Según el Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, el 86,1% de los encuestados a nivel nacional afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación; entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la suba de precios.
El malestar económico es la principal preocupación de la población, en un contexto de sueldos que no alcanzan para garantizar las necesidades básicas y aumento del empleo precario. El 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes, según el Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de junio.
La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto —cerca de cuatro de cada diez— se percibe de clase media.

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio de Zentrix Consultora que releva percepciones políticas y económicas de la población residente en la Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de junio, incluyó 1.297 casos válidos con cobertura nacional, realizado entre el 15 y el 22 de junio de 2026. Fue elaborado mediante un diseño muestral ponderado por región, edad, sexo y voto declarado, según el balotaje presidencial de 2023 y elecciones legislativas de octubre de 2025.
En ese marco, el 86,1% de los encuestados afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación, un nivel apenas por debajo del máximo de la serie (86,6% en abril) que confirma que, desde marzo, ese indicador se mantiene estable en una franja alta, sin señales de mejora en los últimos cuatro meses.

El informe apunta que la estabilización del dato implica que la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla. Lo notable es que este malestar no es exclusivo de quienes se oponen al Gobierno: entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la inflación, contra un 96,6% entre los votantes opositores.
La brecha entre ambos electorados es amplia, pero lo que los separa no es si el ajuste existe ya que lo sienten los dos, incluso los que respaldan a Milei; sino cómo se lo interpreta: como costo de una transición todavía en curso para unos, como prueba de un fracaso para otros.
Esa pérdida de poder adquisitivo tiene, además, una fecha concreta en el calendario, y es ahí donde el informe encuentra su dato más contundente. El 61% de los encuestados llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes, y sólo el 13% llega a fin de mes y logra ahorrar.

Es en este punto donde la autopercepción de clase deja de ser una etiqueta y se convierte en el eje explicativo de todo el informe. Entre los sectores de clase alta, apenas el 11,8% se queda sin ingresos antes del día 20; entre la clase media, esa cifra trepa al 43%; y entre la clase baja llega al 86,1% —el mismo número que, a nivel país, dice perder contra la inflación—.
El INDEC no refleja la inflación
Ese mismo patrón de clase se repite cuando se mide la confianza en la medición oficial de los precios, lo que sugiere que no se trata de un fenómeno aislado al ingreso, sino de una desconfianza más amplia hacia el relato de la estabilización económica. A nivel país, el 68,8% considera que el índice de inflación del INDEC no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria; entre los sectores de clase baja esa desconfianza es sensiblemente mayor, unos 15 puntos por encima del promedio nacional, rozando el 84%.
Cuanto más ajustado está el bolsillo, menos crédito se le da al dato oficial. Quien vive al límite del día 20 tiene, lógicamente, menos margen para creer que los precios subieron sólo lo que dice el organismo estadístico. Y esa misma lógica se proyecta hacia el futuro: el 55,1% de los encuestados cree que “lo peor está por venir” en materia económica, contra apenas un 24% que considera que lo peor ya pasó, con el pesimismo otra vez más marcado entre los sectores de clase baja.
La brecha se agranda todavía más si se mira por identidad política: entre los votantes de Milei en 2025, el 55,4% cree que lo peor ya pasó; entre los votantes de la oposición, sólo el 3,4% piensa lo mismo. Es, junto con la fecha en la que se acaba la plata, una de las divisiones más nítidas de todo el estudio: la misma economía, leída como el final de un ajuste necesario por unos y como un fracaso sin salida por otros, según de qué lado de la grieta electoral —y, cada vez más, de qué lado de la pirámide social— se la mire.
Imagen del Gobierno en este contexto
Frente a este cuadro económico, el dato político de junio llama la atención por contraste. La desaprobación a la gestión de Javier Milei, que venía en ascenso sostenido desde marzo hasta tocar un pico del 61,2% en mayo, retrocedió en junio al 56,6%, cortando por primera vez en cuatro meses la racha negativa; la aprobación, en el mismo lapso, pasó del 32,2% al 33,2%.
Según el informe, es un freno acotado y todavía dentro de lo que puede leerse como estabilización más que como reversión de tendencia, pero contrasta con la dureza del resto de los indicadores. El malestar económico no cede en ninguno de los planos relevados —ni en el salario, ni en el calendario del bolsillo, ni en la confianza hacia el futuro— y, sin embargo, ese malestar dejó de traducirse en más desaprobación para el Gobierno nacional.
El estudio analiza que una lectura posible es que ese freno no responda todavía a una mejora real en la percepción económica, sino a que buena parte de la sociedad ya “descontó” el ajuste como parte del paisaje: cuando el deterioro se estabiliza en un piso alto durante varios meses seguidos, como ocurre con el 86,1% de los salarios perdiendo contra la inflación, deja de operar como sorpresa negativa capaz de erosionar más la imagen presidencial.
