Por Alejandro Palladino
Luego de que el juez penal platense Juan José Ruiz condenó a cinco años y tres meses a Claudia Córdova por vender drogas, cuando portaba menos de la cantidad estipulada por la ley, y agravó la pena por su nacionalidad peruana y su condición de travesti, la organización Otrans de La Plata, la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina y el Frente de Organizaciones TLGB (Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales) de La Plata, Berisso y Ensenada, convocaron para el miércoles 18 de mayo a una concentración en la Plaza San Martín de La Plata, para exigir la libertad de la condenada y pedirle al Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires la recusación y el jury al juez y al fiscal del juicio.
Claudia Córdova fue detenida el 12 de abril de 2014 por personal de civil de la Dirección Departamental de Información (DDI) de La Plata. El informe de detención que hicieron los policías fundamentó la elevación a juicio, suplantando lo que debe ser atributo judicial. El único testigo fue, precisamente, uno de los policías del operativo.
En un comunicado de repudio, las organizaciones sostuvieron que el fallo es discriminatorio, transfóbico y xenófobo, ya que tanto los agentes al momento de la detención como el juez en su fallo violan la ley de identidad de género al referir a Claudia como un “varón”.
Además, remarcan que el hecho de que Claudia sea una mujer trans, migrante, peruana y pobre no es un dato menor. “Nuestra compañera no es una delincuente, tampoco narcotraficante, es una excluida social”, afirman. Claudia, señalaron, ejerce la prostitución para poder vivir, y ese es uno de los estigmas que cae sobre ella.
“Denunciamos este fallo porque viola el principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Argentina y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, pretendiendo además instalar la noción xenófoba de la peligrosidad en sí de lxs extranjerxs, ya que el Código Penal en su artículo 40 sólo considera como agravante o atenuante, además de características del delito (circunstancias, amplitud de daño, etcétera), las condiciones personales que demuestren su mayor o menor peligrosidad», indicaron.
La presidenta de la organización Otrans, Claudia Vázquez Haro, dijo a Contexto que “esto se inscribe en el mismo modus operandi de otras causas que venimos revisando y trabajando, que tienen en común que si no les dan dinero les arman las causas, lo que da cuenta de una connivencia entre la Policía y el Poder Judicial. Es un fallo aleccionador de orden moral que hunde sus raíces en dar respuesta a la presión de algunos vecinos que le están pidiendo al poder político la reubicación de la zona roja”.
“Este fallo instala un discurso de orden y una estigmatización hacia los migrantes en Argentina y ubica al sujeto migrante como un sujeto peligroso”, afirmó Vázquez Haro.
Reclamo de jury
A Claudia Córdova la DDI le encontró 1,6 gramos de cocaína, cantidad insuficiente para ser condenada por comercialización. La Comisión Provincial por la Memoria consideró que “en este caso, se ha forzado arbitrariamente la tipificación de un delito”, y resalta que “en fallos anteriores la Justicia convalidó que hasta 2 gramos de tenencia de cocaína es considerado para consumo personal”.
“Hemos podido constatar cómo se arman las causas, cómo se les planta la droga, una práctica discrecional entre el Poder Judicial y la Policía”, afirmaron las organizaciones en un comunicado. “En la descripción de cómo se llevó a cabo el procedimiento de la requisa, se da cuenta el grado de intimidación que en todo momento sufrió la compañera Claudia, hasta el punto de vejarla y hacerle sacar la bombacha», agregaron.
Claudia Vázque Haro sostuvo que, al momento de detenerla, la Policía lo hizo porque “tenía maniobras sospechosas”. “Eso no es un argumento válido para condenar a una persona. Todos los argumentos no se sostienen”, concluyó.
La CPM se manifestó en contra del fallo y pidió “el jury contra el juez Juan José Ruiz, del Tribunal Oral en lo Criminal Oral Nº 1 de La Plata, por el sesgo discriminatorio y xenófobo del reciente fallo que condenó a Claudia Córdova Guerra”.
Por otro lado, la Comisión enviará notas a la Procuración y la Corte Suprema bonaerense para pedir la sanción del juez y del fiscal Martín Chiorazzi. Además, afirmó que el fallo “desconoce las condiciones de vulnerabilidad a que es sistemáticamente expuesto el colectivo trans”.
