Por Roberto Álvarez Mur
El cambio continúa y ahora va por la salud. Así lo demuestran los más de cien despidos contabilizados desde comienzo de este año en el área de Maternidad e Infancia, y que se completan con los 55 trabajadores del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
“Se trata de un programa nacional que costó diez años de lucha del movimiento de mujeres, y se ocupa de la provisión de anticonceptivos gratuitos a hospitales y salas de salud. También compete a la capacitación en lo que es aborto no punible”, dijo a Contexto Victoria Tesoriero, miembro del colectivo de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir.
“El programa nacional costó diez años de lucha del movimiento de mujeres y se ocupa de la provisión de anticonceptivos a hospitales y salas de salud. También compete a la capacitación en lo que es aborto no punible”. Victoria Tesoriero, Católicas Por el Derecho a Decidir.
“También escuchamos rumores de que se estaba buscando generar un programa de quince personas. Un programa nacional con 15 personas es un programa desmantelado. Imaginate que constaba de 55 trabajadores, más otros 20 contratados”, agregó Tesoriero.
Según informaron voceros del programa, desde que asumieron las nuevas autoridades del Ministerio de Salud no existe una dirección clara sobre cómo continuará el trabajo de esta área. A principios de enero, enviaron una nota formal al programa solicitando que se detengan todas las acciones y que no se continuara el trabajo hasta nuevo aviso.
“Estamos hablando de profesionales, personas capacitadas para desempeñarse en sus puestos. Muchos de ellos vienen trabajando en esta área desde 2003”, dijo la trabajadora del Programa y delegada de ATE, Camila Lynn.
“Se trata de un programa que hoy se ocupa de comprar los métodos anticonceptivos y distribuirlos por todo el país, se ocupa de comprar las hormonas para las personas trans y distribuirlas. Lo mismo con el tratamiento de fertilización asistida, capacitación, material de comunicación, kits para talleristas. Todo lo que contribuye a la llegada de la salud sexual a los lugares del país. Con estos recortes pretenden llevar el Programa y sus funciones a un lugar imposible de sostener y convertirlo en un sector meramente administrativo”, remarcó Lynn.
Y continuó: “Les parece que no somos un programa prioritario y que sobramos. Nosotros sabemos los índices de mortalidad materna que tenemos en el país, la cantidad de abortos inseguros que se hacen, las cuestiones de embarazos adolescentes, embarazos no planificados. Todas esas estadísticas nos dicen que no estamos de sobra, sino que falta mucho trabajo por hacer”.
Esta nueva lista de despidos se enmarca en una delicada jornada de movilizaciones desde los sectores gremiales en reclamo por la cantidad de cesanteados en el sector público desde el comienzo de la gestión macrista. “Pretenden atacar el avance en derechos que hemos logrado en los últimos años. En términos culturales y científicos, veníamos avanzando de una manera impresionante y un cambio de este tipo nos representa un retroceso”, señaló Lynn.
«Pretenden atacar el avance en derechos que hemos logrado en los últimos años. En términos culturales y científicos, veníamos avanzando de una manera impresionante y un cambio de este tipo nos representa un retroceso”, señaló Lynn.
En esta misma línea, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir hizo pública una carta en apoyo a los trabajadores y trabajadoras desplazados, y en manifestación de la gravedad de esta medida del Gobierno. El texto difundido en redes sociales expresa: “Nos encontramos profundamente preocupados por la intención de despedir personal del PNSSYPR. Dicha medida nos perjudicaría directamente, a nosotros y a la población que tenemos a cargo. Los despidos nos resultan una medida inaceptable que no tiene ningún beneficio para el sistema de salud. Muy por el contrario, entendemos que, de efectuarse dichos despidos, se estaría haciendo un grave daño no sólo a las personas que se quedan sin trabajo, sino también a toda la política sanitaria en todo el país”.
Asimismo, la delegada de ATE aseveró: “Tuvimos una asamblea muy grande en el Ministerio de Salud con todo el personal. La lista final de despidos entre el Programa de Salud Sexual y Maternidad e Infancia es de 113 nombres; nos juntamos todos y nos han pedido que pasemos a cuarto intermedio hasta ser recibidos por el subsecretario”.
Por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras del área se suman al plan de lucha impulsado desde ATE en defensa de la salud pública y para repudiar esta “reducción en la calidad de salud del país”.
