“Vidal está gastando fondos de todos los bonaerenses en ir y volver en helicóptero a un lugar donde no puede estar”

Por Pablo Pellegrino

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue denunciada por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por residir en la base militar de Morón cuando la ley sostiene que el gobernador debe vivir en La Plata, y también por los costosos traslados diarios en helicóptero que demanda.

La denuncia, que fue presentada por Sergio Hugo Poggi con el patrocinio del abogado Leonardo Martínez Herrero, será tramitada por la fiscalía de Cecilia Corfield y el Juzgado de Garantías Nº 3 de Pablo Nicolás Raele.

Sergio Poggi (denunciante): “si es un tema de seguridad, como esgrime la Gobernadora, no sé para qué estamos pagando todo un Ministerio de Seguridad”.

“Hace tres años que vengo diciendo que lo que está haciendo es inconstitucional y que está gastando fondos de todos los bonaerenses en ir y volver en helicóptero a un lugar donde no puede estar”, dijo a Contexto el arquitecto Sergio Poggi, que además preside el Instituto de Políticas Públicas del Partido Justicialista de La Plata.

Según el autor de la denuncia, la residencia de Vidal en la Base Aérea de Morón viola la Constitución de la provincia, que en su artículo 130 establece que el gobernador bonaerense debe vivir en la ciudad capital. “Ni siquiera está viviendo en la provincia de Buenos Aires, porque ese lugar es jurisdicción Federal”, explicó.

Asimismo, sostuvo que “si es un tema de seguridad, como esgrime la gobernadora, no sé para qué estamos pagando todo un Ministerio de Seguridad”, y añadió: “Pero suponiendo que tiene gente infiltrada o lo que sea y ella decide irse a vivir a una base militar, lo puede hacer en La Plata: está la de Arana, del Regimiento 7, y el de Comunicaciones de City Bell”.

Según Poggi, tampoco se pudo constatar cuánto fue el dinero que demandaron las refacciones que se hicieron en la base. “En los últimos dos años intentamos ver el avance del presupuesto y un gobierno que dice ser transparente no te muestra cómo avanza el gasto de los ministerios durante el año”, manifestó.

Además del conflicto por la residencia, la denuncia cuestiona “el gasto innecesario” que demanda el traslado de la gobernadora en helicóptero desde su lugar de trabajo hasta el predio militar.

En el documento, el denunciante cita un informe periodístico del año 2017 que sostenía que ese traslado diario implicaba un gasto de 1.700.000 dólares, equivalentes a 30.600.000 de pesos al tipo de cambio estipulado en el presupuesto 2018.

Sin embargo, como reveló Contexto a fines del año pasado, los gastos en contrataciones de empresas privadas para vuelos oficiales suelen ser mucho más elevados y podrían ser inexistentes si se realizara una correcta mantención de la decena de aeronaves que le pertenecen a la provincia.

En este sentido, cabe recordar que, durante los primeros días de diciembre de 2018, los trabajadores de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria denunciaron que por primera vez en 82 años de historia esa dependencia no tenía “ninguna de sus aeronaves en servicio”.

Este medio accedió también a una serie de facturas emitidas por el titular de ese organismo, Marcelo Perich, con destino al subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Seguridad, Ignacio Greco, para que habilite el pago de cinco vuelos realizados por la empresa Beech Flying S.A. por más de un millón y medio de pesos.

los trabajadores de la Dirección de Aeronavegación Oficial y Planificación Aeroportuaria denunciaron que, por primera vez en 82 años, esa dependencia no tenía “ninguna de sus aeronaves en servicio”.

En esos documentos, Perich explicaba que los gastos eran en concepto de “vuelos de tipo ejecutivo para el traslado de la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires”.

Cabe recordar también, como adelantó este medio, que actualmente está vigente el servicio de empresas privadas de acuerdo a la licitación pública N° 3/2018 de fines de octubre del año pasado, a través de la cual se contrató a tres empresas privadas por un monto superior a los 70.000.000 de pesos para alquiler de aeronaves por unos diez meses.


 

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