Por Roberto Álvarez Mur
La llegada de Cambiemos a la administración del Estado representa un punto de tensión en el historial de la causa AMIA: sin ir más lejos, Mauricio Macri llegó a la presidencia procesado por ella. La actual gestión sienta un nuevo escenario en el curso de la investigación del atentado y la Unidad Fiscal ya hizo un pedido de desclasificación de archivos sobre el caso.
El requerimiento abarca no sólo desclasificar la información de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side), sino también el acceso a las demás áreas del Gobierno que hayan de alguna manera intervenido en la investigación y guarden información.
“Hay que recordar que Macri está vinculado a la causa AMIA a través del ‘Fino’ Palacios, comisario de la federal y director de la Metropolitana, quien fue imputado junto con Rubén Beraja por encubrimiento”, dijo a Contexto Jorge Elbaum, sociólogo y referente de la agrupación Llamamiento Argentino Judío, impulsado desde el año pasado para manifestar una voz alternativa a la instaurada por las cúpulas dirigenciales de DAIA y AMIA.
Elbaum analizó el pedido de información al Gobierno nacional en un marco de fuertes antecedentes del macrismo frente a la investigación del atentado que incluyen encubrimiento, espionaje y vínculos empresariales.
“El actual presidente Macri fue acusado en su momento por escuchas ilegales. Hoy esa acusación está descartada por el juez Casanello. Eso da un marco importante al pedido que están haciendo los fiscales para que se libere toda la información. En ese sentido, lo que está en juego son modelos sistemáticos de encubrimiento que han tenido a los servicios de inteligencia de la Argentina en el centro del ocultamiento de información”.
Elbaum explicó que los servicios de inteligencia poseían datos sobre el atentado de manera previa a que sucediera en julio de 1994. El destino de esa evidencia desató una cadena de encubrimiento que se mantiene hasta la actualidad y que, según el sociólogo, “compromete a infinidad de actores del poder”.
“Existió información sobre los operativos del atentado y especularon con que esto iba a ser más tardío. Existieron grabaciones en casete que probaban que se tenía conocimiento de los preparativos del atentado.”
Asimismo, el pedido realizado por la UFI-AMIA se hizo mediante el envío de un oficio a la Presidencia, algo que también se hizo a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación con pedidos para relevar la posible existencia de información vinculada a la investigación en sus archivos.
Es que en el ámbito legislativo funcionó una Comisión Bicameral de Seguimiento de la investigación del atentado cometido a la sede de la mutual judía de Pasteur 633 que en distintas etapas recibió a investigadores judiciales, pidió informes y realizó todo tipo de gestiones.
«Corresponde así postular la máxima restricción del alcance del secreto respecto de toda la información, actividad, documento, persona o banco de datos relativo a los hechos cuyo conocimiento es competencia de esta Unidad a fin de permitir el empleo, escrutinio y publicidad más amplios posibles, a la luz del derecho de la sociedad, aún postergado, a perseguir y obtener justicia», consideraron los fiscales de esa unidad, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini.
Desde Llamamiento Argentino Judío, Elbaum insiste en la necesidad de resistir contra el avance del modelo neoliberal instaurado por Macri y el sector de la colectividad judía coptado por el PRO desde hace años. “Los sectores del establishment comunitario judío aglutinan un porcentaje minoritario de la población y la identidad judía. La coptación que tuvo el macrismo con funcionarios como Avruj o Bergman fue un proceso construido en base a los negocios. Del otro lado hay una inmensidad de judíos argentinos que no se sienten de ninguna manera indentificados con esa derecha”.
