El presidente Javier Milei vetó por completo la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y otras localidades de la provincia de Buenos Aires que sufrieron graves consecuencias por el temporal ocurrido en marzo pasado. La norma, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, otorgaba herramientas para asistir a los municipios damnificados y contemplaba beneficios fiscales, crediticios y de infraestructura.
En marzo de 2025, fuertes lluvias provocaron el desborde de los arroyos Nepostá y Maldonado en Bahía Blanca, Coronel Rosales y zonas aledañas, con más de 300 mm en pocas horas, decenas de evacuados y al menos 18 muertos.
La ley fue impulsada por la senadora nacional y jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, y beneficiaba a los distritos damnificados que padecieron fuertes inundaciones, con importantes daños materiales, pérdidas humanas y productivas, y situaciones de vulnerabilidad social.
Fue aprobada el 4 de junio en ambas cámaras con amplio respaldo, y declaraba la emergencia y catástrofe por 180 días, habilitaba un fondo especial de $200.000 millones bajo la Jefatura de Gabinete.
El veto, oficializado en el Boletín Oficial de hoy, anuló por completo la ley y fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Patricia Bullrich. Allí la administración libertaria adujo que la ley “duplicaba asistencia”, ya que en abril se había dictado el Decreto 238/25, que creó el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) con un monto similar de $200.000 millones.
Sin embargo, amplios sectores opositores denunciaron el veto como un “agravio a las víctimas” y aseguraron que se trata de una decisión que deja sin respaldo institucional a los afectados.
Líderes del PJ, del kirchnerismo, la UCR, la izquierda y la Coalición Cívica ya anticiparon que promueven la media sanción de una nueva ley o el rechazo del veto en ambas cámaras.
Uno de los primeros en salir a hablar del tema fue el intendente bahiense Federico Susbielles, quien en una conferencia de prensa desde el Palacio Municipal advirtió que la reconstrucción aún no comenzó y que la ciudad necesita “gestión y presupuesto” para salir adelante. «Voy a intentar comunicarme directamente con el presidente», adelantó. «Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer, a que la ciudad tenga un mejor futuro. El veto no puede significar el cierre del capítulo», subrayó.
Por su parte, desde el PJ bonaerense criticaron que para el Gobierno nacional “la ayuda por una emergencia es un gasto, no sorprende” porque “avanzan con la gente afuera”. Y con relación a las prioridades que atiende la gestión libertaria, se explayó “El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia”.
Desde el ámbito legislativo las críticas provinieron de amplios sectores. “Decime que sos un gobierno desalmado y cruel sin decirme que sos un gobierno desalmado y cruel”, escribió Juliana Di Tullio.
Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó de “vergüenza” el decreto y apuntó contra el presidente Javier Milei y el bloque Pro. “La verba castellana no inventó la palabra exacta para calificarlo. Es de esperar que nuevamente en el Congreso, los y las diputadas de la Provincia de Buenos Aires estemos a la altura. Si no es por justicia y sensibilidad, que sea por conveniencia electoral…pero que sea”, bregó.
Desde el radicalismo, el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi, rechazaron la decisión presidencial de vetar la ley de emergencia en Bahía Blanca y aseguraron que buscarán sostenerla. «Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario, que representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica», enfatizaron.
Por último, desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo avisó: “Hay que derrotar este nuevo veto infame”.
