Frente al intento oficial de eliminar los controles a las corporaciones tecnológicas, especialistas defienden la supervisión y la responsabilidad legal.
El gobierno de Javier Milei busca consolidar a la Argentina como una guarida para los grandes magnates de la Inteligencia Artificial. A contramano de países de la región y de otras partes del mundo donde ensayan regulaciones de distinto tipo, la Casa Rosada promueve una desregulación absoluta que exima a las corporaciones de cualquier rendición de cuentas, transformando al territorio nacional en un laboratorio de experimentación corporativa sin precedentes.
Esta estrategia oficial de ceder soberanía legal para atraer inversiones a cualquier precio encendió las alarmas de expertos globales y locales, quienes advirtieron sobre el peligro inminente de ceder decisiones clave a algoritmos sin control.
“No hay una regulación unívoca para la IA, hay muchas. La IA dejada sin supervisión humana, que es lo que se está proponiendo el Gobierno, tiene muchos riesgos en términos de derechos humanos”, previno la periodista Natalia Zuazo, especializada en políticas tecnológicas y gobernanza digital. En ese punto dio el ejemplo del caso del joven de California que se suicidó el año pasado tras interactuar frecuentemente con ChatGPT; sus padres presentaron una demanda legal contra OpenAI, alegando que el chatbot validó sus pensamientos destructivos.
“La responsabilidad para las decisiones que tomamos con la IA tienen que existir, y eso es un debate en cualquier país del mundo en este momento. Supervisión y responsabilidad son dos palabras importantes en todo país donde se esté avanzando”, prosiguió en diálogo con la AM 530.
En este marco, la especialista afirmó que es falaz el argumento oficial de que las regulaciones frenan el desarrollo. En esa línea señaló que en todo el mundo existen debates sobre cómo poner límites a la expansión acelerada de la IA, como por ejemplo Brasil y Perú, en la región. Por lo que advirtió que en la Argentina de Milei, quien defiende la desregulación total, “tenemos algo que no existe en ningún lugar del mundo”.
En este punto detalló que los países que más han avanzado en el desarrollo de empresas startups en los últimos años son Estados Unidos y China, el primero bajo un modelo pro mercado y el segundo bajo estrictas regulaciones dirigidas desde el Estado. “Las tecnologías surgen con o sin regulación, por una serie de otras razones, entonces el argumento de que regular frena la innovación es absurdo”, aseguró.
Zuazo refirió al verdadero entramado corporativo que financia estas tecnologías: los grandes dueños de la IA que hoy forman parte fundamental del aparato militar-industrial de Estados Unidos, financiados por fondos de riesgo y contratados por el Departamento de Defensa. La especialista citó el caso de firmas como Palantir o Anthropic, y la influencia de magnates como Peter Thiel, cuyas herramientas de armas autónomas y mapas de datos ya se aplican en masacres como la de la Franja de Gaza, lo que demuestra el riesgo letal de eliminar el factor humano en la toma de decisiones.
Este entramado global tiene su correlato directo en el país. De hecho Thiel se radicó en la Argentina tras mantener reuniones con Milei. El desembarco del cofundador de Palantir expone el nivel de sintonía fina entre la Casa Rosada y los sectores más radicalizados de Silicon Valley.
El debate sobre el alcance de la inteligencia artificial y la necesidad de regularla había escalado a nivel internacional días atrás tras la publicación de una columna en el Financial Times firmada por Milei y el ministro Federico Sturzenegger, titulada “Argentina invita a la IA a liberarse a sí misma”. En el texto, los funcionarios defendieron una reforma de la ley de sociedades para permitir empresas integradas en un 100% por agentes de IA sin control de personas. La respuesta llegó del historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, quien replicó en el mismo diario advirtiendo sobre el peligro inédito de otorgar personalidad jurídica a sistemas no humanos.
Este escenario se inscribe en la estrategia oficial de desregulación absoluta para atraer inversiones tecnológicas a cualquier precio, cuyo eje central es el proyecto de Gemelo Digital del Ministerio de Capital Humano. Esta iniciativa busca convertir al país en un laboratorio normativo libre de restricciones para que el Estado opere, de la mano con grandes compañías tech y sin supervisión, a contramano de la tendencia global de fijar límites éticos y legales a la expansión acelerada de estas herramientas.
Para blindar legalmente estos desembarcos, la gestión libertaria impulsa en el Congreso el denominado «Súper RIGI» tecnológico. Esta iniciativa extiende los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero sumando una garantía de «estabilidad regulatoria absoluta» por 30 años. Este candado jurídico diseñado a la medida de grandes empresas extranjeras, elimina la obligatoriedad de contratar proveedores locales y afecta la producción local, señalaron legisladores opositores al proyecto.
