Los trabajadores de la agencia Télam despedidos en junio del año pasado se movilizaron esta mañana a la Cámara de Apelaciones del Trabajo para denunciar las presiones del gobierno nacional sobre los jueces que deben pronunciarse sobre las cesantías. La medida de fuerza de los periodistas dio resultado: los camaristas rechazaron el pedido del gobierno para despojar a los jueces de las causas que definen el futuro de los despedidos y ordenó a la Sala V del cuerpo que se expida conforme a su composición primaria.
En agosto pasado la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo del Tribunal Laboral N° 22, a cargo del magistrado Ricardo Tatarsky, quien en julio había determinado que la empresa conducida por Rodolfo Pousá, bajo la órbita del Sistema de Medios Públicos de Hernán Lombardi, incurrió en una ilegalidad al avanzar con los despidos, al tiempo que ordenó a Télam que «en forma inmediata disponga la reincorporación».
La decisión de la Cámara, luego de la fallida maniobra del gobierno, tiene como consecuencia que los expedientes de los trabajadores de la agencia serán resueltos por una sala integrada por Enrique Arias Gibert, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo y Beatriz Ferman. Esos jueces deberán ratificar o revocar las sentencias de primera instancia, que consideraron ilegal el plan de despidos de Lombardi y dispusieron la reinstalación provisoria de los despedidos.
La respuesta judicial de esta mañana es un espaldarazo para todos los trabajadores de Télam. Si bien el fallo del Tribunal Laboral Nº 22 fue la respuesta a un recurso presentado por un grupo de despedidos, marcó precedente para el resto de los trabajadores al declarar la ilegalidad de los cesanteos. Consideró para eso que la empresa no presentó previamente un Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación y avanzó sobre el 40% de la planta.
Tras este visto bueno de la Justicia, la empresa volvió a apelar y, según detallaron los trabajadores, el gobierno comenzó a presionar a los jueces de la Sala V Enrique Arias Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, que tienen que resolver sobre la situación de otros 153 trabajadores.
En este escenario, desde el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) convocaron a movilizarse a la Cámara de Apelaciones, que debía resolver en manos de qué sala quedaría el recurso presentado por la empresa. La intención del gobierno era sacarse de encima a Gibert y Rodríguez Brunengo, que podrían pronunciarse a favor de los trabajadores como ya lo hicieron.
«Llevamos casi un año de conflicto por los 357 despidos y en todos estos meses tuvimos más de doscientas medidas cautelares ordenando reincorporaciones en los tribunales de primera instancia, y eso debería ser confirmado o revocado por la Cámara con alguna sentencia definitiva, pero venimos sufriendo un manoseo importante a través de presiones del gobierno, que quiere despojar a los jueces y tener una sentencia afín a los intereses del gobierno», explicó a Contexto Mariano Suárez, delegado de Sipreba. «Como ya se pronunciaron a favor de los trabajadores, el gobierno busca desplazar a estos jueces para revertir las sentencias y revertir las incorporaciones», agregó.
Según detallaron desde el sindicato, uno de los artífices de la presión sobre la Justicia es el abogado laboralista Juan José Etala, representante de la agencia, excompañero de Mauricio Macri en el colegio Cardenal Newman, dirigente de Boca bajo su gestión y funcionario del gobierno nacional en la Secretaría de Trabajo.
Etala ha sido denunciado en el Colegio de Abogados para que le quiten la matrícula ante la incompatibilidad de funciones y las presiones en la Cámara de Apelaciones. Según publicó Tiempo Argentino, que accedió a la denuncia, el abogado tuvo «intervenciones de profunda carga ideológica a favor de Cambiemos que imposibilitan su rol como miembro del Consejo Asesor de la Secretaría de Trabajo».
Sin embargo, Etala no es el único vocero del gobierno. La semana pasada juraron tres nuevos jueces, entre ellos Leonardo Ambesi, quien antes de ser nombrado formaba parte del grupo asesor del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, destacándose en su labor por la promoción de la reforma laboral. Hoy, el flamante magistrado formará parte de la Cámara que determine el futuro tribunal que tendrá enfrente la reincorporación de los trabajadores de Télam.
En este marco, los trabajadores apuntan contra el gobierno nacional, que niega las presiones, al tiempo que exigen que sean los jueces de la Cámara V los que sigan con los recursos presentados.
«Esperamos que confirmen los jueces que originalmente nos asignaron. No los elegimos nosotros, fue producto de un sorteo. No hacemos lobby, no pedimos ningún privilegio; sólo que no haya interferencia política y que sea un fallo conforme al derecho. Si hay un fallo conforme a la ley, se van a reincorporar los trabajadores de la agencia», concluyó Suárez de camino a la Cámara de Trabajo.
