El presidente de la Auditoría nacional reveló que el país perdió más de 1.000 millones de dólares por operaciones financieras con garantía en oro. Y no aparecen los lingotes fugados clandestinamente al exterior. Llegan los “FAL”, el sistema para pagar indemnizaciones por despido que le quitará recursos a la Anses.
Por Miguel Croceri (*)
Hace dos años, en septiembre de 2024, la Asociación Bancaria conducida por su secretario general -y además diputado nacional de Unión por la Patria- Sergio Palazzo, presentó un “pedido de acceso a la información pública” mediante el cual requería que el Banco Central hiciera saber si había enviado al exterior lingotes de oro, que forman parte de las reservas de la República Argentina
La denuncia de la organización sindical puso al descubierto que, efectivamente, el gobierno de Javier Milei y las autoridades del BCRA (Banco Central de la República Argentina) habían mandado al extranjero una cantidad indeterminada de lingotes por un valor también indeterminado.
El saqueo de las reservas que pertenecen a todas las argentinas y argentinos empezó de forma clandestina hace más de dos años, y se mantiene en el misterio hasta el día de hoy.
Durante el tiempo transcurrido hubo resoluciones de algunos juzgados específicos, que le ordenaron al Ejecutivo nacional y al Central informar sobre el tema. Pero los funcionarios que debieran sentirse aludidos siempre se la rebuscaron para no decir dónde estaban -donde están- los lingotes ni porqué se los llevaron.
Además, los jueces y tribunales que ocupan los cargos fundamentales y realmente tienen peso determinante dentro del Poder Judicial, no mostraron la más mínima voluntad de investigar.
De forma similar ocurrió en el Congreso, donde la mayoría de los integrantes tanto del Senado como de Diputados miraron para otro lado y nunca prosperaron las iniciativas de legisladores/as de la oposición destinadas a esclarecer semejante escándalo.
Y las principales cadenas mediáticas porteñas que influyen en la opinión pública de todo el país -las cuales funcionan como aparato de legitimación propagandística de los intereses dominantes-, escondieron el tema bajo la alfombra.
Qué dijo el presidente de la Auditoría General de la Nación
La fuga del costoso metal que formaba parte de las reservas de Argentina saltó a los primeros lugares de la consideración política y económica la semana pasada, debido a información que comunicó oficialmente el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.
El funcionario dijo que ese organismo concluyó con una opinión favorable su tarea de auditar las transacciones financieras realizadas con respaldo en oro, pero no respecto de su resultado, que fue negativo.
El saldo revelado por el titular de la AGN fue catastrófico: una pérdida para el país equivalente a más de U$S 1.000 millones (mil millones de dólares).
(Según la información institucional de acceso público, la Auditoría General de la Nación “es el órgano de control externo del Estado, está bajo la órbita del Congreso”, y en el ejercicio de sus funciones “controla las cuentas públicas, el cumplimiento de las leyes y la gestión del sector público nacional”. (…) “Está a cargo de siete miembros” que conforman el “Colegio de Auditores Generales”. (…) “Seis de los siete auditores son designados por el Congreso Nacional; tres por la Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, dependiendo de la composición partidaria de cada una”. En cambio, el presidente del organismo “es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores” en el Parlamento. Ver página web oficial de la AGN).
Juan Manuel Olmos -quien a pesar de aparecer poco en los medios de comunicación es un poderoso dirigente del peronismo de la ciudad de Buenos Aires y muy influyente en la conducción nacional del Partido Justicialista- dijo en conferencia de prensa el pasado jueves (08/10) que según la revisión de los estados contables del BCRA correspondientes a 2025, el quebranto para el erario por las maniobras financieras con respaldo en oro fueron de $ 1,5 billones (un billón y medio de pesos), equivalentes a U$S 1.023 millones (mil veintitrés millones de dólares).
El mileísmo que maneja el Central obviamente desmintió las cifras, dijo que solamente tienen en cuenta una parte de las operaciones, y que en conjunto obtuvo ganancias por más del 60 % (sesenta por ciento) de lo invertido. (Las discrepancias constan en numerosos medios informativos, por ejemplo en un texto que publicó el sitio web de Canal 26. Nota del 09/10/26).
Lingotes fugados
Desde que la AGN audita los mencionados estados contables “nunca se registró una pérdida de esta magnitud”, reveló el máximo responsable de la Auditoría General de la Nación.
Precisó que el oro fue adquirido como reserva para el país cuando el Banco estuvo presidido, en una etapa, por Alfonso Prat Gay (quien ejerció el cargo desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2004, en los últimos meses del interinato de Eduardo Duhalde al frente del Poder Ejecutivo Nacional y continuando en el primer año y medio del mandato de Néstor Kirchner); y en otra etapa por Mercedes Marcó del Pont (titular del Central entre enero/2010 y diciembre/2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación y la propuso para esa función).
Pero a pesar de las trascendentes revelaciones de Olmos, sigue sin conocerse dónde están los lingotes fugados al extranjero por el gobierno. El funcionario dijo que la AGN trabaja en una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas en oro.
(Al informar del tema en el portal La Política Online, la periodista especializada en economía Luciana Glezer dijo que el trabajo investigativo pendiente “deberá determinar por qué se decidió trasladar los lingotes al exterior, a qué destino fueron enviados, qué beneficio obtuvo el país y quiénes pudieron resultar beneficiados por esas decisiones”. Nota del 08/10/26).
Un nuevo negocio financiero: el “FAL”
Así como dejará consecuencias a mediano y largo plazo en las reservas del país, el libertinaje capitalista que está perpetrando el régimen de ultraderecha provocará daños en los fondos que integran el sistema previsional argentino y que de manera coloquial se suele denominar como “la plata de los jubilados”.
Ello ocurrirá porque a partir del mes que viene se reducirán las contribuciones patronales a la Anses (Administración General de la Seguridad Social), y en cambio las empresas deberán destinar ese dinero se destinará a un nuevo negocio financiero: el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), con el cual se pagarán las indemnizaciones de trabajadores/as que sean despedidos/as de sus empleos.
El FAL fue creado por la ley pro-patronal generalmente llamada “reforma laboral” y que el oficialismo denomina “de modernización laboral”, sancionada por el Congreso a mediados de este año. El cambio del sistema indemnizatorio comenzará a regir dentro de pocas semanas, el 1 de noviembre próximo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA (cuyo nombre antes del mileísmo , era Agencia Federal de Ingresos Públicos, AFIP), reglamentó el funcionamiento del FAL. De ahora en adelante “las micro, pequeñas y medianas empresas” deberán destinar el 2,5 % de su masa salarial al mencionado Fondo. El resto de las compañías -las de mayor volumen económico- contribuirán con el 1 % de la masa salarial. El dinero será administrado por los bancos.
(En un texto orientativo sobre el tema, el diario La Nación consignó que “cada empresa tendrá una cuenta individual donde se depositarán mensualmente los fondos que luego podrán utilizarse para afrontar determinada obligaciones laborales, como indemnizaciones por despido, incapacidad absoluta” del empleado o empleada, y otras causales “previstas en la ley de Contrato de Trabajo y en estatutos profesionales”. Artículo titulado “Cómo funcionará el nuevo fondo para pagar indemnizaciones desde noviembre”, nota del 01/10/26).
(Otro informe periodístico, en este caso del sitio de noticias “Gestión Sindical”, explicita el dato más trascendente: los porcentajes de la masa salarial que todos los empleadores tendrán que destinar al FAL, “se descontarán de los aportes al sistema jubilatorio. De tal modo, no representarán un costo extra para las empresas sino que achicarán el dinero destinado a jubilaciones, PAMI, Fondo Nacional del Empleo y asignaciones familiares”. Nota del 06/10/26).
Financiar despidos, desfinanciar jubilaciones
“El FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la Anses sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes”. Estas palabras textuales corresponden a declaraciones públicas realizadas meses atrás por el dirigente sindical Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).
Ese gremio presentó en marzo pasado una demanda judicial para tratar de frenar la implementación del “Fondo de Asistencia Laboral”. Aguiar definió al sistema que empezará a regir en pocas semanas como “un ataque directo a la Seguridad Social”. Advirtió que “si no frenamos esto ahora, el día de mañana no va a haber plata ni para las jubilaciones actuales ni para las futuras”. (Publicado en la página web de ATE, nota del 15/06/26). https://ate.org.ar/260615-demanda-fal/
Hasta ahora dicho “freno” no se logró y, por el contrario, el nuevo negociado para beneficiar a las élites capitalistas locales y extranjeras avanza a un ritmo devastador.
A fin de septiembre un grupo de diputados/as de Unión por la Patria propuso un proyecto de ley para derogar el FAL. La propuesta no tuvo hasta el momento mayor repercusión. Está impulsada por la/los legisladora/es de extracción sindical Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario “Paco” Manrique, Hugo Moyano (hijo), Hugo Yasky y José Gómez.
La/los autora/autores describen a los “fondos de asistencia laboral” como “las nuevas AFJP” (en referencia a las “administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones” que rigieron desde mediados de 1994 hasta 2008 inclusive, durante la privatización del sistema previsional de la Nación).
El proyecto de ley que proponen “tiene como finalidad dar una respuesta urgente al inminente desfinanciamiento del sistema de seguridad social debido a la entrada en vigencia de estos ‘fondos’, los cuales constituyen un esquema de capitalización privada que se va a financiar con la resignación de ingresos” que hasta ahora iban a la Anses.
Recuerdan que cuando se sancionó la llamada “reforma laboral”, advirtieron que “no solamente estaban facilitando los despidos de trabajadores y trabajadoras” porque cada uno/una de ellos/ellas “está financiando” sus eventuales futuras indemnizaciones, sino que “también metieron la mano en los recursos de la seguridad social”.
“Ahora llevan parte de esos recursos a ‘fondos de inversión’, a la timba financiera”, explican los autores del proyecto derogatorio, y denuncian que el resultado será “financiar los despidos de nuestros trabajadores” y al mismo tiempo “desfinanciar sus jubilaciones”.
(En el portal “Parlamentario” puede verse el artículo titulado “Diputados de UP presentaron un proyecto para derogar el Fondo de Asistencia Laboral”. Nota del 25/09/26).
El tema de los lingotes de oro llevados clandestinamene al exterior por decisión de Javier Millei, Luis Caputo y Santiago Bausili (el presidente del Banco Central), “se coló” parcialmente en la conversación política por la información que reveló el presidente de la Auditoría General de la Nación.
De “la plata de los jubilados” casi nadie habla públicamente, pero también está siendo saqueada.
Y con un agravante que nunca se menciona: no se trata solo del dinero con el cual se pagan las jubilaciones actuales sino también las futuras. Es decir la mensualidad que deberían cobrar las trabajadoras y los trabajadores de hoy -al menos aquellas/os que lo hacen “en blanco”, o sea en empleos legalmente formalizados y fiscalmente registrados- cuando lleguen a su edad de retiro laboral.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
