Centenares de militantes y referentes sociales, sindicales, políticos y estudiantiles se sumaron ayer a los más de 1.300 vecinos de la localidad platense de Abasto que resisten, organizados y de manera pacífica, el desalojo dispuesto para hoy por la Justicia penal bonaerense. Más de 700 personas participaron de una asamblea realizada para frenar la orden de desalojo dispuesta por la Cámara Penal de La Plata, en la que el juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la capital bonaerense, Luis Arias, anunció una medida precautelar con la que ordenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de abstenerse de realizar el desalojo.
La reunión se realizó por la tarde. La esquina de calles 520 y 214, en el oeste de la capital bonaerense, en pocos minutos se llenó de gente. Entre los vecinos que resisten el desalojo ordenado por la Justicia penal estaban los concejales Florencia Saintout, Guillermo Cara y Ludmila Kostiuk, junto a los senadores provinciales Gustavo Di Marzio, Emilio López Muntaner y Gustavo Oliva. Los referentes del kirchnerismo platense se sumaron a la asamblea para defender el derecho a la vivienda de las 350 familias que ocupan el predio, lo que generó un conflicto con sectores de la corporación inmobiliaria que lograron un fallo favorable para correr a los vecinos y quedarse con los terrenos.
“Este es un paso más en la lucha contra esa Justicia que nos avergüenza y contra esos poderes enormes de la ciudad que tienen nombres de inmobiliarias”, reflexionó junto a los vecinos Florencia Saintout. “No puede ser que el interés de la renta, del negocio, sea más fuerte que el derecho a la vivienda y a la dignidad de los trabajadores”, agregó.
El conflicto desatado en Abasto es por unos terrenos que ocupan 350 familias y que son reclamados por la Inmobiliaria Mattioli, cuyo titular denunció penalmente, bajo la figura de usurpación, a once personas. A pesar de la apelación de la Defensoría Oficial Nº 10, que negó que el caso configurara ese delito, la Sala IV de la Cámara Penal platense dictaminó el desalojo para hoy.
Las tierras en disputa fueron compradas en 1988 por la empresa Texlan, que en 2001 entró en cesación de pagos y quebró. La AFIP y la Dirección Provincial de Rentas eran los principales acreedores y las tierras tendrían que haber pasado a manos del Estado. Sin embargo, empezaron a ser alquiladas a pequeños productores y ahora la Inmobiliaria Mattioli reclama el desalojo en nombre de Texlan.
Pedido de expropiación
El senador provincial Emilio López Muntaner recordó en la asamblea con los vecinos el pedido de expropiación de los terrenos que presentó en la Cámara Alta. “No estamos de acuerdo con la decisión de desocupar por la fuerza el predio y darle las tierras a las inmobiliarias que hacen negocios. Además, estos lotes pertenecen al Estado y deben ser utilizados para producción y vivienda social”, argumentó.
El proyecto prevé, además de la expropiación del predio de Abasto, declarar esas tierras de utilidad pública, y estipula un desarrollo urbanístico por el que el Estado se compromete a generar la infraestructura necesaria para el futuro barrio, como escuelas, salitas sanitarias, espacios verdes, calles, entre otras.
Por su parte, el juez Arias anunció que acababa de dictar una medida precautelar que ordenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia “que se abstenga de realizar el desalojo”. El magistrado también manifestó su alegría por ver la unidad y la organización popular: “Todo lo que nace de la organización popular es indestructible. Ahora, lo más importante es frenar el desalojo, y creemos que lo vamos a lograr”.
Por ahora, los vecinos resisten, la Justicia avala el desalojo impulsado por el sector inmobiliario y los medios justifican un accionar represivo en defensa de los negocios y en contra de las necesidades de las mayorías.
