Este mediodía, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó, junto con las dos CTA y las organizaciones sociales, una masiva marcha y concentración frente al Palacio de Justicia de la Nación en rechazo del decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el Gobierno y para pedir a la Corte Suprema de Justicia su nulidad por inconstitucionalidad.
Dirigentes de la CGT solicitaron al Poder Judicial que actúe para que «frenar y dejar sin efecto» el DNU 70/2023 de desregulación de la economía, y ratificaron que el comité central confederal de esa central obrera, que se reúne mañana, evaluará la posibilidad de convocar a un plan de lucha que podría incluir un paro general.
En el marco del repudio a la medida del Gobierno nacional que prevé una profunda reforma laboral en detrimento de los trabajadores, frente al palacio de Tribunales en el centro porteño los triunviros de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), y los sindicalistas Sergio Palazzo (Bancarios), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Juan Carlos Schmitd (Portuarios) manifestaron su rechazo al DNU porque «atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores» y «solo beneficia a un grupo de empresarios».
Los sindicalistas leyeron un documento en contra del DNU del presidente Javier Milei. «Prometió hacer un ajuste» que «lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’», pero lo pagaron «los trabajadores», cuestionaron.
«Su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales», apuntaron.
En esa línea, reclamaron al Gobierno de Javier Milei que «el orden y la libertad de una República comiencen por el irrestricto respeto hacia la Constitución nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado», por lo que «no hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral».
Acto seguido, plantearon que «cualquier plan de gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario. El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En esta línea, remarcaron que la movilización hacia Tribunales fue para «pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU».
«Frente al atropello irracional de uno de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República. Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un Estado mesiánico ni una monarquía», enfatizaron.
«No se confunda, señor presidente. No somos la casta. somos los trabajadores», concluyeron.
