Por Fernando M. López
El de Mauricio Macri es un gobierno que impone la restauración neoliberal por decreto, de la misma forma que lo hizo Carlos Menem durante la década del noventa. No es el único denominador común entre ambos presidentes, ya que para quebrar toda resistencia a sus respectivos planes devastadores delegaron en los Triaca la transformación del Ministerio de Trabajo en una suerte de organismo antiobrero.
Cuando se supo que el economista Jorge Triaca estaría al frente de la cartera laboral del Gobierno de Cambiemos, la Agencia Periodística de Buenos Aires (AgePeBA) advirtió con buen tino que este era, al igual que su padre, un férreo “defensor del neoliberalismo y la dictadura”.
Su relación con el terrorismo de Estado se comprobó hace poco, al asistir a una misa en homenaje al represor fallecido Miguel Ángel Egea, involucrado en el robo de bienes a desaparecidos y socio en firmas offshore de los marinos de la ESMA. Egea era un íntimo de su padre, el sindicalista Jorge Triaca, quien ocupó el Ministerio de Trabajo durante los primeros años del menemismo y luego se convirtió en interventor de la Sociedad Mixta Metalúrgica Argentina (Somisa) para allanar el camino hacia su privatización.
Ahora, Triaca hijo desempolva las mismas herramientas que utilizó el padre para cercenar los derechos de la clase trabajadora. El funcionario macrista propuso discutir sobre el derecho a huelga y la aplicación de sanciones a quienes se ausenten de sus puestos laborales por una protesta gremial. Lo planteó de cara a la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tendrá lugar este jueves.
Las centrales obreras, que salieron rápidamente a responderle, explicaron que el Consejo del Salario no es el ámbito adecuado para ese debate y remarcaron la clara intención del ministro de “trasgredir las garantías constitucionales que aseguran el libre ejercicios de la acción sindical”.
“Un rechazo total, no sólo de nuestro gremio sino de toda la CGT y el conjunto del movimiento obrero”, dijo el camionero Pablo Moyano al ser consultado sobre la propuesta de Triaca, y no dudó en afirmar que “Macri es Menem sin patillas”.
El derecho a huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de 1994, pero hasta ese momento el menemismo había logrado limitarlo a través del Decreto 2184/90.
La medida, firmada por Menem y Triaca cuando se cumplían 45 años del nacimiento del peronismo, declaraba como “servicios esenciales” los sanitarios y hospitalarios, el transporte, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y otros combustibles, las telecomunicaciones, la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, la administración de justicia, y “en general todos aquéllos en los que la extensión, duración u oportunidad de la interrupción del servicio o actividad pudiera poner en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad de toda la comunidad o de parte de ella”.
El decreto no sólo facultaba a la cartera laboral a decidir cuáles eran los paros que ponían “en peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad”, sino que además le permitía declarar “su ilegalidad” y aplicar duras sanciones a los sindicato que dispusieran, alentaran o apoyaran “medidas de acción directa consideradas ilegales”, llegando al extremo de la suspensión o cancelación de la personería gremial, o incluso la intervención. También dejaba abierta la posibilidad de “extender su aplicación” a los conflictos con “el personal de la administración pública centralizada y descentralizada no comprendido en convenios colectivos de trabajo”.
El régimen laboral vigente (Ley 25.877) considera “esenciales” los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control del tráfico aéreo, por lo que exige la prestación de servicios mínimos cuando haya “medidas legítimas de acción directa” que involucren a esas actividades.
“Lo de Triaca es una provocación, porque en el Gobierno están sintiendo que el movimiento obrero pasa a ser un actor político junto a otros sectores, como el universitario y la oposición parlamentaria, y eso les genera temor. No esperaban esta unidad de acción”, dijo el gremialista Mariano Massaro a Contexto, y consideró que sería una “gran torpeza política” limitar el derecho a huelga, sobre todo cuando “se descapitalizan en demasiados frentes de manera simultánea”.
“Esto ya lo vimos en la Corte. Los ministros del máximo tribunal querían impulsar la declaración del servicio esencial de la justicia, pero lo rechazamos de cuajo”, recordó el integrante de la Mesa Ejecutiva de la CTA provincial y secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes.
La ofensiva antiobrera de Triaca también es acompañada en el Congreso, donde, además de las maniobras de Cambiemos para frenar la declaración de la emergencia ocupacional, se empezaron a reflotar proyectos de reformas a la Ley 25.877. Uno de ellos pertenece al diputado radical Diego Mestre, quien propone incluir al transporte urbano de pasajeros como “servicio esencial”.
Mestre, que llama “cepo laboral” a la ley antidespidos, fundamenta su iniciativa contra el derecho a huelga en los mismos términos en que el Gobierno nacional justifica la aplicación del protocolo represivo contra la protesta social: “Los derechos no son absolutos, también hay que entender que estas medidas afectan los derechos constitucionales de terceros, ajenos al conflicto”.
En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal es otra de las referentes macristas que busca vulnerar los derechos de los trabajadores.
Esta semana pararán los estatales, los judiciales y los profesionales de la salud. Todos confluirán el jueves en una masiva marcha hacia la Legislatura y la Gobernación, a la que se sumarán docentes, auxiliares de la educación, estudiantes universitarios, campesinos, taxistas, trabajadores del Astillero Río Santiago, entre otros sectores. Las consignas son concretas: mejoras salariales, defensa de los puestos de trabajo y rechazo a las leyes de Emergencia Administrativa y Modernización Tecnológica, que afectan derechos laborales y habilitan al sector privado a hacer negocios en el Estado sin los más mínimos controles.
En el caso de los judiciales, Massaro confirmó la huelga de 72 horas que comenzará este martes y adelantó que la medida incluirá “la toma de algunos edificios del Ejecutivo provincial”.
“Hace un mes que no tenemos convocatoria a una nueva reunión paritaria, pero la gobernadora Vidal ya está negociando nuestro salario con el Colegio de Magistrados, en un intento por dejar afuera al sindicato y desconocer todo el Convenio Colectivo del Trabajo. Lo que está ocurriendo es de una gravedad institucional inusitada”, denunció el dirigente de la AJB.
