Por Gabriela Calotti
Milagro Sala, referente de la organización social Tupac Amaru detenida desde mediados de enero por ejercer su derecho a la protesta social pacífica, garantizado por la Constitución Nacional, será llevada a juicio a partir del miércoles en el Juzgado Contravencional Nº 1 de San Salvador de Jujuy a cargo del juez Matías Ustarez Carrillo, designado en ese cargo directamente por el gobernador radical y uno de los mayores aliados de Mauricio Macri en el norte del país, Gerardo Morales, poniendo en evidencia, una vez más, el ensañamiento del radical jujeño contra la dirigente social.
La llegada de Macri a la Casa Rosada reforzó aun más la impunidad de Morales al frente del Ejecutivo provincial para que se permitiera encarcelar a Milagro Sala y a otros dirigentes de la Tupac por un acampe pacífico en la Plaza Belgrano de la capital jujeña, acusándolos de instigación al tumulto, entorpecimiento de la circulación y sedición.
Detrás de esas acusaciones y de la detención, la Justicia de Jujuy empezó a lanzar una serie de causas vinculadas con una supuesta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito vinculado con la construcción de viviendas sociales, principal actividad de las cooperativas vinculadas con la Tupac Amaru y la red de organizaciones que la acompañan.
“La detención de Milagro Sala usando como excusa la manifestación, la represión por medios penales de derechos que sostiene el sistema constitucional, constituye una violación más de este gobierno a los derechos humanos y es obligación del pueblo defenderlos.”
“La detención de Milagro Sala usando como excusa la manifestación, la represión por medios penales de derechos que sostiene el sistema constitucional, constituye una violación más de este Gobierno a los derechos humanos y es obligación del pueblo defenderlos”, expresó Ariel Ruarte, uno de los abogados que integra el equipo defensor de Sala.
En su opinión, el Juzgado Contravencional decidirá ni más ni menos que “si la Constitución sigue o no vigente”.
El acampe en la Plaza Belgrano, iniciado el 14 de diciembre de 2015 y que fue levantado el 2 de febrero de este año ante las amenazas reiteradas de los responsables de seguridad jujeños acerca de que desalojarían el lugar como fuera, fue la excusa inicial de la que se agarró la Justicia de Morales para detener a la referente de la Tupac que lideraba una protesta pacífica en el centro de la ciudad para reclamar por el registro de las cooperativas y por el peligro que corrían, según la organización, 20.000 puestos de trabajo.
En las semanas siguientes a su llegada a la gobernación, Morales aceleró una serie de reformas claves en el Poder Judicial, aumentando los integrantes del Superior Tribunal de Justicia provincial de cinco a nueve, entre estos dos diputados radicales que apoyaron justamente la ley de ampliación del STJ y un tercero que había sido legislador radical.
Como si fuera poco, y en ese marco de supuesta “separación de Poderes”, la legislatura jujeña creó un sistema acusatorio para las investigaciones penales y al frente del Ministerio Público Fiscal puso a un funcionario judicial procedente del radicalismo.
El juicio que está previsto para el miércoles a partir de las nueve de la mañana es “una nueva embestida por parte del Gobierno jujeño contra el Estado de derecho y las garantías constitucionales”, sostuvo la Tupac en un comunicado.
“El derecho a la libre expresión, de petición a las autoridades y de reunión son de indiscutido rango constitucional.»
“El derecho a la libre expresión, de petición a las autoridades y de reunión son de indiscutido rango constitucional. Los manifestantes, como último recurso para amplificar su pedido de diálogo con el Gobierno provincial que fue desoído en reiteradas oportunidades, llevaron adelante una manifestación pacífica que consistió en la ocupación del espacio público en la Plaza Belgrano sin exclusión de la posibilidad de tránsito de los otros ciudadanos, puesto que había vías alternativas”, indicó Ruarte.
Como testigos de la organización social y de Milagro Sala estarán presentes el secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Fernando Acosta; José del Frari, secretario general de Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU); Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy; y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido, Horacio Pietragalla.
El Gobierno jujeño y el macrismo insisten con criminalizar el derecho a la manifestación y a la protesta públicos, pese a las opiniones de organismos internacionales y dirigentes de otros países, como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, días atrás.
Curiosamente, el juicio tendrá lugar semanas después de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas considerara que la “detención de la señora Milagro Sala es arbitraria” y exigiera “al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato”.
Para llegar a esa resolución, el Grupo de Trabajo de la ONU, que todavía está esperando la respuesta del Gobierno argentino, analizó las presentaciones efectuadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional (AI) y la entidad Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).
“Está en proceso esa respuesta”, se limitó a indicar el domingo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, antes de elogiar la tarea del procurador de Jujuy, que es “independiente” del Poder Judicial provincial, según el macrista.
En el marco de esa estrategia de confusión y no respuesta, Garavano agregó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación viajará a Ginebra para reunirse con expertos de la ONU. En su enredo, se ufanó de “mantener diálogo con los jueces y los fiscales que están en las distintas causas en las que está ordenada la detención de esta dirigente”.
Al pedido de la ONU se sumó el primer ministro canadiense, quien el pasado viernes, en conferencia de prensa conjunta con Macri, le planteó públicamente su preocupación por la situación de Milagro Sala. Trudeau había recibido una carta de la directora de AI argentina, Mariel Belski, recordándole que según Naciones Unidas la dirigente jujeña está “detenida arbitrariamente”. Una carta similar envió Amnistía al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que se reunió el lunes con Macri, y a Nueva Zelanda, cuyo primer ministro, John Kay, está de gira por la región.
Y aunque se llenan la boca hablando de la “independencia del Poder Judicial”, el mismísimo presidente no tiene empacho en hacer declaraciones sobre las acusaciones falaces que pesan sobre Milagro Sala, lo cual no debería ocurrir si se respeta honestamente la separación de Poderes. Pero el cinismo no tiene límites. “La mayoría […] cree que ella es una persona que creó un Estado paralelo y una organización armada”, sostuvo Macri, que atribuyó su opinión al resto de sus compatriotas.
http://perio.unlp.edu.ar/~diariocontexto/2016/11/16/la-unlp-se-expreso-en-repudio-a-la-detencion-de-milagro-sala/
