Por Carlos Ciappina
La situación actual de Venezuela configura un caso típico de maniobra político-mediática en donde se articulan las derechas económicas nacionales y extranjeras con los medios masivos de comunicación a escala global y los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en América Latina.
En primera instancia, debe señalarse que el problema de base en la realidad política venezolana se produce por los logros del chavismo. A partir de la elección de Hugo Chávez Frías (1998) y hasta hoy, se ha desarrollado un proceso nacional, popular y democrático (el socialismo del siglo XXI) que ha transformado (para mejor) las condiciones de vida de amplias mayorías de la población venezolana, históricamente invisibilizadas y sumidas en la pobreza estructural. Un país que se repartía la renta petrolera entre unas pocas manos y en donde el establishment político del Pacto de Punto Fijo entre los socialcristianos y los socialdemócratas (con exclusión taxativa del Partido Comunista) construía una democracia para las minorías.
En estos últimos diecinueve años, la Revolución Bolivariana ha nacionalizado los recursos naturales otrora en manos de empresas transnacionales, ha mejorado las condiciones populares de salud y educación, ha sancionado en forma impecable una Constitución como la Bolivariana que es ejemplo seguido en varios países del mundo, ha intentado democratizar un sistema de medios monopólico desarrollando las radios y los medios comunitarios y creando las cadenas de medios estatales (inexistentes previamente en Venezuela) junto con ese gran emprendimiento plurinacional comunicacional que es TeleSUR.
Venezuela, además, ha apoyado todas las iniciativas de integración que tuvieran como objetivo afianzar la unión latinoamericana sobre las bases de la independencia y autonomía frente a las grandes potencias y bloques de poder hegemónicos: el ALBA, la UNASUR, el Pacto Andino, el MERCOSUR y las cumbres Latinoamericanas de presidentes encontraron a los gobiernos de Chávez y Maduro como participantes y promotores activos, aun en relación con presidentes y procesos políticos de signo contrario al venezolano.
Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes generan la crisis en Venezuela?
El problema, el origen de la crisis política en Venezuela, tiene un nombre y apellido conocido: se llama Mesa de Unidad Democrática. Un desprevenido transeúnte podría imaginar que con ese nombre los objetivos políticos de la Mesa de Unidad son los de proteger la democracia en Venezuela: la experiencia histórica reciente señala que esta Mesa de Unidad es el nombre que se autoimponen los actores sociales y políticos menos democráticos de Venezuela. La derecha venezolana que se nuclea en esta Mesa “Democrática” tiene un solo propósito político: expulsar del poder antes de terminar su mandato al presidente Nicolás Maduro. O sea que la Mesa Democrática es, en realidad, la Mesa que intenta promover el golpe y derruir la democracia venezolana.
Por las dudas hacemos un breve racontto de las acciones golpistas de la derecha “democrática”: En abril de 1992, ya consagrada la Constitución Bolivariana, Fedecámaras (un conglomerado de empresas nacionales y multinacionales) junto a los sindicatos de derechas y muy especialmente los medios de comunicación masivos venezolanos y norteamericanos, llevaron a cabo un golpe de Estado que alcanzó a neutralizar al presidente Chávez por unas horas y a promover una asunción presidencial (la del empresario Pedro Carmona) típica de las dictaduras latinoamericanas. La evidente complicidad norteamericana hizo más explícito el carácter reaccionario de la movida. La movilización popular, el rechazo de la mayoría de los países latinoamericanos y la reacción política del presidente Chávez apoyado por las FF.AA. abortaron el golpe.
A partir de ese momento, la derecha venezolana se mantuvo siempre en una doble vía política: la participación en los procesos electorales y la búsqueda de un nuevo golpe de Estado. Una agenda perfectamente antidemocrática, que ve al proceso electoral sólo como una herramienta de corto plazo y que considera el derrocamiento del presidente (Chávez en su momento, Maduro en la actualidad) el único objetivo de su actividad política.
En el año 2004, la derecha venezolana convocó a las primeras “guarimbas”, grupos de acción violenta que ocupan las calles, destrozan vidrieras, interrumpen el transito, utilizan armas de fuego y obligan a los negocios a cerrar. Estas primeras acciones directas antidemocráticas dejaron, en ese momento, un saldo de cincuenta muertos y más de cien heridos.
El 15 de abril de 2013, el ex candidato a la presidencia por la derecha, Henrique Capriles, llamó a lo que denominó “desatar la arrechera” (la bronca) en las calles: ¿el resultado? El asesinato de once personas.
Un año después, en febrero de 2014, los líderes opositores llamaron a ocupar las calles en lo que denominaron “la salida”: una movilización que tenía explícitamente el objetivo de derrocar al Gobierno constitucional. Para que se entienda claramente: los líderes de la derecha llamaron a una movilización con el explícito objetivo de promover la violencia y derrocar a Maduro. Cuarenta y tres muertos y ochocientos heridos fue el saldo de este nuevo intento golpista. El líder opositor Leopoldo López fue juzgado y condenado por la Justicia venezolana por su responsabilidad en este intento sangriento de golpe. Todavía embarcada en el derrocamiento del presidente, la derecha convocó en octubre de 2016 a una “toma de Venezuela”, con el evidente propósito de expulsar al Gobierno democrático.
Intentando reconducir a la oposición al funcionamiento democrático, el Gobierno del presidente Maduro convocó, a fines de 2015, a una Mesa de diálogo con la intervención del Vaticano y la UNASUR como garantías, pero la Mesa de Unidad Democrática entendía la Mesa sólo como un nuevo espacio para derrocar a Maduro y, al no avanzarse en este sentido, se retiraron de la misma.
Es en este trasfondo de una derecha antidemocrática, golpista y para nada comprometida con los procesos legales en el que debe encuadrarse la actual crisis que se ha desatado en Venezuela.
La crisis política de estos días la volvió a provocar la derecha antidemocrática: el conflicto de poderes (en Venezuela son cinco los Poderes Constitucionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral) se origina cuando en las elecciones de medio término del año 2015 la Mesa de Unidad Popular triunfa y logra la mayoría en uno de los cinco Poderes (el Parlamento unicameral).
En cualquier país democrático, con el triunfo de la oposición se iniciaba un período de cohabitación entre Gobierno y oposición, pero la derecha venezolana le aplicó a su mayoría en el Parlamento su lógica golpista: la mayoría en la Cámara era una herramienta más en el viejo proyecto de derrocar al presidente democráticamente elegido. Los tres diputados electos por el estado de Amazonas, de la Mesa de Unidad Democrática, lo fueron en un proceso de fraude electoral. El Parlamento, dominado por la derecha, desestimó los reclamos de no tomarles juramento a los diputados hasta que se expidiera el Poder Electoral sobre las acusaciones de fraude. Allí intervino el Tribunal Superior de Justicia (la Corte Suprema de Venezuela) y declaró que si el Parlamento no reveía esas tomas de posesión sospechadas de fraude habría una declaración de desacato.
Así se desata este conflicto de poderes que involucra a los cinco poderes del Estado, cuatro que sostienen la legalidad democrática y uno (el Parlamento en manos de la derecha) que sostiene (contra la opinión del Tribunal Superior de Justicia) la elección por fraude de tres diputados.
Y así llegamos a la situación actual: cuando el Tribunal Superior de Justicia, utilizando sus atribuciones, declara que a raíz del desacato del Parlamento este carece de legalidad. Era la medida que la derecha buscaba desde las elecciones de 2015.
A partir de ese momento, los Gobiernos de derecha en la región (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay) se hicieron eco de la muletilla de los grandes medios de comunicación asociados a la ola neoconservadora en América Latina: en Venezuela había un “golpe de Estado”. De golpe, Gobiernos surgidos de procesos destituyentes como el de Paraguay, Gobiernos ilegítimos como el de Brasil, Gobiernos con presos políticos y violaciones a los derechos de huelga y de reunión como la Argentina, se transformaron en “adalides de la democracia”.
Junto a este coro de demócratas de ocasión, ha reaparecido a la vida la Organización de Estados Americanos (OEA), quien de la mano de su presidente Almagro ha iniciado un proceso de presión e injerencia externa de la mano del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la derecha venezolana: proponen iniciar un proceso de “separación” de Venezuela de la OEA por el “golpe o autogolpe”. Curiosa determinación que la OEA no tomó en el caso de Dilma Rousseff, el presidente Lugo, el presidente Zelaya de Honduras. Lo de siempre: la OEA como instrumento de lucha contra los Gobiernos populares siguiendo al agenda norteamericana.
Y en el plano regional sudamericano también se han sumado a la estrategia de la derecha antidemocrática los Gobiernos de Argentina y Brasil, quienes proponen separar a Venezuela del MERCOSUR aplicándole la “cláusula democrática”. Curioso modo de dictaminar lo que la democracia es: el presidente Temer surgió de un verdadero golpe destituyente en Brasil, el presidente Cartes de Paraguay fue electo luego de la destitución exprés del presidente Lugo y el Gobierno de Macri mantiene presos políticos desde el primer mes de su gestión.
No hay ningún golpe ni autogolpe en Venezuela. No se han suspendido los principios democráticos de un Gobierno electo impecablemente por el voto popular. Lo único persistente en Venezuela es la decisión de la derecha más reaccionaria de apostar permanentemente por la interrupción ilegal del Gobierno nacional, popular y democrático y la determinación de los medios de comunicación hegemónicos en toda América Latina de operar para justificar el fin de la Revolución Bolivariana, para iniciar una revancha oligárquica en toda la línea.
