Por Gabriela Calotti
Presidido por el juez subrogante Ricardo Basílico, el tribunal federal platense dio comienzo el martes al esperado juicio por las atrocidades cometidas en las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense conocidas como Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, dos de los mayores centros clandestinos de detención (CCD) del llamado Circuito Camps, y en el también centro clandestino de detención, secuestro y exterminio conocido como El Infierno de Lanús, ubicado en Avellaneda.
Aunque las dilaciones judiciales y la llegada de la derecha al poder en 2016 permitieron que muchos represores murieran sin castigo, y pese a que la cuarentena decretada en virtud de la pandemia de covid-19 también demoró el juicio, los imputados, casi todos ya condenados por delitos de lesa humanidad, estuvieron en el banquillo de los acusados de secuestros, torturas, asesinatos, abusos sexuales y apropiación de bebés.
Durante esta primera audiencia se dio lectura a la síntesis del requerimiento de elevación a juicio impulsado por el Ministerio Público Fiscal con el respaldo de las querellas que representan, a través de numerosas organizaciones y particulares, a las 253 víctimas del Pozo de Banfield, a las 181 del Pozo de Quilmes y a las 62 de El Infierno. Estos tres CCD formaron parte de los veintinueve del llamado Circuito Camps.
En este marco se leyeron los nombres de las víctimas, se explicó el funcionamiento de cada CCD y se leyeron los delitos imputados a los represores. Las querellas ya habían solicitado en audiencias preliminares que los casos fueran abordados de manera cronológica con el objetivo de mostrar una «idea cabal» del funcionamiento de esos CCD en diferentes periodos y grupos de detenidos-desaparecidos.
Solo el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el ex teniente coronel Jorge Di Pascuale siguieron el juicio desde la Unidad 34 de Campo de Mayo. La transmisión por el portal digital laretaguardia.com.ar permitió ver a varios de los imputados desde sus casas, sentados, recostados, bostezando o simplemente mirando hacia otro lado, como el caso del ex ministro de Gobierno Jaime Smart, o el entonces director de Investigaciones Zona Metropolitana Juan Miguel Wolk, nunca condenado. El médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés mantuvo la postura más desafiante. Varios tuvieron la cámara apagada y las querellas ya reclamaron al tribunal. Etchecolatz dijo que se había descompensado, pero la médica de la U34 lo negó y a los veinte minutos estaba de vuelta siguiendo el juicio.
Debido a la extensión del juicio, la presidencia del Tribunal será rotativa entre los tres magistrados que lo integran: Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico. Por el Ministerio Público Fiscal asistieron también virtualmente los fiscales Hernán Shapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira. Estuvieron igualmente como querellantes los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Entre los letrados que desde hace más de catorce años bregan por justicia estaban Pablo Llonto, Guadalupe Godoy, Luz Santos Morón, Carolina Vilches, Pía Garralda y Emanuel Lovelli.
Basílico anticipó que las audiencias se llevarán a cabo los martes a partir de las 9:30, pero que eventualmente se agregarán otras o se extenderá el horario, y adelantó que «cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se avanzará con audiencias presenciales», como han reclamado numerosos testigos.
El juicio podría extenderse como mínimo hasta fines de 2021, dado que se esperan más de 470 testimonios. El próximo martes se incorporarán los testimonios de tres sobrevivientes que fallecieron en los últimos años: Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, cuyos relatos décadas atrás revelaron las atrocidades perpetradas por los represores. Luego llegarán los testimonios de quienes viven en el extranjero, por videoconferencia, como estaba previsto.
Los pozos del terror
El Pozo de Banfield era la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en calle Vernet N° 1276, en el partido de Lomas de Zamora. Por allí pasaron más de trecientas personas entre 1974 y 1978. En el expediente por este CCD, que se elevó en dos tramos distintos, hay imputados cinco policías bonaerenses, incluidos Etchecolatz y Bergés, 11 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y Jaime Smart.
El Pozo de Quilmes fue la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en un chalet de dos plantas en la esquina de Alison Bell y Garibaldi, desde donde se ve el Hospital de Quilmes. Por este CCD hay imputados cinco policías bonaerenses, incluidos Etchecolatz y el jefe de la Brigada Lucas Belich, ocho integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de otras reparticiones militares y el ministro de Smart. Todos ellos, por unas 242 víctimas.
El infierno funcionó en pleno centro de Avellaneda, en la calle 12 de octubre N° 234, donde hoy funciona un Espacio Municipal de la Memoria. Por el lugar, sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús, pasaron más de 64 personas entre julio de 1976 y noviembre de 1978.
La transmisión del juicio
Frente a los repetidos aplazamientos y con la pandemia encima, las querellas batallaron todos estos meses para multiplicar la difusión del juicio por varias plataformas digitales luego de desarmar los argumentos de los jueces que querían sesionar desde San Martín. Y aunque no es lo mismo seguir un juicio en la sala de audiencias, esta vez la virtualidad hizo posible que muchos más sobrevivientes, familiares, periodistas y letrados pudieran seguir el juicio desde sus casas u oficinas.
El juicio podrá seguirse a través del Centro de Información Judicial (CIJ); del canal de YouTube y de la página de Facebook de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que este martes tuvo algunas interferencias sonoras, y desde el canal de YouTube de La Retaguardia.
Después de esperar más de cuatro décadas, el reclamo de memoria, verdad y justicia sigue incólume gracias a la paciencia infinita que siguen demostrando las víctimas sobrevivientes, familiares y abogados. Los testigos contarán durante todo el proceso con el apoyo de organismos de acompañamiento y protección de víctimas y testigos, como el CODESEDH y el Centro Ulloa, entre otros.
Varios de los imputados ya fueron condenados en el juicio por el Circuito Camps que se realizó en 2013. El Ministerio Público Fiscal fue más que claro este martes: los delitos por los que son imputados son considerados «crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad de manera concurrente o alternativamente».
