Más de doscientos delegados y dirigentes gremiales de la CGT, CGT Corriente Federal, CTA de los Trabajadores, senadores provinciales del FpV-PJ, responsables del Colegio de Abogados de la provincia, del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los colegios bonaerenses y asociaciones de jueces bonaerenses, entre otras organizaciones profesionales, manifestaron su oposición a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.348 de Riesgos del Trabajo (ART) porque es “jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección internacional de los derechos humanos”.
Esa normativa complementaria aprobada por el Congreso de la Nación en febrero pasado excluye el derecho de los y las trabajadoras de plantear sus reclamos por vía judicial y sólo los deja ante las comisiones de salud.
En la Legislatura bonaerense la adhesión fue propuesta por el Frente Renovador y apoyada por Cambiemos. En la Cámara de Diputados provincial fue aprobada por mayoría con el rechazo del bloque del Frente para la Victoria-PJ.
“Es la antesala de la flexibilización laboral”, afirmó a Contexto la senadora provincial por el espacio Nuevo Encuentro-FpV, Mónica Macha. “Es un recorte de derechos absolutamente y es volver a pensar al trabajador y a la trabajadora como un costo”, denunció la legisladora.
Durante el debate intersectorial provincial, que tuvo lugar la tarde del miércoles en el Salón Eva Perón, en el anexo del Senado bonaerense, los presentes coincidieron en que los y las trabajadoras “no necesitan una ley que les imponga nuevos obstáculos al acceso a la justicia con el proclamado fin de ‘reducir la litigiosidad y los costos laborales’”, sino que “necesitan una legislación centrada en la prevención de los riesgos y la cobertura integral e irrenunciable a través del Estado”.
Para Macha, esta ley es el resultado, lisa y llanamente, del pensamiento de los empresarios aliados al Gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. “Para la cabeza empresarial, para la cabeza de quienes hoy tienen que ver con el Gobierno provincial y nacional, significa achicar gastos, costos”, sostuvo la senadora al término del Foro del que participaron representantes de SUTEBA, La Bancaria, ATE, el Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales de Avellaneda, Berazategui, SOSBA, UTEDYC y Sitramen Hipódromo, entre otras entidades sindicales.
Varios de los presentes destacaron la participaron de organizaciones profesionales, empezando por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Abogadxs de La Plata, de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo y de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), además de los Colegios de Abogados de Moreno, Quilmes, Avellaneda, Lanús, La Matanza y San Martín, entre otros.
“La provincia de Buenos Aires tiene la obligación constitucional de asegurar el servicio de justicia, no pudiendo delegar dichas funciones en órganos administrativos […] como las Comisiones Médicas”, afirmaron en el documento conjunto.
Hasta ahora, frente a un accidente de trabajo, un trabajador o trabajadora podía definir si trataba su tema en la Comisión de Salud Nacional o si iba por la vía judicial. Es decir, tenía derecho a elegir.
“Ahora no”, sostuvo Macha. “La adhesión a esta nueva ley plantea que es obligatorio que pase primero por la comisión de salud”, de modo que “perjudica al trabajador porque cuando el reclamo va por vía judicial hay una parte de la indemnización que esa persona va a cobrar, es decir que está asegurada. Si empieza por la comisión de salud, no”.
Esto significa entonces que para cubrir una situación económica vulnerable y de desigualdad de poder, un trabajador o trabajadora se verá prácticamente obligado a llegar a un acuerdo, aunque no sea el más conveniente para él.
Con esta ley, los trabajadores “pierden su derecho a cobrar lo que les corresponde si han tenido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional”, resumió la senadora, sin ocultar su preocupación por el objetivo del oficialismo, que es tratar sobre tablas la adhesión a esa ley probablemente la semana entrante.
El documento conjunto es más que claro sobre la falta de imparcialidad e independencia de las Comisiones médicas que dependen del Poder Ejecutivo, y además “carecen de la competencia técnico-jurídica necesaria para resolver conflictos de intereses y derechos”.
Recuerdan que la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo es materia de derecho común y por lo tanto sólo concierne a los tribunales provinciales. Advirtieron además que si la provincia adhiere a la ley, las seis Comisiones Médicas ascenderán a quince, pero deberán suplir la labor de 68 Tribunales de Trabajo y con ello trastocarán el mapa judicial bonaerense.
Tras considerar que octubre es una fecha «clave para empezar a dar vuelta esto”, Macha expresó su satisfacción por la nutrida asistencia intersectorial al debate.
“Es una forma de ir construyendo un bloque que va más allá del Senado. Es un bloque político, más allá de que podamos tener diferencias y matices”. El encuentro demostró que “a la hora de poder pensar cómo defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, rápidamente nos unimos y podemos llevar adelante este tipo de acciones”, que fueron convocadas como un “primer debate”, concluyó.
