Sin Maldita Justicia no hay Maldita Metropolitana

Por Florencia Abelleira

El agente de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala disparó no una, sino tres veces sobre la humanidad de Lucas Cabello, un joven de veinte años del barrio porteño de La Boca que se encontraba totalmente desarmado. Lo hirió en la mandíbula, el abdomen y un testículo. El uniformado fue detenido y en el procesamiento el juez Osvaldo Rappa lo acusó por “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad”, pero usó un atenuante: “exceso en el ejercicio de la legítima defensa”. Es decir que el hecho, que para los abogados del joven –como para cualquier otra persona– fue un episodio de violencia institucional liso y llano, para la Justicia de la C.A.B.A. se trató de una acción para repeler un posible ataque, o sea, para defenderse.

“Para nosotros no se trató de un exceso en la legítima defensa, ni de imprudencia ni de errores, sino que se trató de un accionar absolutamente ilegítimo: fue un hecho de violencia institucional que puso en riesgo la vida de una persona que estuvo desarmada e indefensa”, explicó Gabriela Carpinetti, abogada de la familia del joven. Por eso ayer apelaron para que no se tenga en cuenta el atenuante. Además, el segundo y el tercer tiro demuestran el ensañamiento del agente contra Lucas. “Vamos a solicitar que también sea considerado como agravante”, aclaró Carpinetti.

“NO SE TRATÓ DE UN EXCESO EN LA LEGíTIMA DEFENSA, NI DE IMPRUDENCIA NI DE ERRORES, SINO QUE SE TRATÓ DE UN ACCIONAR ABSOLUTAMENTE ILEGITIMO, FUE UN HECHO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL QUE PUSO EN RIESGO LA VIDA DE UNA PERSONA QUE ESTUVO DESARMADA E INDEFENSA”. GABRIELA CARPINETTI, ABOGADA DE LUCAS CABELLO.

El 9 de noviembre, Lucas estaba parado en la puerta del Hogar de Tránsito en el que vivía, había ido al kiosco de la esquina y tenía dos sándwiches de milanesa en la mano que había ido a comprar para almorzar con su mujer y su hija. Así, indefenso en la entrada de su casa, fue como recibió el primer disparo. Los otros dos, cuando ya estaba en el suelo con su mujer al lado y su nena de dos años viendo todo. La fuerza de la Metropolitana estaba en el Hogar de Tránsito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad porque había conflictos entre vecinos.

Hace tres semanas que Lucas está internado, “estable pero grave” por los tres balazos que le dio Ayala. Uno de ellos penetró por la mandíbula y se depositó en la médula, por eso, es posible que quede cuadripléjico. Todavía no pudo ser operado de esa herida porque necesita estar en condiciones de salud más estables.

Mientras tanto, el jueves pasado, el juez dispuso que Ricardo Ayala, quien estaba detenido, fuera dejado en libertad. Para Carpinetti, es un accionar absolutamente parcial el que está llevando adelante Rappa. “Es un procedimiento que reviste de determinadas afirmaciones discriminatorias para con Lucas Cabello, y absolutamente contemplativas para quien es el imputado culpable y ya procesado”, explicó la abogada.

EL JUEVES PASADO, EL JUEZ DISPUSO QUE RICARDO AYALA, QUIEN ESTABA DETENIDO, FUERA DEJADO EN LIBERTAD. “ES UN PROCEDIMIENTO CON AFIRMACIONES DISCRIMINATORIAS PARA CON LUCAS CABELLO, Y ABSOLUTAMENTE CONTEMPLATIVAS PARA EL IMPUTADO”.

Por su parte, Ayala declaró ante la Justicia que Lucas estaba armado y la pistola “era plateada”. Sin embargo, la Policía Federal, que estuvo a cargo de las pericias en el lugar, sólo secuestró la reglamentaria de Ayala y las vainas correspondientes a sus disparos. “Las pericias confirman nuestra versión y la verdad de los hechos, que es que Lucas estaba desarmado, indefenso y quien disparó fue el agente Ayala, y las vainas encontradas fueron producto de esos disparos”, explicó Carpinetti. Y agregó: “Resulta muy contradictorio que al mismo tiempo que el juez afirma que Lucas estaba desarmado, hable de una agresión previa por parte de Lucas hacia el policía”.

Insensatez del gobierno porteño

Lucas Cabello - Gatillo FácilAl día siguiente de que el agente de la Policía Metropolitana le disparara sin razón al joven de veinte años, la vicejefa de gobierno y gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo ante los medios que el conflicto estaba vinculado con la “violencia de género”, pero la desmintieron desde el subjefe de la Metropolitana, Ricardo Pedace, hasta la familia de Lucas y los vecinos.

LA VICEJEFA DE GOBIERNO Y GOBERNADORA ELECTA DE LA PROVINCIA, MARÍA EUGENIA VIDAL, DIJO ANTE LOS MEDIOS QUE EL CONFLICTO ESTABA VINCULADO CON LA “VIOLENCIA DE GÉNERO”, PERO LA DESMINTIERON DESDE EL SUBJEFE DE LA METROPOLITANA, RICARDO PEDACE, HASTA LA FAMILIA DE LUCAS Y LOS VECINOS.

“Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona y se agregó una consigna policial, para otorgarle protección a la mujer”, contó Vidal. Y continuó con el relato, desmentido por la propia pareja de la víctima y otros testigos: “Ella salió de su casa gritando, con el dato de que había denunciado que su pareja la había amenazado de muerte, y el agente le dio a él la voz de alto, pero (el muchacho) no atendió el pedido y ahí se generó la reacción de la Policía”, contó a la prensa.

Inmediatamente, el Colectivo Ni una Menos repudió los dichos de Vidal. “No en nuestro nombre: la violencia machista no justifica la violencia policial”, afirmaron sus integrantes, e indicaron que  “la búsqueda de justificación de un caso más de gatillo fácil muestra con claridad que el Estado porteño se ampara en un problema real –la violencia contra las mujeres– para avalar un accionar en extremo punitivo, sin respeto al debido proceso ni a las garantías constitucionales”.

Pero, ¿es el caso de Lucas Cabello un caso aislado? Según Gabriela Carpinetti, este tipo de accionar es una práctica sistemática de la Policía Metropolitana, una fuerza relativamente nueva. “Recordemos que se estrenó en el año 2010 en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja en el 25% del territorio de la ciudad y tiene en su haber seis ejecuciones, veinticinco casos donde a las personas que resultaron heridas se les produjo afectaciones irreparables en sus vidas, y alrededor de más de cien casos de apremios ilegales y violación a los derechos humanos”.


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