El fallo del Juzgado Federal de San Martín impide los despidos, traslados y modificaciones de funciones dentro del organismo por seis meses, tras un reclamo de ATE que denunciaba el vaciamiento del organismo.
La Justicia federal frenó la avanzada del gobierno de Javier Milei sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y dictó una medida cautelar que impide despidos, traslados y modificaciones de funciones dentro del organismo. El fallo, firmado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, hizo lugar parcialmente a una presentación de ATE y ordenó suspender los efectos de la Resolución 42/2026 impulsada por el Consejo Directivo del INTI.
La resolución judicial obliga al organismo a “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo” derivado de esa normativa, incluyendo la cesación, transferencia o modificación de funciones, y también prohíbe cualquier movimiento o reubicación del equipamiento técnico afectado. Además, garantiza la ocupación efectiva de los trabajadores, con mantenimiento de categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al 14 de abril de 2026. La medida estará vigente por seis meses.
En el escrito, el gremio, a través del secretario general de ATE, denunció que la Resolución 42/2026 implicaba el vaciamiento del INTI mediante la eliminación de cientos de servicios sistematizados, afectando funciones esenciales del organismo y dejando sin tareas efectivas a trabajadores especializados.
El juez consideró acreditados los requisitos para dictar la cautelar y sostuvo que la medida del Gobierno podría vulnerar derechos laborales protegidos por la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, manifiesta el comunicado.
En otro tramo del fallo, el magistrado señaló que los trabajadores constituyen “un sector socialmente vulnerable” y que existía un riesgo concreto de daño irreparable frente a posibles despidos masivos o modificaciones unilaterales de las condiciones laborales.
Tras conocerse la resolución judicial, Aguiar celebró la decisión: “Lo dijimos mil veces, no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Este es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal. Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. Prepárense”, afirmó.
