El Frente Sindical convocó a una medida de fuerza nacional para este miércoles tras rechazar la propuesta salarial del 3% que ofreció el Ministerio de Capital Humano. Exigen recomponer un atraso del 31,2% y reclaman la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Tras el fracaso de la paritaria que se llevó a cabo este martes en el Ministerio de Capital Humano, de manera unánime el Frente Sindical Universitario convocó a un paro para este miércoles en todas las universidades del país. Los gremios calificaron de “vergonzoso” el ofrecimiento del 3% que hizo el Ministerio de Capital Humano y enfatizaron su reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a más de 300 días de su sanción.
“No fue una oferta, fue una provocación”, señalaron los sindicatos en un comunicado. Allí afirmaron que el aumento que puso sobre la mesa el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, estuvo muy lejos de la demanda de la comunidad universitaria. El Gobierno ofreció un 3% para septiembre más un 3% para octubre; esta última cifra ya había sido confirmada en la mesa de negociación de junio.
Por su parte, el Frente Sindical pidió recuperar el 31,2% de atraso salarial, un incremento para el mes de agosto y el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que el Gobierno eliminó luego de asumir. “Planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Clara Chevalier, secretaria general de CONADU.
Además del paro de mañana, el Frente Sindical, junto con el CIN y la FUA, se reunirán el 3 y 4 de septiembre en el marco del 96° Plenario de Rectoras y Rectores, para analizar la situación y resolver las próximas acciones dentro de la continuidad del plan de lucha. A su ve, la próxima reunión paritaria con el Gobierno será el jueves 17 de septiembre.
El Gobierno dilata el cumplimiento de la ley
A pesar de la contundencia de las jornadas previas de protestas del jueves y viernes de la semana pasada, la gestión libertaria insistió en porcentajes testimoniales que evidencian una decisión política de dilatar el conflicto mientras el poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes continúa desplomándose frente a la inflación acumulada.
A la par, el Gobierno arrastra un frente judicial cada vez más adverso. Meses atrás, la Justicia Federal había vuelto a ratificar la validez y plena vigencia de la medida cautelar que exigía el estricto cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en línea con la doctrina que había fijado la Corte Suprema de Justicia.
Aquella resolución judicial no solo había desmentido el relato oficial que daba por resuelto el desfasaje presupuestario, sino que había confirmado que el Estado nacional arrastra una deuda cercana al 30% en la actualización salarial.
