Julio Garro desconcertó a más de un edil al enumerar los “logros” de su gestión durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de La Plata. Envalentonado por las ovaciones de los militantes macristas y radicales que sus funcionarios habían ubicado en el palco del recinto, el intendente dio rienda suelta a un discurso plagado de falacias.
“Empezamos por cuidar a los cooperativistas que prestan servicios al municipio”, dijo, y se adjudicó el haber terminado con una situación en la que “trabajaban precariamente con intermediarios oscuros”.
Muchos de los 4.500 trabajadores y trabajadoras cooperativistas que Garro despidió al asumir como intendente aún tienen las cicatrices de los balazos que les disparó la Policía cuando fueron a reclamar su reincorporación a las puertas del Palacio Municipal, el 8 de enero de 2016. Las imágenes de las corridas y la represión, de las mujeres inconscientes en el césped de Plaza Moreno, con heridas de balas de goma en sus espaldas y cabezas, no dan cuenta precisamente de ningún cuidado, sino de la extrema violencia con la que actuó Cambiemos para tratar de disciplinar a los sectores más vulnerables de la ciudad.
El concejal del Frente para la Victoria (FpV) Nacional y Popular, Guillermo “Nano” Cara, señaló que el desempleo en La Plata escaló hasta el 7%, unos 13.000 cooperativistas quedaron en la calle en el último año y la precarización es cada vez mayor.
“No hay un registro real de empadronados, pero además pedimos una suba de sueldos del 30% y lo que dio Garro fue muy por debajo de eso, con lo cual, si ya estaban mal, la caída ahora es fenomenal. La realidad es distinta”, completó el edil al desmontar la “película” armada por Garro.
Los aumentos decretados en febrero –para todo el año– fueron del orden del 10% y el 17%, manteniendo al sector por debajo de la línea de indigencia. Con este magro reajuste, el salario de los cooperativistas que se ocupan del mantenimiento del espacio público –los más precarizados– pasó de 3.500 a 4.100 pesos.
En el fondo siempre hubo una única beneficiaria: la “oscura” empresa de recolección de residuos Esur, a la que se le adjudicaron las tareas que realizaban los despedidos, se le incrementaron los fondos municipales de 32 millones a 51 millones de pesos mensuales y se le enviaron cooperativistas para someterlos como si fueran esclavos. Estos trabajadores perciben un sueldo de 6.000 pesos en negro, de los cuales 2.000 son aportados por la firma en concepto de presentismo.
“En lo que concierne expresamente a la cuestión laboral, Esur ha tenido un ahorro ilegítimo mínimo de más de $38.000.000 en tan solo un año, sin considerar otras cargas elementales previstas en el convenio colectivo de los recolectores”, explicó el abogado de los cooperativistas afectados, Ricardo Bradley, tras presentar una denuncia penal contra Garro y la empresa por administración fraudulenta, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.
Por su parte, el concejal Gabriel Bruera (FpV-PJ) consideró “una tomada de pelo” los anuncios que hizo el jefe comunal sobre la “mejora” de los paradores nocturnos para personas en situación de calle y lugares de protección para víctimas de violencia de género.
“Aún no funciona plenamente ninguno de los que teóricamente inauguraron, y cada día aumenta más la población en las calles”, afirmó, y caracterizó el discurso del intendente como “muy lejano a la realidad que vivimos los vecinos de La Plata”.
Los ediles también relativizaron la “economía superavitaria” de la que habló Garro, con presuntos activos que pasaron de “1.480 millones de pesos en 2015 a 3.366 millones en 2016”.
“Lo que estamos viendo son programas que fueron reducidos. Pero además hay 54 funcionarios municipales que no están debidamente comunicados sus nombres, no sabemos si ocupan o no la cartera porque no está colgado ni en la página web del Municipio ni en el Boletín Oficial. Entonces, muchas veces el superávit tiene que ver con una falta de inversión en detrimento de la calidad de vida de los vecinos”, analizó Cara.
Obra pública
Uno de los momentos de mayor indignación entre los bloques opositores fue cuando el intendente dijo que seguiría llevando adelante una “revolución de la obra pública”, aunque todos coincidieron en que “habló de obras que no existen”.
Con la misma lógica de María Eugenia Vidal, que el año pasado mentía en el lugar de la Gobernación sobre la finalización de obras hidráulicas en La Plata, ahora Garro afirmó que esos trabajos “están en un 70% en ejecución, y en el arroyo El Gato en un 90%”.
Al cumplirse cuatro años de la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013, que dejó al menos 89 muertos, el ingeniero hidráulico y asambleísta vecinal Claudio Velazco indicó en un informe consignado por el diario Hoy que la situación de las obras es “sumamente crítica”, ya que algunas están casi paralizadas y otras tienen muy poco avance. De acuerdo con el estudio, las etapas III, IV y V en El Gato promedian “aproximadamente un 7% de ejecución”, mientras que el conducto derivador de avenida 31 alcanza un 36% del total y el de 143 un 61%.
Entre las falacias garristas, también se destacó la urbanización del barrio Puente de Fierro, ubicado en Altos de San Lorenzo. “El intendente dijo que esa obra está en marcha cuando en realidad todavía no fue empezada. Sí es cierto que los fondos fueron girados, lo cual es más preocupante todavía porque hay 40 millones de pesos que no sabemos cómo fueron gastados”, denunció el concejal Cara.
Seguridad
Al llegar a este punto, Garro remarcó la formación de “750 agentes” de la Policía Local y la incorporación de nuevos patrulleros, con “más de cien móviles 0 km” entre bonaerenses y locales.
“No nos consta. Había veinte móviles nuevos, no más”, dijo Javier García, concejal por el Frente Renovador que preside la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos.
Bruera, en tanto, criticó al intendente por utilizar a los policías locales para custodiar el Palacio Municipal y comercios privados, en lugar de enviarlos a los barrios para prevenir delitos; y aseguró que en un año no compró ni un solo patrullero: “los que tienen son propiedad de la provincia de Buenos Aires”.
Para Cara, la inversión en seguridad “es escueta” y recordó que ya el ex secretario de Seguridad, Daniel Piqué, reconocía que “47 cuadrículas de las 87 que tiene la ciudad no estaban siendo atendidas por falta de personal, patrulleros y motos”.
Piqué renunció meses atrás luego de ser imputado en la causa Emilia Uscamayta Curí, la joven estudiante de periodismo que murió el 1º de enero de 2016 en una fiesta clandestina de Melchor Romero.
“Deja mucho que desear que a más de un año de la muerte de Emilia el intendente no haya hecho ningún tipo de declaración al respecto, cuando el secretario de Seguridad saliente está imputado y sí compareció ante la Justicia pero nunca aquí, institucionalmente. Encima, actualmente el que era el subsecretario de Control Urbano (Roberto Di Grazia) y, por lo tanto, otro de los responsables de la tragedia, fue ascendido a secretario sin que haya un sumario administrativo. Realmente, el discurso del intendente dejó un sabor amargo”, concluyó el edil del FpV Nacional y Popular.
