El ex asesor presidencial durante la Administración de Mauricio Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, operador judicial de su Gobierno y figura clave de la guerra jurídica implementada por Cambiemos, sumó un nuevo traspié en su intento por eludir a la Justicia argentina en el marco de la causa que lo investiga por la persecución a los titulares del Grupo Indalo.
La Comisión de Refugiados de Uruguay rechazó este miércoles el pedido que había realizado meses atrás y consideró que no cumple con las condiciones para ser acogido en el país vecino como refugiado político.
Tras vencerse el plazo de noventa días que había dado la jueza uruguaya Adriana Chamsarian a la Comisión para emitir un dictamen, el organismo -integrado por representantes de Cancillería, de la Dirección de Migración, una universidad, un legislador, dos ONG y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados- decidió no hacer lugar al pedido del ex funcionario argentino, que deberá esperar, ahora, la resolución de la jueza.
Si bien el dictamen de la Comisión no es vinculante, difícilmente la decisión de la jueza vaya en sentido opuesto. En concreto, Chamsarian debe decidir si hace lugar al pedido de extradición que realizó su par argentina, María Servini, quien en marzo pasado le había prohibido la salida del país a Rodríguez Simón, aunque este ya se encontraba en Uruguay.
En junio, la magistrada había ordenado la captura internacional e Interpol emitió un alerta roja, que finalmente se trabó por la intervención de la Justicia uruguaya ante el pedido de refugio político. Sobre este punto también debe resolver la jueza oriental, si es que considera necesaria la detención de Rodríguez Simón o no.
Rodríguez Simón fue denunciado por el empresario Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, por integrar una asociación ilícita para encarcelarlos y quedarse con los activos de la empresa. Según el expediente, el exfuncionario se habría reunido con los empresarios, presentándose como representante del entonces presidente de la Nación, en las que manifestó que, de no acatar los lineamientos del Gobierno, tanto las empresas como ellos tendrían consecuencias negativas. Según los empresarios, la amenaza se cumplió cuando, en 2017, ambos fueron encarcelados.
Además del pedido de extradición de Servini, Rodríguez Simón también tiene actualmente un pedido de juicio político en el Parlasur, donde buscan apartarlo del organismo internacional.
Por otro lado, recientemente se conoció que cuando ya era presidente, Macri le firmó a Rodríguez Simón un «poder general judicial y para gestiones administrativas» que permitía que el prófugo de la Justicia argentina le manejara gran cantidad de asuntos personales donde podían surgir inconvenientes con la ley.
