El gobierno y sus cómplices parlamentarios tuvieron que abandonar la pretensión de eliminar la ley de Tierras y la ley de Manejo del Fuego. Aún así, el régimen de ultraderecha sigue perpetrando daños gigantescos. El renovado orgullo argentino podría marcar el comienzo de una nueva etapa política.
Por Miguel Croceri (*)
Prácticamente la unanimidad de dirigentes opositores a la gestión de Javier Milei, y asimismo los/las comentaristas, analistas, periodistas, animadores/as de radio y televisión o streaming y en general comunicadoras/es contrarios al gobierno -o independientes-, coinciden en que la derrota del oficialismo y sus aliados para eliminar la ley contra la extranjerización de la tierra marca un punto de quiebre respecto de la fortaleza que hasta ahora tenía el mileísmo.
Acerca de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante nadie puede asegurar nada, pero sí es constatable que en las últimas semanas de julio y en la primera de agosto se produjo una movilización -en sentido amplio- de sectores ciudadanos activos y de referentes públicos influyentes, que lograron una traducción político/institucional en el Senado nacional.
Fue así que el gobierno y sus cómplices tuvieron que abandonar la pretensión de derogar la ley de Tierras Rurales y de eliminar asimismo la ley de Manejo del Fuego -destinada a prevenir conductas criminales como la de incendiar intencionalmente bosques, campos, zonas forestales, etcétera, con el propósito de usar después la tierra quemada para negociados inmobiliarios y especulativos en general-, que eran capítulos fundamentales del proyecto llamado “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Esa tremenda modificación legal, cuyo propósito es promover el libertinaje capitalista salvaje y violento en perjuicio de las riquezas naturales, el patrimonio nacional y el bienestar de las familias, consiguió aprobación parcial en la Cámara alta del Congreso, pero al mismo tiempo dejó debilitada a la alianza U + D (ultraderecha más derecha) que domina la política nacional desde fines de 2023 y que representa a las oligarquías locales y a diversos poderes extranjeros.
La decisión del Senado, que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes (07/08), arrojó 37 votos a favor y 33 en contra. (La información sobre cómo votó cada senador/a y a qué provincia representa cada uno/una, puede verse por ejemplo en el sitio periodístico Grupo La Provincia, editado en el ámbito bonaerense y que incluye temas nacionales e información general. Nota del 07/08/26).
Renovado orgullo argentino
Luego de la denominada “media sanción” por parte de una de las ramas del Poder Legislativo, el proyecto pasó a consideración de Diputados.
(Algunos/as conocedores/as del tema consideran que el cambio del contexto político le genera al gobierno “un panorama difícil” para conseguir la aprobación en la Cámara baja. Así fue destacado, por ejemplo, en un artículo del portal “Letra P” firmado por el periodista especializado en temas parlamentarios Mauricio Cantando. Nota del 07/08/26).
Según múltiples y coincidentes análisis, las/los senadoras/es que anteriormente fueron aliados de Milei pero esta vez votaron en contra, y que a su vez responden a las órdenes políticas de sus respectivos gobernadores, percibieron un cambio del humor social a partir del histórico gesto de jugadores de la selección nacional de fútbol que exhibieron al mundo una improvisada bandera con la proclama “Las Malvinas son Argentinas”, luego de ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial.
El renovado despertar del orgullo argentino y de los sentimientos de pertenencia colectiva a la comunidad nacional, se hicieron explícitos en los lugares habituales de socialización entre las personas y se reflejaron en las redes socio-digitales y medios de comunicación.
De esa forma quedó construido un contexto propicio para que amplios sectores de la población estuvieran advertidos del plan de extranjerización del territorio nacional -aún mayor al actual- que estaba/está en los planes de la ultraderecha gobernante.
El llamado a protestar contra la maniobra oficialista frente al Congreso, y de forma idéntica en muchas provincias -aunque el porteñismo mediático oculta lo que sucede en el resto del país-, partió inicialmente de valiosos/as dirigentes, militantes y organizaciones que casi siempre tratan de generar acciones para defender los intereses del pueblo y de la Nación.
Pero esta vez el mensaje surgido desde las bases de la sociedad creció y se multiplicó de manera exponencial, y las convocatorias a movilizarse consiguieron el respaldo de figuras populares de la cultura, el espectáculo, la comunicación y el deporte.
Ello empujó, como “efecto dominó”, al involucramiento de dirigencias oportunistas que por lo general le sacan el cuerpo a las luchas más necesarias, arriesgadas y difíciles, es decir las luchas que enfrentan a intereses poderosos y cuyo éxito no está garantizado de antemano.
Finalmente, y una vez más, centenares de miles de personas se movilizaron tanto en la capital federal como en ciudades y localidades de todo el territorio nacional, en momentos en que se llevaba a cabo la sesión del Senado para tratar el infame proyecto de ley.
En el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, tanto el gobierno local como el nacional respondieron a las protestas ciudadanas con la violencia represiva que es propia de la derecha y la ultraderecha, aún en sus versiones aparentemente “moderadas”, “racionales”, “serias”, etcétera.
La ferocidad de las fuerzas de choque (mal llamadas “de seguridad”) provocaron heridas a alrededor de 1.500 personas, según fuentes periodísticas. Además, el ministerio de Seguridad Nacional comenzó a ejecutar denuncias judiciales para meter presos/as a participantes de la manifestación. (Información del portal El Destape, nota del 07/07/26).
Daños gigantescos que siguen en marcha
Desde que Javier Milei ganó la elección presidencial de 2023 hasta ahora, la gran mayoría de la sociedad argentina sufre un empeoramiento de sus condiciones de vida.
Al mismo tiempo, los poderes dominantes -del país y del exterior- siguen avanzando para convertir a la Nación en una neo-colonia manejada por Estados Unidos, Israel, las mafias financieras internacionales y los jerarcas de la tecno-oligarquía planetaria asentada en Silicon Valley (la zona del estado de California donde tienen sede las empresas que controlan internet y las tecnologías digitales en la mayor parte del mundo).
La catástrofe contra el país no podría ser perpetrada solamente por un presidente extremista y violento en sus bases ideológicas, y además emocionalmente desquiciado, sino que es el resultado de funcionarios/as que traicionan su obligación de defender el bien común de la población y los intereses patrióticos en general, y que actúan en distintos poderes y niveles del Estado.
Aparentemente, la toma de conciencia que se estaría produciendo en grupos sociales cada vez más numerosos y en dirigencias que permanecían pasivas, significa identificar las responsabilidades del Poder Ejecutivo nacional, de integrantes del Parlamento, y de autoridades de distintas provincias que han apoyado al oficialismo mileísta.
Sin embargo, por el momento sigue ajeno a la conversación pública el daño que provoca la fracción dominante del Poder Judicial, la cual legaliza por acción u omisión los métodos y propósitos inconstitucionales del gobierno, y destruye los principios democráticos al condenar y proscribir a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros integrantes de su sector político.
El proceso que desbarató la eliminación de la ley de Tierras y de la ley de Manejo del Fuego, indica que al menos algunos/as representantes que ocupan cargos legislativos, sintieron la presión popular contra los traidores a la Patria. Pero aún así están en marcha daños gigantescos para los derechos de las personas y el patrimonio público.
La norma recientemente aprobada por el Senado y que pasó a consideración de la Cámara de Diputados, establece por ejemplo el “desalojo exprés” contra inquilinos/as que se atrasen en el pago del alquiler, a los cuales se aplicaría un “juicio sumarísimo”.
(El referente de la asociación civil “Inquilinos Agrupados”, Gervasio Muñoz, advirtió que “todos los artículos del capítulo” dedicado al tema, “apuntan a agilizar los desalojos y a quitarle posibilidades de defensa” a quienes alquilan. Puede verse un artículo al respecto en Diario Popular, nota del 07/08/26).
Impunidad para violar la Constitución
Por fuera del proyecto de ley parcialmente frustrado pero a la vez parcialmente en marcha, denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”, el gobierno de Milei continúa perpetrando violaciones a la ley y la Constitución con decisiones de todo tipo.
Una de ellas es la autorización, mediante decreto, para que tropas militares entren y salgan del país. Las medidas de ese carácter requieren autorización del Congreso, pero una vez más el titular del Ejecutivo adopta resoluciones unilaterales ante la total pasividad del sistema judicial.
(Hacia el final de la sesión que terminó en la madrugada del viernes, el senador peronista y presidente del interbloque “Justicialista” José Mayans, dijo que lo que está haciendo Milei en asuntos que involucran a la defensa nacional como el caso “de fragatas inglesas que se pasean por el Mar Argentino” o también permitir el ingreso de militares “de Estados Unidos son autorización del Congreso, es pasible de juicio político al presidente de la Nación” por causales de “traición a la Patria”. Crónica del portal “Parlamentario”, nota del 07/08/26).
En otro orden de temas, expertos en informática y desarrollos digitales han advertido que el gobierno le estaría entregando bases de datos con información sensible y privada de las personas y las instituciones, a las empresas estadounidenses/globales Amazon y Google.
(“Especialistas advierten sobre el crecimiento del uso de nubes privadas por parte de organismos públicos”, destacó un reciente texto periodístico del portal La Política Online, LPO. Allí se informa que “el presidente de IntegraCom y secretario de Tecnología de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas ‘Apyme’, Mariano Goñi, dijo que ‘hasta ahora no hay pruebas de que las bases centrales de ARCA, ex AFIP; del Registro Nacional de las Personas, Renaper; o de Anses, estén íntegramente en una nube extranjera. Pero sí sabemos que distintas reparticiones utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte’. Entre los datos potencialmente involucrados aparecen registros tributarios y patrimoniales, información de identidad, fotografías y biometría, domicilios, movimientos migratorios, prestaciones sociales, registros de salud, producción agropecuaria y operaciones de comercio exterior”. El especialista aclaró que “una parte importante de los sistemas públicos podría manejarse dentro de la órbita estatal mediante el data-center de Arsat”. Artículo firmado por Gonzalo Castillo, nota del 06/08/26).
Probablemente, la derrota legislativa de la maniobra destinada a eliminar la ley de Tierras y la ley de Manejo del Fuego, signifique para el país el comienzo de una etapa política marcada por un freno social a la impunidad política del mileísmo y sus aliados.
No obstante, como puede observarse fácilmente, sigue siendo gigantesca la capacidad de daño del régimen político y corporativo gobernante.
Un próximo y urgente paso para continuar la exitosa resistencia popular contra una mayor extranjerización del territorio nacional, debería ser una acción cívica de similar magnitud con vistas a impedir que la Cámara de Diputados sancione definitivamente la ley recién aprobada por el Senado.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.r
