Por orden de la Justicia, Gendarmería peritara los audios que desataron el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atribuidos a su ex director, Diego Spagnuolo, que pusieron el foco en una presunta red de coimas en el organismo nacional que tendría implicada también a la secretaría presidencial y hermana del Presidente, Karina Milei.
Con más de 20 procesados, la causa avanza ahora sobre los audios que originaron todo. El juez federal Ariel Lijo ordenó que un equipo especializado de Gendarmería realice una pericia técnica sobre los mismos, al tiempo que ordenó a Spagnuolo presentarse ante tribunales para tomar grabaciones de su voz.
Los estudios buscarán determinar el origen natural o sintético de la voz; las posibles ediciones o manipulaciones de los mismos; si existió intervención de la inteligencia artificial y si los audios que se filtraron en los medios son los mismos.
Asimismo, la presencia del exfuncionario permitirá realizar una comparación de parámetros acústicos-fonéticos entre sus muestras de voz y las grabaciones que se difundieron. En este marco, Spagnuolo deberá grabar determinadas palabras y frases que serán cotejadas con los audios filtrados.
La medida obedece a un pedido de las defensas de alguno de los procesados que ponen en duda la veracidad de los audios o que podrían estar editados con diferentes recortes para construir un relato.
Vale recordar que más allá que lo puedan determinar estas pericias, el fiscal Franco Picardi ya trabajó en otras pruebas más allá de los audios, como chats de los implicados y los diferentes allanamientos que se fueron realizando en oficinas de exfuncionarios y en las de las empresas vinculadas.
El mes pasado en tanto se conoció un informe del Ministerio de Salud que investigó la situación de ANDIS, detectando importante sobreprecios en contrataciones a proveedores con diferencias que en algunos casos habrían superado el 4000% respecto de valores de referencia del mercado y de compras similares efectuadas por otros organismos públicos.
Este informe también advirtió sobre una posible concentración de contrataciones en un grupo reducido de proveedores y la existencia de vínculos entre algunas de las empresas involucradas. Sus conclusiones fueron incorporadas al expediente que lleva adelante Picardi y se agregaron a otras pruebas ya reunidas por la fiscalía en el marco de una investigación que busca determinar si existió un esquema de direccionamiento de contrataciones y desvío de fondos públicos.
