Pese al brutal ajuste fiscal, el indicador del JP Morgan llegó a superar los 700 puntos, aunque luego mermó hasta llegar a los 672 puntos básicos. Hasta el mercado descree de la viabilidad del modelo de Milei y Caputo.
A pesar del dogmatismo fiscal y el ajuste recesivo implementado por la administración de Javier Milei, los mercados financieros comienzan a pasarle la factura a la gestión de Luis Caputo. Lejos del idilio prometido con los inversores internacionales, el riesgo país mantiene una clara tendencia alcista: tras tocar el máximo de 710 unidades en el último año, cerró este martes en los 672 puntos básicos.
De este modo, en el último mes el indicador que elabora el banco JP Morgan acumula un alza del 13% y registra un incremento del 20% en lo que va del año, mostrando una desconfianza creciente sobre la sustentabilidad del modelo libertario.
“Riesgo país en fuerte suba y ya rompió el récord del año: ¿el Gobierno va a anunciar algo para cambiar la situación o va a seguir culpando al «riesgo kuka»?, señaló la diputada nacional y economista, Julia Strada.
Para comprender la gravedad del escenario es preciso recordar qué representa este indicador financiero. El riesgo país mide la sobretasa que debe pagar un estado soberano en comparación con los títulos del Tesoro de los Estados Unidos —considerados de riesgo cero—, expresada en puntos básicos donde cada 100 puntos equivalen a un punto porcentual.
Este número funciona en la economía real como el termómetro del costo del crédito ya que determina la tasa a la que el país y sus empresas pueden financiarse en el exterior, encareciendo o directamente anulando la inversión privada y el acceso al financiamiento internacional.
La escalada actual resulta un llamado de atención para el Palacio de Hacienda. El índice elaborado por JP Morgan vuelve a merodear niveles de máximo estrés que no se observaban desde el período preelectoral del año pasado, borrando el efímero entusiasmo inicial.
La paradoja de la gestión libertaria radica en que, aun habiendo ejecutado una poda feroz sobre el gasto público, las jubilaciones y las pensiones, las universidades y las transferencias a las provincias para sostener el superávit primario, el mercado reacciona castigando el precio de los bonos soberanos e incrementando la prima de riesgo.
La volatilidad del contexto internacional explica una parte de esta dinámica, empujada por el encarecimiento de la energía —con el valor del petróleo rozando los US$ 111 por barril— y las tensiones por las protestas en Europa. Este escenario presiona al alza la inflación global y las tasas del Tesoro estadounidense, motivando a los fondos de inversión a desprenderse de los activos de países emergentes.
Sin embargo, el factor exógeno opera únicamente como catalizador de las vulnerabilidades estructurales que el propio programa económico libertario no logra disipar.
En el plano interno, el mercado financiero advierte con preocupación la falta de capacidad de la economía para generar divisas genuinas de manera sostenida. Con la actividad económica contrayéndose y la confirmación de una entrada inminente en recesión técnica tras caídas consecutivas en la medición interanual del EMAE, las dudas sobre la capacidad de repago de los abultados vencimientos de deuda a mediano plazo se acrecientan.
Esta desconfianza de los mercados genera un contraste directo con el sector corporativo privado. Mientras la deuda soberana cotiza con rendimientos sumamente castigados, las empresas locales —especialmente del rubro energético como YPF o Tecpetrol— han logrado colocar obligaciones negociables a tasas notablemente inferiores de alrededor del 5%. Los inversores prefieren respaldar flujos de fondos privados antes que la capacidad de pago de un Estado cuya estrategia de estabilización depende exclusivamente del ajuste fiscal y de un consumo en declive.
De cara al ingreso en el año electoral, el margen de maniobra oficial se estrecha. Los inversores observan que el brutal ajuste fiscal no se tradujo en una recuperación de la actividad ni en un blindaje definitivo de las reservas del Banco Central. En este marco, el temor de los tenedores de bonos no reside en la falta de voluntad ideológica del Gobierno para pagar, sino en la inviabilidad macroeconómica y social de sostener el plan en el tiempo.
