans y travestis en La Plata. También cajoneó una causa en la que denuncié a monseñor Aguer por incitar al odio contra las personas trans y travestis.
Le pedimos a Medina que envíe la causa a la Fiscalía 13, especializada en género, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino. El pasado jueves fui a ver mi causa y me dijeron que la desestimaron porque consideraron que no se trata de un caso de violencia de género. La explicación de esa unidad se basa en una acordada interna de que para intervenir tiene que haber una relación sentimental previa, intrafamiliar. Es decir, mi caso no encaja en sus marcos normativos e interpretativos. Por ende, enviaron el expediente al fiscal general. Mientras me daban esa información llega la fiscal Medina a la Fiscalía de Ruffino, me ve y me pregunta con una sonrisa: “¿Cómo estas, Claudia?”. Le respondo: «Mal, me duele todo». Me dice: “El tonito, eh”. Le respondo: «¿Casi me matan y me preguntas cómo estoy? Me parece que me tomás el pelo por cómo me lo decís». Me responde con un tono y una mirada amenazante: “Ojito, eh…”. Todo este episodio fue delante de Toni Domínguez.
Al atentado que sufrí por parte de una persona que vino a mi casa con el claro objetivo de matarme, tengo que lidiar psicológicamente con la violencia de la Justicia, particularmente de las amenazas de la fiscal Medina, a quien la Fiscalía General acaba de designar de nuevo para que investigue mi causa. A todo esto se suma un Estado ausente que no se ha manifestado, ni me han ofrecido ninguna medida de seguridad, acompañamiento, sino que contribuye a sostener un manto de impunidad y reforzar el disciplinamiento cisheteropatriarcal.
Ausencia de políticas de genero del Municipio de La Plata
El día domingo, por preocupación de mi abogada penalista Luli Sánchez, experta en cuestiones referidas a violencia de género, crímenes de odio y travesticidios, en función de tener alguna medida de protección, le pedimos a la fiscal Ana Medina que labre un oficio al municipio platense para poder obtener el botón antipánico. El lunes por la mañana me dirigí a la Dirección de políticas de genero del Municipio de La Plata y pedí hablar con la directora Valeria Venturin, pero no estaba. Mi caso sirvió sólo para sumar a su estadística un hecho más, de los innumerables casos de mujeres golpeadas. Me llenaron una ficha y me dijeron que tenía que ir a la Subsecretaría de Seguridad del Municipio, donde te activan el botón antipánico.
¿En que consiste ese botón antipánico?
Llego a dicha dependencia y en la oficina un macho me atiende con malos modos. De nuevo la falta de sensibilidad de personas trabajando con víctimas de violencia de genero. Me pide mis datos, mi número de teléfono y me dice “Listo”. Le pregunto: ¿y el aparato?, ¿el botón antipánico? Me hace una llamada a mi celular y me dice “Agendá ese número como ALERTA. Si te llega a pasar algo, búscalo en tus contactos y llamá”. Me pide dos contactos de amigxs o familiares cercanos. Le pregunto para qué. Me dice: “Es probable que lleguen ellos primero que la policía”. Le digo que en eso cosiste la política pública del Municipio para casos de violencia de género. Me responde con tono irónico “Es lo que hay”. Una vez más, el Estado me revictimiza. Hice la prueba. Llame dos veces y jamás recibí ninguna llamada ni visita a mi casa. Metafóricamente, dije: “Estoy muerta”.
Lo único que les quiero decir es que no les tengo miedo, no me van a quebrar ni callar a pesar de la violencia a la que de forma reiterada soy sometida a través de discursos y practicas deshumanizantes. Lo que acá tenemos que analizar es lo que con Verónica Andrea González venimos problematizando en nuestros trabajos académicos sobre la temática trans y travesti: “El lugar del Estado narco cisheteropatriarcal como garante y cómplice de tales actos, y las victimas como botín”. Ahí surge la pregunta: ¿quiénes son las buenas y malas víctimas?, ¿a qué sujetxs el Estado está dispuesto a buscar y quiénes son un gasto improductivo? Quiero que la Justicia investigue por qué Leo Mendoza me quiso matar, quién o quiénes lo mandaron. Vamos a luchar para llegar a la verdad y para que todas nuestras compañeras que están presas injustamente recuperen la libertad. Desde una lectura butleriana, no sólo estamos asistiendo a una condición política de vulnerabilidad maximizada, sino a una idea de poder sobre la muerte.
*Docente e investigadora. Directora de Diversidad sexual de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. Miembra fundadora de la Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe (COTRANSLAC). Integrante del Fondo Internacional Trans (TIF).
