Miami, la CIA, las mafias y el terrorismo, elementos que se conjugan una y otra vez en la historia más oscura de la política exterior norteamericana. Miami no sólo sirvió como refugio y base de operaciones para los mercenarios que intentaron invadir Playa Girón (1961), los terroristas que atentaron contra el avión de Cubana de Aviación (1976), los criminales buscados por la Masacre de Trelew (1972), los torturadores y asesinos que coordinaron con las dictaduras del Cono Sur, «los contras» que sembraron de terror y sangre la Nicaragua liberada y los que realizaron infinidad de atentados contra Cuba en la década de 1990. Ahora, también, esa ciudad del sur del estado de Florida vuelve a estar como centro de financiamiento y coordinación de los terroristas que intentaron asesinar al líder venezolano Nicolás Maduro.
Cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció que daría marcha atrás con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos (iniciadas por su antecesor Barack Obama), eligió como escenario para hacer sus declaraciones “La pequeña Habana”, en Miami. Lo hizo rodeado de mercenarios, mafiosos y criminales en el teatro que lleva el nombre de Manuel Artime, jefe civil de la brigada de mercenarios que intentó invadir Playa Girón. Allí estuvo acompañado de los sectores más reaccionarios de la política norteamericana, claro ejemplo de ello es la figura del senador republicano ultraderechista Marco Rubio.
Esa acción fue un gesto de «vía libre» para todos los grupos criminales refugiados en Florida que conspiran para atentar contra los procesos populares de América Latina. Por ese motivo, no llamó la atención cuando, luego del intento de magnicidio contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, los responsables del atentado terrorista eligieron a una de sus voceras en Miami, Patricia Poleo, experiodista y ferviente opositora al gobierno venezolano, para que leyera el comunicado en el que reivindicaban el ataque.
Hasta el momento, el gobierno norteamericano que se autodenominó gendarme del mundo y se jacta de luchar contra el terrorismo y en defensa de la democracia nada ha hecho para detener a quienes desde Miami habrían financiado y coordinado el atentado contra un presidente democráticamente electo. Sin embargo, este accionar no llama la atención, como tampoco llama la atención que los terroristas hayan elegido a Miami como centro de operaciones. Esa ciudad del sur de Florida dio cobijo a terrorista y criminales como Luis Posada Carriles, Orlando Bosh, los hermanos Novo Sampol y el criminal argentino Roberto “El Ñato” Bravo, jefe de los fusiladores de la Masacre de Trelew.
Posada Carriles y Orlando Bosh son responsables de infinidad de crímenes y actos terrorista, entre ellos, los reiterados intentos de magnicidio contra el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. También son los autores confesos del atentado contra el avión de Cubana de Aviación que 1976 hicieron estallar en pleno vuelo matando a las 73 personas (entre tripulación y pasajero) que viajaban en él.
A pesar de tener pedido de captura internacional y de extradición para ser juzgados en Cuba y Venezuela por sus crímenes, los sucesivos gobiernos norteamericanos siempre les dieron cobijo y protección. Ambos murieron en Miami sin responder ante la Justicia por sus actos. Los lazos de estos dos terroristas con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana fueron demostrados en numerosos investigaciones.
El torturador y asesino, Roberto Guillermo “El Ñato” Bravo, jefe de los fusiladores durante la Masacre de Trelew, también encontró en la ciudad de Miami y en el gobierno norteamericano el apoyo necesario para escapar a la Justicia. En la madrugada del 22 de agosto de 1972, un grupo de militares al mando de Bravo entraron a los calabozos de la base Almirante Zar de Trelew (provincia de Chubut) y, sin mediar palabras, fusilaron a los dieciséis presos políticos que allí se encontraban. Buscaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento en un intento de fuga. Tres de los fusilados sobrevivieron y pudieron contar la verdad sobre los hechos. Bravo huyó a Miami donde rápidamente se vinculó con los sectores del poder, la CIA y las mafias allí radicadas.
El fusilador se transformó en un próspero empresario que brinda servicios al Pentágono y hace sustanciosos aportes a las campañas electorales de personajes de la ultraderecha norteamericana, como la integrante de la Cámara de Representantes Ileana Ros-Lehtinen.
Según denunció Página/12, Bravo tiene una casa en Miami que está valuada en 750 mil dólares y su empresa, RGB Group, provee “servicios de alta tecnología” al Pentágono y al Departamento de Seguridad Interior norteamericano.
A pesar de sus antecedentes criminales, consiguió en 1987 la ciudadanía norteamericana. Desde 2008 la Justicia argentina reclamaba su extradición, pero el gobierno norteamericano se ha negado a responder ese pedido. Mientras se analizaba si iba o no a ser extraditado, el torturador y asesino viajó para “atender temas vinculados con sus empresa” a la basa ilegal que Estados Unidos tiene en el territorio usurpado de Guantánamo (Cuba), donde aún hoy funciona un centro clandestino de detención y tortura.
La relación entre Miami, el crimen organizado, la CIA y el terrorismo se ha fortalecido con el guiño cómplice del presidente Trump y ha vuelto a aparecer en primera plana con el atentado a Nicolás Maduro. Un triste resabio de una de las zonas más oscuras de la política exterior de Estados Unidos.
