El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y entidades de médicos bonaerenses se agudizó, ya que las autoridades de la obra social se negaron a aplicar el nuevo nomenclador tal como preveía el convenio firmado entre las partes el pasado 22 de abril. Ahora, ante la falta de respuestas, la Agremiación Médica Platense (AMP) y la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerense (CEMIBO) aumentaron por cuenta propia los valores de los bonos.
Desde IOMA respondieron con una carta documento donde definieron como «medidas unilaterales» la disposición de los médicos. A su vez, pidieron que den marcha atrás con la medida que tomaron, y plantearon la posibilidad de dar de baja el convenio, lo cual dejaría sin cobertura a 300.000 afiliados y agravaría la disputa. De avanzar en ese sentido, el convenio perdería vigencia una vez pasados los sesenta días desde la baja.
El convenio establecía la actualización del nomenclador que rige para las prácticas y consultas. El actual data de 1958, por lo que muchas prestaciones quedan por fuera y provocan que los afiliados tengan que hacer una serie de trámites de excepción para tener la cobertura. A la fecha, IOMA no lo hizo efectivo y los médicos lo aplicaron en la práctica para no seguir perdiendo ingresos.
«Estuvimos trabajando estos meses desde que IOMA se comprometió a aplicar el nomenclador, pasando los códigos del nomenclador, y esto al final no lo van a pagar nunca. Así se hace imposible sostener el sistema. No podemos sostener el sistema con nuestros bolsillos, lo tiene que sostener IOMA», afirmó a Contexto Eduardo Martiarena, titular del CEMIBO.
Por su parte, Patricio Flaherty, secretario general de la AMP, dijo a Contexto que «el diálogo está totalmente cortado» y que «no existe voluntad política» de IOMA para resolver la situación.
En medio del conflicto, desde la AMP y el CEMIBO recibieron el apoyo de sociedades científicas y de asociaciones profesionales en su reclamo por la aplicación del nuevo nomenclador. Fue en una reunión la semana pasada, donde también repudiaron de forma conjunta «la actitud amenazante y discriminatoria que adopta IOMA al obstaculizar la implementación del nomenclador».
En caso de caerse efectivamente el convenio, los afiliados deberán afrontar en forma particular el pago de las consultas y prácticas. El conflicto tomó temperatura este mes, cuando la CEMIBO, que engloba a unos 7.000 profesionales y atiende a más de 700.000 afiliados de IOMA, realizó una protesta frente a la Gobernación para llevar la demanda a la gobernadora María Eugenia Vidal.
