“Ganamos, ganamos”, decían y se abrazaban. Eran unas mil mujeres, niños y hombres que desde el mediodía acampaban frente a la Legislatura bonaerense a la espera de que, en el recinto, los senadores y diputados hicieran lo que acababan de hacer: convertir en ley un proyecto que declaró de “utilidad pública y sujeto de expropiación” el terreno de cuarenta hectáreas ubicado en Abasto, en las afueras de La Plata, del que el jueves pasado habían sido desalojados por la Policía. La ley, impulsada por el senador del Frente para la Victoria (FpV) Emilio López Muntaner, que contó con el respaldo del vicegobernador Gabriel Mariotto, fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de todos los bloques.
El proyecto fue presentado sobre tablas en el Senado por Muntaner, Gustavo Oliva y Luciano Martini. Fue aprobado por unanimidad y se giró al recinto de Diputados, donde, con el voto de todos los bloques, se convirtió en ley. La iniciativa estuvo enmarcada en el derecho a la vivienda consagrado en la Declaración Universal por los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, y aclara que las propiedades serán destinadas al desarrollo de “un plan de vivienda única, familiar y de ocupación permanente, que deberán ser vendidas a sus actuales ocupantes o personas con grave situación de vulnerabilidad”. Esos hogares serán pagados por los beneficiarios en cuotas mensuales que no superarán el 20% del salario mínimo.
“La tierra y la vivienda son un derecho social fundamental que toda familia de toda la provincia y la República Argentina deben tener. Este proyecto plantea la consideración de la tierra y la vivienda como función social”, explicó luego de la sesión López Muntaner.
La expropiación beneficiará a las 750 familias reprimidas y desalojadas por la Policía por orden del juez Pablo Raele.
La expropiación beneficiará a las 750 familias (unas 1.800 personas en total, según el censo que organizaron y realizaron los propios vecinos desalojados) que el jueves pasado fueron reprimidas y corridas de esos terrenos por la Infantería de la Policía bonaerense, por orden del juez penal Pablo Raele. El fallo judicial acusaba a los ocupantes del predio del delito de “usurpación” y favoreció a Alberto Mattioli, un ex martillero y dueño de una inmobiliaria que asegura ser propietario de los terrenos que habían pasado al fisco luego de la quiebra de la empresa Texlan.
La semana pasada, Mariotto junto a los legisladores provinciales y concejales platenses del FpV Nacional y Popular Florencia Saintout, Ludmila Kostiuk y Guillermo “Nano” Cara, habían intercedido en el conflicto para garantizar el derecho a la vivienda y evitar la represión. Sin embargo, Raele ordenó el desalojo del predio, que, según denunció el vicegobernador, posee deudas con AFIP y ARBA (la Agencia de Recaudación bonaerense). Ese mismo jueves, también anunció que pediría juicio político al juez y la fiscal por su accionar, que consideró que ponderaba la especulación inmobiliaria por sobre el derecho a la vivienda.
Saintout y Kostiuk, junto al juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, acompañaron desde los palcos la votación de la ley. “Seguiremos trabajando para que esta ciudad deje de ser una ciudad para pocos y en la que se reconozca y materialice el derecho a la tierra, a la vivienda y al buen vivir de todas y todos”, indicó Saintout.
“Seguiremos trabajando para que esta ciudad deje de ser para pocos y que se materialice el derecho a la tierra, a la vivienda y al buen vivir”, dijo Saintout.
Apenas se convirtió en ley la expropiación, Muntaner y el diputado del FpV y referente del Movimiento Evita de La Plata, Gustavo Di Marzio, salieron a la calle. “Hoy quedó demostrado que cuando hay tierra ociosa se puede destinar a que cada bonaerense pueda tener su hogar y proyectar sus sueños”, dijo Di Marzio a los vecinos que festejaban. “Estoy muy emocionado”, expresó, y los convocó a seguir peleando por “el millón de bonaerenses que todavía no tienen un hogar digno donde vivir”. “Acá nadie se salva solo: o nos salvamos como pueblo o no se salva nadie”, finalizó.
El desalojo
“Con el proyecto se va a presentar un plan de viviendas que estará destinado principalmente a los vecinos que durante este tiempo estuvieron tomando el terreno de Abasto”, explicó López Muntaner, una vez que se aprobó la expropiación. La idea, agregó, es que además de las viviendas, en las cuarenta hectáreas se proyecten una plaza, espacios de salud, educativos y recreativos; es decir, un barrio.
Las 750 familias ocuparon el predio que va de 520 a 530 y de 213 a 217, durante unos veinte días. Y en ese breve lapso se expidió la Justicia para favorecer un negocio inmobiliario (“quiero hacer un barrio”, declaró el ex martillero Mattioli en los medios), que se concretó en la madrugada del 7 de mayo con el desalojo en el que los vecinos perdieron lo poco que tenían.
Desde ese día las familias acamparon frente a los terrenos, y ayer marcharon hacia la Legislatura para esperar la expropiación, a la que consideraron un triunfo: “ganamos”, repetía anoche una mujer mayor mientras lloraba y abrazaba a su hijo.
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