Por Pablo Pellegrino
“Esta reforma del mercado de capitales está enmascarada con el título de financiamiento productivo. En realidad, tiene muy pocas cuestiones concretas que hacen y son muchas cosas que no requieren de una ley pero fueron incluidas como intenciones de financiamiento pyme para encubrir el verdadero objetivo, que tiene que ver con quitarle poderes al Estado, en este caso, a la Comisión Nacional de Valores, para regular los mercados”, dijo a Contexto el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre 2009 y 2015, Alejandro Vanoli, sobre la denominada Ley de Financiamiento Productivo que el martes fue aprobada en el Senado y que espera por la sanción definitiva en Diputados.
El dictamen, que tuvo algunas modificaciones en la Cámara Alta, implica una liberalización y flexibilización de las regulaciones al mercado de capitales. Entre otros puntos, contempla la securitización de los créditos hipotecarios, esto es, que los bancos puedan “vender” como títulos sus carteras de créditos; elimina facultades de fiscalización e intervención del Banco Central y fundamentalmente de la CNV frente a irregularidades que puedan cometer algunas empresas; y se estimula la participación de agentes para el asesoramiento de inversores, conocidos en el mundo como “shadow banking”, o banca en las sombras.
El primer título de la ley crea las Facturas de Crédito Electrónicas para Mipymes, que genera la posibilidad de que las mini, pequeñas y medianas empresas emitan este instrumento cada vez que realicen operaciones comerciales con grandes empresas que podrán ser “vendidas” en el mercado de capitales para cobrar anticipadamente lo que se intercambió en dicha operación comercial. Esto se da porque, en muchas oportunidades, las pymes venden productos a grandes empresas que dilatan los plazos de pago.
La senadora Cristina Fernández de Kirchner realizó una de las más encendidas críticas al texto que deberán volver a evaluar los diputados (el proyecto fue votado el año pasado, pero por las modificaciones debe tratarse nuevamente). “El gobierno busca acentuar un verdadero festival para la especulación financiera”, dijo la expresidenta, y consideró que “vamos para atrás, como el cangrejo, volvemos a la prerregulación, a la autorregulación de los mercados”.
En ese sentido, cuestionó el título de la nueva norma. “Tal como nos tiene acostumbrados el gobierno cuando presenta proyectos, los títulos siempre son plausibles y presentan principios o eslóganes de campaña dignos de ser aprobados”, dijo Cristina, y agregó que “no estamos tratando una ley de financiamiento productivo para las pymes, no podemos seguir legislando títulos; nosotros legislamos contenidos, normas, y quiero advertir que estamos legislando absolutamente en dirección contraria a lo que marcan los estándares internacionales”.
En el mismo sentido se expresó Alejandro Vanoli en diálogo con este medio, quien manifestó que, más que un impulso a la economía real, la ley es “un avance en la desregulación financiera.
– ¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Financiamiento Productivo?
– Este proyecto es un gran retroceso en términos de facultades de la Comisión Nacional de Valores que va a contramano de la tendencia mundial, que es fortalecer la regulación y los reguladores. Esta reforma del mercado de capitales está enmascarada con el título de financiamiento productivo, que en realidad tiene muy pocas cuestiones concretas que hacen a ese financiamiento para el sector productivo y son muchas cosas que no requieren de una ley pero que fueron incluidas como intenciones de financiamiento pyme para encubrir el verdadero objetivo, que tiene que ver con quitarle poderes al Estado, en este caso a la CNV, para regular los mercados. Es un avance en la desregulación financiera.
– Según el gobierno, se incrementarán las posibilidades de acceder al financiamiento por parte de las empresas con mejores tasas que ahora. ¿Esto es así?
– El gobierno dice que este proyecto es fundamental para que aumente el financiamiento productivo. Yo creo que para que aumente ese financiamiento lo que tiene que ocurrir es que haya créditos orientados a la producción, y el gobierno en estos dos años ha ido reduciendo los canales de financiamiento productivos. Sí ha impulsado el crédito al consumo, lo que marca un serio riesgo de endeudamiento para personas que tienen problemas para cubrir sus gastos o que necesitan endeudarse para poder vivir.
En todas las líneas de financiamiento productivo el Estado, a través de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a partir de lo que posibilita la ley de la CNV, ha ido eliminando la obligatoriedad que tenían los bancos, las compañías de seguros y los fondos de inversión de prestar un porcentaje de sus carteras a la economía real.
Como mencionaba antes, todo esto es una excusa para generar una mayor desregulación de los mercados financieros.
– ¿Cuáles son las facultades que le quitan a la Comisión Nacional de Valores y que implican esos cambios?
– En primer lugar se han modificado los artículos 19 y 20 de la Ley de Mercado de Capitales que fue sancionada en 2012 y que había recogido un apoyo muy grande incluso de la Unión Cívica Radical, del Partido Socialista, incluso Prat Gay la votó cuando integraba la Coalición Cívica. Esto limita la posibilidad de que la CNV invalide actos cuando hay irregularidades en las empresas y también limita su capacidad de poner un veedor en las asambleas y directorios de las empresas.
Esto reduce el poder de fiscalización de la Comisión para que se cumplan principios de transparencia y de protección al inversor minoritario que son pilares esenciales para el desarrollo del mercado de capitales.
– ¿Cómo funciona el proceso de securización de créditos hipotecarios y qué riesgos implica, teniendo en cuenta el antecedente de la crisis “subprime” de Estados Unidos y Europa en 2008?
– En realidad, cuando bajo determinados recaudos los bancos querían securitizar hipotecas, lo podían hacer. De hecho, por ejemplo, el Banco Hipotecario lo hacía regularmente en el esquema anterior.
Ahora, más allá de que esto, de manera limitada, pueda ser una alternativa para aumentar el crédito hipotecario, este aliento desmesurado para que los bancos salgan a vender estas carteras, que emitan fondos que tengan títulos hipotecarios sin control, es peligroso y es uno de los elementos que generó la crisis de 2008 en Estados Unidos y en Europa.
Creo que está muy bien generar mecanismos para que la gente pueda acceder a la vivienda y que haya créditos para acceder en mejores condiciones, pero generar un mercado especulativo, desregulado, que implique securitizar hipotecas sin control, es lo que generó los activos tóxicos.
– ¿Qué impacto puede generar la especulación financiera en ese mercado de hipotecas?
– Una especulación desmesurada lo que genera es un encarecimiento en el precio de la vivienda, lo que limita el acceso, y eso genera más endeudamiento que termina explotando. Esto pasó en España, en Estados Unidos.
Esto tiene que ver con mayores facilidades de negocios de los bancos y mayores negocios para los fideicomisos y fondos de inversión, pero de ninguna manera genera mayores facilidades para que la gente pueda acceder al crédito.
Nuevamente: la mejor manera de que la gente pueda acceder a la vivienda es con una política que genere buenos sueldos e instrumentos de créditos, donde el Estado tenga un rol importante, como era en el caso del Pro.Cre.Ar., que permitió que mucha gente de sectores medios bajos y populares pudiera acceder a la primera vivienda.
Esto preocupa, porque lo que está pasando con los créditos con UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) es que con una mayor devaluación cada vez pueden sacar menos dinero o se tienen que endeudar a plazos más largos, y, por otro lado, se está generando una deuda indexada con una inflación muy alta que no solamente conspira contra el objetivo de que la gente pueda acceder a la vivienda en buenos costos, sino que genera una bola de nieve que Argentina conoció en la época de la dictadura con la Circular 1050, o como cuando se estimuló el endeudamiento en dólares, que hubo que recurrir a una pesificación del Estado en 2002 para evitar una quiebra a los deudores.
