Por Alejandro Palladino
El Gobierno de Mauricio Macri homologó el acuerdo entre el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (Renatea) –en manos de adeptos de Gerónimo Venegas– y el gremio UPCN, lo que sienta el terreno para que en el futuro próximo 1.200 trabajadores del propio Renatea queden en la calle. Esto se produce mientras el oficialismo se abstuvo de votar en el Congreso nacional por la ley antidespidos y se apresta a vetarla negando que el desempleo sea un problema de la coyuntura actual.
De esos 1.200 de todo el país, esta semana fueron enviados los telegramas de despidos a 57 trabajadores de la central del organismo ubicada en CABA, y también a los cargos superiores de las delegaciones de distintas provincias. En las semanas venideras, según les dijeron los delegados de UPCN a sus representados, llegarán de a poco los demás a los trabajadores rasos del resto de las dependencias nacionales del organismo.
Para los primeros afectados –entre los cuales algunos estaban cerca de jubilarse–, que son aquellos contratados entre el 23 de enero de 2012 y el 21 de marzo de 2016, esto es parte de una estrategia para que el Gobierno se ahorre cierto grado del costo político por haber echado en una tanda a los 1.200.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sólo durante el mes de abril hubo 14 mil nuevos despidos, y desde que llegó Cambiemos a la Rosada son 154 mil los nuevos desempleados, entre sector público y privado. El estudio tomó fuentes empresariales y sindicales.
“Hay telegramas pero no diálogo con el Gobierno. Los compañeros recibieron telegramas y tienen que optar por irse de una manera ‘sofisticada’” dijo a Radio Universidad de La Plata Pablo Diotto, delegado provincial de Renatea. “No va a salir en ningún lado que se echó gente. Van a decir que hubo acuerdos entre partes”. Y agregó: “Hay 1.200 familias que ven peligrada su fuente de ingresos”.
Un actor principal del entramado entre el Gobierno, el gremio y el organismo para desarticular el convenio de trabajo que regía para los trabajadores es el rol del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, quien presidió el Renatre –lo que era antes el Renatea– hasta 2011, cuando el kirchnerismo creó el Renatea para dar seguridad social a los hasta ese entonces desprotegidos trabajadores rurales, a partir de la fiscalización de los campos donde eran explotados, incluso con lógicas de trabajo esclavo.
Con la asunción de Macri, su compinche Venegas recuperó poder antes que el líder de la alianza Cambiemos asumiera: un fallo de la Suprema Corte cuestionó dos artículos de la Ley 26.727 que desplazaban a la Uatre y a las patronales del agro de la administración del Renatre. Hoy, las cabezas que conducen el organismo son Ramón Ayala y Arnulfo Bazán, y ambos responden a Venegas.
Tras el fallo determinante, que quedó firme en marzo y llevó las firmas de Carlos Fayt y Ricardo Lorenzetti, Venegas acordó con UPCN los despidos. El lunes, la reacción del gremio en la sede central de CABA fue anunciar la noticia a los primeros echados y no defender ningún puesto laboral; sólo abocarse a negociar el “retiro voluntario” y las indemnizaciones, que consistirán en seis meses de pago, aunque todavía los trabajadores no firmaron.
Luego del fallo, el desarme de las principales funciones del organismo fue inmediata. Entre ellas, la fiscalización en los campos, la registración y las denuncias por trata y explotación laboral. Por lo que los trabajadores quedaron a merced de los manejos de sus patrones.
Algunos datos reveladores que trajo el cambio para los trabajadores rurales. En la provincia de Buenos Aires, durante la gestión del Renatre en manos de Venegas, había solamente dos sedes para controlar las condiciones laborales de los trabajadores, una en Junín y otra en Necochea. Mientras que a fines del año pasado, antes del desguace de la política, había noventa. A su vez, hacia el final de la gestión de Venegas en Renatre en 2011, el 42% tenía aportes registrados por la AFIP. Hacia el final de Renatea en diciembre de 2015, cuando volvió el “Momo”, ese número ascendía al 84%. A su vez, entre entre 2013 y 2015, el Renatea llevó a cabo denuncias penales por abusos de explotación en mil casos de víctimas de trata laboral y registró como peones rurales a 120 mil trabajadores.
Una trabajadora despedida que integraba la subgerencia de fiscalización de Renatea dialogó con Contexto. Prefirió preservar su nombre debido a que todavía no firmaron los telegramas y deben confirmarles la indemnización.
“Investigábamos determinados campos que eran propiedad de viejos conocidos, como Monsanto, Ledesma y del propio Luis Miguel Etchevehere. Había un área que se encargaba de eso. Lo primero que nos hicieron hacer al asumir fue preparar los expedientes de ellos, separarlos y llevárselos. Los pusieron bajo llave para que no los tramitemos. Esas investigaciones tenían que ver con investigaciones de Renatea sobre infracciones de sus empresas. Querían que no se muevan más”, afirmó.
Desde el área de fiscalización del Renatea, los trabajadores registraban los campos donde recibían las denuncias de los trabajadores. Otras actividades que hacían era litigar con los empleadores, concientizar a los trabajadores rurales, alfabetizarlos.
