Tras ser anunciado por la vocería presidencial, este miércoles se presentó ante el Congreso de la Nación la «ley ómnibus» denominada «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», con la cual Javier Milei busca declarar la «emergencia pública» hasta 2025 y delegar facultades legislativas al Ejecutivo nacional. Esta reforma del Estado trae consigo una serie de modificaciones de importantes leyes que buscará aprobar en sesiones extraordinarias.
Fue el el ministro del Interior, Guillermo Francos, el encargado de entregar el amplio proyecto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El documento, con 664 artículos, será girado a comisiones, donde acudirá el gabinete nacional a dar detalles. Se prevé que durante lo que duran las extraordinarias llegue al Congreso.
Con el objetivo de «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio», el texto de la ley ómnibus de Milei da «delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social» hasta 2025, con posibilidad de prórroga por dos años.
En este marco, como primera medida, establece declarar «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social». En cuando a la delegación de funciones legislativas, señala que «las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa».
Otra de las medidas es la disposición de la privatización 41 empresas estatales. El listado incluye Aerolíneas Argentinas, YPF, Arsat, el Banco Nación, Corredores Viales, Contenidos Públicos (que comprende los medios públicos), Correo Oficial de la República Argentina, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Casa de Moneda, Nación Seguros, entre otros.
Asimismo, establece que el Gobierno nacional podrá tomar deuda externa sin pasar por el Congreso de la Nación, a través de la derogación de un artículo de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública N° 27.612. El mismo establece que la toma de deuda bajo ley extranjera necesita la autorización del Congreso de la Nación.
El proyecto también contiene un apartado llamado «organización de manifestaciones», que establece penas de dos a cinco años a «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado», estén o no en el lugar, y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la «asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole» para que asista a una manifestación. Esto entiende como «reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas».
En este marco, y en línea con el protocolo Bullrich, no pena a quienes utilicen la violencia «en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo».
Otras disposiciones
- Las universidades públicas quedarían habilitadas para arancelar los estudios a los extranjeros.
- Eliminación del Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes.
- Modificación de la Ley Micaela: mientras que hoy la normativa establece la capacitación «en materia de género y violencia de la mujer», se propone «violencia familiar y contra la mujer».
- Ley de los Mil Días: elimina la figura de «persona gestante» y habla de «hijos por nacer».
- Ingreso de fuerzas extranjeras: faculta al «Poder Ejecutivo a autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado».
- Jubilaciones: suspender la movilidad jubilatoria y establece aumentos por decreto.
- En el marco de la «legítima defensa», establece que un tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial.