El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se encuentra involucrado en otra causa judicial. Esta vez a raíz de una denuncia de la diputada Susana González por presunto encubrimiento de actos de corrupción llevados adelantes por funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la provincia, pone el foco en el Astillero Río Santiago y pide que se investigue la posible «malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas».
Además del procurador bonaerense, la denuncia recae sobre el ex titular del astillero, Daniel Capdevila, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés, y Ricardo René López, ex coordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
«La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal», dijo González. Y también los acusó de «exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita».
En su denuncia, la diputada ensenadense dijo que esos hechos «se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales», lo que, afirmó, evidencia «la participación principal del procurador general de la provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General».
Para la diputada, durante la gestión macrista se conformó «un plan de acción coordinado entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión».
Remarcó «un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago».
Para González, el fiscal a cargo de esa causa «decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos», lo que considera «un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Río Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares».
La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
La denuncia de la diputada se da mientras se sigue investigando la participación del procurador en la denominada mesa judicial bonaerense o «Gestapro», por la que se lo acusa de formar parte de un entramado que se dedicó al armado de causas a gremios.
En el marco de esta causa, que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, la diputada pidió el juicio político a Conte Grand hace cinco meses, pedido que fue renovado en mayo pasado. «Es un tema muy importante. Es una persona nefasta que presionó desde un ministerio público no solo a los fiscales y a defensores, sino que fue un denunciador serial en torno a los que no fallaron como él quería», consideró la legisladora.
