En un marco de malestar social generalizado, la gestión de Javier Milei vuelve a generar críticas a nivel internacional en materia de derechos humanos. En este caso, Amnistía Internacional lanzó un nuevo informe donde repasa el paulatino deterioro de políticas públicas contra la desigualdad y la justicia, en consonancia con el avance de la represión y la hostilidad policía. “Durante 2025 el Estado consolidó un modelo en el que el control social prevalece sobre la garantía de derechos humanos”, expresa el documento que repasa datos del último año y medio.
“Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir. Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger”, fueron palabras de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, al referirse al informe titulado Retos.
“Lo que vemos en Argentina dialoga con una deriva global alarmante: los depredadores intentan destruir décadas de esfuerzos por construir salvaguardas más sólidas mediante el multilateralismo y el derecho internacional. El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo, al tiempo que se afianza un orden alternativo desigual y contrario a la disidencia”
Asimismo, desde AI remarcaron que, en paralelo al ajuste, el Gobierno “aumenta la criminalización de la protesta, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, configurando un clima donde la verdadera libertad se reduce”.
En esa misma línea, la organización advirtió sobre el retroceso en materia de políticas de lucha contra la violencia de género. El informe toma datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, cuyas cifras de 2024 registraron 228 víctimas letales de violencia de género en el país, equivalente a una cada 39 horas.
El informe en cuestión remarca una contracción del 41% en gasto público entre 2023 y 2025, cuyo mayor impacto fue afectado en esferas de gestión de suma delicadeza social. “Las áreas con impacto directo en la realización de derechos humanos sufrieron recortes drásticos, las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas del Estado evidenciaron incrementos reales o reducciones sustancialmente menores. Este comportamiento diferenciado revela una reconfiguración del estado, que prioriza el fortalecimiento de la capacidad policial, represiva y de control del Estado por sobre sus obligaciones de protección social y garantía de derechos”, indica el documento elaborado por AI.