La Asociación de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata solicitaron ante la Justicia Federal la suspensión inmediata de las obras y el financiamiento del proyecto «León Marino», operado por empresas británicas e israelíes sin autorización argentina ni evaluación ambiental.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial de prevención de daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum Development (israelí).
La demanda busca suspender inmediatamente las obras y el financiamiento del proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera «León Marino» (Sea Lion), ubicado en la plataforma continental argentina, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La presentación recayó en el Juzgado Federal de Río Grande, jurisdicción con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El colectivo demandante fundamenta la urgencia de la medida cautelar en el riesgo irreversible que las operaciones representan tanto para el ecosistema marino como para los derechos de soberanía del país.
Explotación de petróleo sin autorización ni evaluación de impacto
El proyecto prevé operar en la Cuenca Malvinas Norte durante más de 30 años, con una infraestructura de 23 pozos submarinos en sus dos primeras fases, un sistema de unidades flotantes de almacenamiento y un centro logístico en Puerto Argentino.
Sin embargo, la acción judicial denuncia que la iniciativa comenzó sus obras terrestres y logísticas en 2026 sin contar con una evaluación de impacto ambiental aprobada ni con la autorización correspondiente del Estado argentino.
La investigación previa desarrollada por la AAdeAA mediante pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía confirmó que las empresas no iniciaron los trámites obligatorios que impone la legislación nacional.
Si bien operan bajo licencias otorgadas por el gobierno colonial británico, estas concesiones carecen de validez jurídica para Argentina. De hecho, Rockhopper fue declarada clandestina por el país en 2012 y Navitas recibió sanciones similares en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería rechazó formalmente las inversiones anunciadas por ambas firmas.
Daño ambiental y pérdida de soberanía
El fundamento de la demanda sostienen la existencia de dos bienes jurídicos colectivos afectados en un mismo espacio. Por un lado, la actividad pone en peligro la ecorregión del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, un sistema de alta productividad biológica donde habitan ballenas, cetáceos, aves y peces, vulnerables ante posibles derrames, ruidos submarinos y químicos.
Por otro lado, la presentación plantea que la soberanía nacional constituye un bien colectivo e indivisible. Al tratarse de un territorio disputado, la ejecución unilateral de infraestructura extractiva viola la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales en la zona mientras la controversia permanezca abierta.
Los demandantes solicitaron congelar la financiación del proyecto mediante la notificación a organismos de control y mercados financieros. El objetivo central busca impedir que las obras avancen hacia la fase de perforación proyectada para 2027 y evitar la consolidación de un hecho consumado sobre el territorio.
