Por Pablo Pellegrino
A través de la Resolución 502/2018, el Ministerio de Modernización habilitó a la empresa brasileña Hispamar S.A., subsidiaria de la española Hispasat, a brindar servicios satelitales en territorio argentino con su satélite Amazonas-5, con capacidad de operar en la banda de frecuencias Ka, convirtiéndose en la autorización número veinticuatro desde la llegada de Cambiemos al poder.
Lo curioso del caso es que esa banda en la que operará el Amazonas-5 es la misma para la que se había pensado el paralizado proyecto de ARSAT III, del cual no se tienen noticias desde hace un año, cuando estalló la polémica por el proyecto que tenía en mente el macrismo de privatizar ese satélite y compartirlo con la norteamericana Hughes.
Las autorizaciones dispuestas por el gobierno a empresas de tecnología satelital extranjeras no sólo implican pérdida de autonomía, sino que, y fundamentalmente, le quitan mercado a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), creada en 2006.
De los veinticuatro aparatos autorizados por el gobierno de Mauricio Macri, varios son de la empresa Hispasat, de España, que a su vez es poseedora de Hispamar S.A., radicada en Brasil. Este tipo de autorizaciones, por las disposiciones establecidas en el Reglamento de Gestión de Servicios Satelitales del año 1999, deben realizarse sólo con países que hayan firmado acuerdos de reciprocidad con Argentina, es decir, países que habiliten a nuestros satélites en sus territorios. Sin embargo, y aunque existen esos acuerdos, tanto en el caso de España como el de Brasil no se cumple.
En diálogo con Contexto, el exvicepresidente de ARSAT, Guillermo Rus, afirmó en este sentido que “Argentina tiene firmados seis de ese tipo de acuerdos con Estados Unidos, México, Canadá, España, Países Bajos y Brasil”, aunque explicó: “Lo raro de eso es que en muchos de esos países, como España o Países Bajos, no puede brindar servicios porque nuestros satélites no tienen capacidad para hacerlo, no tiene posiciones orbitales para poder hacerlo, por lo tanto, no existe posible reciprocidad”.
Pero el caso más grave, donde directamente se incumplen los acuerdos firmados, se da con México y Brasil: “En Argentina se autorizaron satélites de bandera mexicana de una empresa francesa que tiene una subsidiaria en ese país, y de la brasileña Hispamar, que es una subsidiaria de la empresa española Hispasat, apelando al acuerdo de reciprocidad, pero Arsat II que tiene la posibilidad de brindar servicios en Brasil y México no está autorizado”.
En 2018, el Ministerio de Modernización reinterpretó los términos que establece el reglamento de 1999 y ahora entrega las autorizaciones independientemente del país de origen del satélite. Por ejemplo, en el caso de México, la empresa Euteslat es francesa y Argentina no tiene acuerdo de reciprocidad con el país europeo.
La decisión del gobierno de realizar pedidos de reciprocidad ante el incumplimiento de estos acuerdos ameritó la presentación de un proyecto del diputado nacional del FpV Rodrigo Rodríguez. Casualmente, el proyecto que establece la suspensión de las autorizaciones para la banda Ka hasta tanto no sea lanzado el ARSAT III se presentó dos días antes de que saliera la resolución del Ministerio de Modernización que le permite a Hispamar explotar justamente esa frecuencia.
El proyecto apunta a generar el cumplimiento estricto de la reciprocidad. “Ante el descontrol en el criterio de las autorizaciones satelitales otorgadas por Cambiemos, presentamos un proyecto para garantizar reciprocidad de trato y condiciones en los acuerdos suscritos por el Estado en relación con la provisión de servicios satelitales de comunicación”, dijo en sus redes sociales el diputado Rodríguez.
Rus se refirió también a la importancia estratégica de la banda en la que operará Hispamar desde la habilitación del pasado miércoles. Los aparatos que operan en banda Ka “son muy relevantes, porque tienen mucha capacidad de tráfico y permiten dar Internet satelital de banda ancha a precios accesibles para un hogar, por ejemplo, que con otra tecnología no se puede”.
“Hay distintos tipos de coberturas, pero satélites como este tienen una aplicación importante en lo que es el backhaul móvil para conectar las radiobases de las redes de comunicaciones móviles, cosa que antes era para radiobases muy chicas; con este tipo de satélites podes tener radiobases donde hay muchos usuarios que tengan 4G o 5G y conectarlos con este tipo de satélites”, agregó.
“De diciembre de 2015 para acá se frenó ARSAT III y se autorizó a todos los satélites que pidieron permiso para brindar servicios en Argentina, es lo mismo que parar la fábrica y abrir las importaciones”, sostuvo Rus, y consideró que eso “genera claramente un daño muy grande a las posibilidades de ARSAT, porque muchos van a empezar a ganar mercado con tecnología nueva que podría operar la empresa del Estado”.
En 2017, el periodista Roberto Navarro había develado los planes de la gestión macrista de privatizar el proyecto de ARSAT III y compartirlo con la empresa norteamericana Hughes. Desde ese entonces está paralizada la construcción del satélite que estaba previsto lanzarse en 2019 y que podría operar la estratégica banda de frecuencia Ka.
Cabe destacar en este punto que el freno del tercer satélite no es un simple cambio de planes, sino que implica la violación de la Ley º 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital a través de la cual se estipuló su construcción y puesta en órbita. “ARSAT III es el primer satélite que forma parte de un plan aprobado por ley, una ley que buscaba que ARSAT pasara de tener de dos satélites a seis, buscaba la exportación de satélites y un montón de cosas más ”, recordó Rus.
Con respecto a la posibilidad de exportación de satélites contemplada en ese plan de negocios aprobado por el Congreso, hace pocos días se conoció que, en el marco de las medidas anunciadas por el gobierno frente a la crisis económica producto de la corrida cambiaria que comenzó en abril de este año, otra empresa estatal, INVAP, va a tener que pagar retenciones por sus productos de alta complejidad tecnológica.
La empresa es del Estado provincial de Río Negro y se mantiene con fondos propios. Según Guillermo Rus, el 80% de los contratos los mantiene con el Estado Nacional y el restante 20% de su facturación corresponde a la exportación de productos que van desde radares y tecnología satelital hasta reactores nucleares.
La suspensión de ARSAT III y los recortes presupuestarios en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales significan para la empresa radicada en Bariloche una baja más en sus ingresos, y, según explicó Rus, los balances de los últimos dos trimestres arrojan pérdidas de 60 millones de pesos en cada período. “Va a haber un impacto, porque INVAP ya estaba en un problema financiero por el incumplimiento de los contratos de Nación, tiene pérdidas en los últimos trimestres y ahora se suma la retención a las exportaciones”.
