Desregulaciones: con una protesta en Olivos, reclamaron por los recortes en Discapacidad

Organizaciones y personas con discapacidad se manifestaron en la quinta presidencial en rechazo de la medida que quiere imponer el Gobierno nacional para desregular las prestaciones y tratamientos, que hasta ahora son controlados por el Estado.

El epicentro de esta marcha nacional se dio en la quinta de Olivos, luego de que se conociera la intención del Gobierno de desregular el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Desde el Foro Permanente Discapacidad Promoción y Derechos advirtieron que se encuentra firmado por la Secretaría de Legal y Técnica un decreto que avanza con esta desregulación, que estaría a la espera de la firma de Javier Milei.

«Se determina que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 y su modificatoria fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad», señala el borrador del decreto.

Esta medida implicaría que los precios ya no serían regulados por el Estado, sino que las empresas fijarían los aranceles de prestaciones y servicios. De esta manera, ya no habrá un nomenclátor de precios único, sino que se fijará de manera unilateral.

«Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga», señalaron desde el Foro.

Para este organismo, «la consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad».


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