Por Rocío Cereijo
Manuel Mosca solicitó licencia en su banca y en su cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires luego de las denuncias por violencia de género presentadas en su contra. Tras el retiro, asumieron como presidenta Marisol Merkel, del PJ Unidad y Renovación, y como vicepresidente Carlos “Cuto” Moreno, de Unidad Ciudadana-FpV-PJ. Tras su designación, el dirigente de Tres Arroyos propuso realizar una auditoría con la presencia del extitular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, quien afirmó: “Tengo que juntarme con él y charlar bien a fondo en qué consistiría mi función, pero todavía no tengo nada definido”.
En relación con la propuesta de análisis de cuentas bajo la supervisión de Mosca, Arias expresó: “Creo que la gestión de Cambiemos dista mucho de la transparencia”, y recordó algunas de las denuncias que impulsó como magistrado al respecto. En este sentido, resaltó las negociaciones con las tarifas públicas, “la entrega a Rogelio Pagano de las cuatro distribuidoras eléctricas a muy bajo costo”, la ausencia de “información respecto de las contrataciones realizadas para el servicio alimentario escolar” y de las viandas que se les da a las personas en situación de encierro en la provincia de Buenos Aires.
“Lo mires desde donde lo mires, esta gestión jamás ha tenido transparencia”, afirmó el exjuez, y también apuntó contra las modalidades de contratación: “No hay información sobre a qué medio de comunicación y cuánto se le paga de pauta oficial. A qué productoras tampoco está claro”. En esta línea, recordó que la gobernadora María Eugenia Vidal “estuvo vinculada a una denuncia por la supuesta compra de un canal de televisión; sin embargo, nunca se ha dado información al respecto”, y que “tampoco hubo transparencia en la campaña electoral”, dado que Vidal “está imputada por, aparentemente, blanquear el dinero de campaña con aportantes truchos”.
De hecho, por esos casos hubo pedidos de informes presentados en la Legislatura que aún no fueron respondidos. En marzo pasado, la presidenta del bloque UC-FPV-PJ presentó un proyecto para que Vidal informe los criterios de distribución, contratación y rendición de la publicidad oficial, para contar con información oficial sobre el uso de los fondos públicos de la provincia.
«María Eugenia Vidal estuvo vinculada a una denuncia por la supuesta compra de un canal de televisión; sin embargo, nunca se ha dado información al respecto»
Respecto de su destitución, expresó que al pensarlo en retrospectiva fue producto de afectar intereses de personas como Rogelio Pagano. Respecto de este hecho, destacó que el empresario de Salta “compró las cuatro distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires (Eden, Edea, Edes y Edelap), las pagó a muy bajo costo y sin poner dinero, con un crédito extranjero”. Además, analizó que el aumento de la tarifa eléctrica impulsado por Vidal le permitió tener grandes ganancias. Suspender el aumento tarifario por un mes implicó la pérdida de más de 200 millones de pesos: “De este modo, hubo más de 200 millones de razones para echar a un juez”, ironizó Arias.
Finalmente, expresó que en su cargo de magistrado se enfrentó “no sólo al poder político, sino al poder económico. Sino, no se puede explicar la destitución en un juzgado sin ninguna irregularidad, ninguna denuncia de particulares y elegido como el mejor juzgado en el Colegio de Abogados”. En esta línea también habló de las operaciones mediáticas encabezadas por el Grupo Clarín que sufrió (junto a otros miembros del Poder Judicial que también fueron removidos de sus cargos) tras pronunciarse contra el Decreto de Necesidad y Urgencia de Mauricio Macri que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un juez sin domicilio en la provincia
Otras de las irregularidades denunciadas por Luis Arias es la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo provincial para designar como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a Sergio Torres. El juez está acusado de no contar con uno de los requisitos principales para asumir este rol: haber residido durante el transcurso de dos años en el territorio bonaerense. Sin embargo, sus colegas avalaron su ingreso al tribunal y dispusieron tomarle juramento el miércoles 29 de mayo.
“Designar a un juez que no tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires es inconstitucional; pero, además, hay un delito de por medio, porque el juez declaró ante un juzgado de San Isidro que vivía en Tigre”, sostuvo Arias. Asimismo, aclaró que “el problema no es tener o no el domicilio, si cumple o no con este requisito, sino que al justificar su domicilio falseó información ante un juez y convocó a dos testigos falsos”. En esta línea, ironizó: “El juez cometió un delito; el juez que tiene que juzgar delitos cometió uno”.
