Mientras se profundizan las medidas de prevención por COVID-19 en la población civil, se prende la alarma en los diferentes espacios de encierro de la provincia de Buenos Aires, donde durante la última semana se conocieron casos de internos fallecidos con síntomas sospechosos. Dos hechos ocurridos de manera reciente pusieron en alerta a las autoridades, y los organismos de derechos humanos llaman a extremar las medidas de cuidado.
Uno de los casos trascendió en los últimos días y tuvo lugar en la Comisaría 1ra de La Matanza, donde Emiliano Alarcón Amílcar, de 22 años, falleció en la madrugada del domingo pasado. La noticia tomó relevancia porque las autoridades informaron a sus familiares que Alarcón Amílcar presentaba síntomas de posible contagio de COVID-19. El hecho toma importancia ya que, previo a su muerte, el joven se encontraba alojado junto a otras trece personas en el calabozo.
«La autopsia todavía no fue entregada. No hay información precisa. Cuando el cuerpo fue entregado a la familia, la muerte había sido informada por causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir, por muerte natural. Pero nunca fue informado que hubiera sospechas o presencia de coronavirus», dijo a Contexto Hugo López Carribero, abogado defensor de Alarcón Amílcar en la causa por la que se encontraba detenido. Según explicó, la familia tuvo conocimiento del posible contagio con COVID-19 de la víctima una vez que estaba siendo velada.
Los restos de Alarcón Amílcar se encuentran aún bajo pericia. Según fuentes consultadas por Contexto, el joven fallecido había asistido a chequeos médicos previos para constatar sus síntomas en tres oportunidades, donde no se registraron pistas de la presencia del virus.
Por otro lado, también se conoció ayer el caso de Eduardo Peralta Gutiérrez, interno de la Unidad 2 de Sierra Chica, fallecido a causa de pulmonía, clasificado como un caso sospechoso por las autoridades. Según las pericias, Peralta Gutiérrez falleció por una pericarditis. Ingresó al centro de salud en agonía y fue internado de urgencia.
Por norma, las autoridades sanitarias deben tratar a un enfermo con cuadro de neumonía como caso sospechoso de COVID-19 y realizar los estudios para confirmarlo o descartarlo.
La Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense avanza con el fortalecimiento en la implementación de la Planilla Única de Requerimiento sobre Personas en Situación de Encierro. La medida surge como recurso en pleno contexto de prevención del virus para articular acciones ante las denuncias de personas detenidas y el incremento de demandas por la pandemia.
La Comisión Provincial por la Memoria hizo una presentación formal ante la cartera ministerial con la solicitud de extremar las medidas de prevención en espacios de encierro del territorio bonaerense. El organismo de derechos humanos recomendó la aplicación de medidas expeditivas y excepcionales para descomprimir la población carcelaria y prevenir contagios. Entre ellas, llamó a «contemplar la conmutación de penas y otras medidas para mejorar la supervivencia en las cárceles y evitar la expansión de la pandemia».
