Los «vecinos» de Grand Bell: ¿quiénes viven en el country denunciado por contaminar el arroyo Rodríguez?

Como suele suceder, el exclusivo country Grand Bell de La Plata volvió a ser noticia semanas atrás por los señalamientos de residentes aledaños al arroyo Rodríguez, quienes denunciaron vuelcos contaminantes en el canal y el aire viciado producto de los residuos. Además de a frigoríficos y criaderos ubicados en la zona, la comunidad apuntó también a los desechos cloacales provenientes de complejos inmobiliarios cercanos, como los predios de Lomas de City Bell, Los Robles y el reconocido Grand Bell.

Este último cobra mayor resonancia al tratarse del barrio donde varias de las figuras de mayor renombre del deporte y la política local han asentado su residencia. Además de la reciente intervención de la Defensoría del Pueblo, la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) por los problemas de contaminación, en más de una ocasión Grand Bell fue blanco de la Justicia y los medios por hechos protagonizados por algunos de sus vecinos «estrella». Entre ellos se distinguen el propio intendente de la capital bonaerense, Julio Garro, y la diputada provincial Carolina Píparo, envuelta recientemente en un juicio por tentativa de homicidio doble.

Cabe señalar que entre los residentes de este prestigioso predio, que cuenta con canchas de tenis, fútbol y básquet, su propia laguna artificial y un sector hípico, también se distinguen figuras del deporte local como Guillermo Barros Schelotto y su hermano Gustavo, y los exfutbolistas Rolando Cristante, Raúl Cascini, Rubén «Mago» Capria, Sebastián «Chirola» Romero, Luciano «Hueso» Galletti y Enzo Pérez, entre otros. Sin ir más lejos, la residencia de Gustavo Barros Schelotto fue centro de la mirada mediática cuando fue asaltada en 2015.

No obstante, son los nombres de la política local con los que se suele referenciar al exclusivo barrio privado, en especial, con Julio Garro. El alcalde platense lleva la marca del country, no solo porque su primera medida como intendente fue asfaltar la entrada al barrio, sino también por haber quedado envuelto en un escándalo tras un asalto a su residencia.

Apenas iniciada su gestión en 2016, Garro denunció que un ladrón le había sustraído 25.000 pesos de su casa, en el marco de una entradera. No obstante, el asaltante acusado por el robo –un subcomisario de la Policía bonaerense– dijo en sus declaraciones haberse llevado unos 6 millones de dólares en efectivo de la residencia, una suma que puso en aprietos al propio Garro. El intendente alegó luego que se trataba de una mentira y un intento de «chantaje» en su contra.

Dentro de la esfera política, también se destaca la concejal platense del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, residente de Grand Bell junto a su pareja, el empresario de medios Enrique «Pepe» Albistur. Tolosa Paz también quedó bajo la mira de los medios en 2019, cuando se detectó que en su declaración jurada de bienes y patrimonio «omitió» la propiedad de una casa en el reconocido country. Según datos de ARBA, en 2010 el inmueble fue tasado en casi 19 millones de pesos.

Recientemente, Grand Bell volvió a ocupar un lugar destacado en las páginas de diarios y portales de noticias a partir del escándalo desatado alrededor de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Píparo. En medio del revuelo desatado por el proceso judicial que atraviesa su esposo, Juan Ignacio Buzali –acusado de tentativa de homicidio doble–, Píparo quedó bajo la mirada de la Justicia debido a incongruencias respecto de su residencia en el country.

La legisladora de Juntos por el Cambio, que enfrenta una posible denuncia por falso testimonio en el marco de la investigación, es señalada ahora debido a irregularidades en la información que brindó durante las audiencias del juicio en relación con su domicilio. «Hay una falsedad en cuanto a los domicilios que da, uno en Grand Bell por dos meses, otro en Puerto Madero por seis meses y otro más en calle 47. Cosas que no coinciden, tanto de su relato como del de los testigos del caso», fue la definición de Martín de Vargas, abogado defensor de los damnificados dentro del caso que vincula a Píparo y Buzali.

Durante sus declaraciones ante la Justicia en torno a su actual domicilio, la legisladora mostró inconsistencias en las declaraciones respecto de la cantidad de tiempo que llevaba como residente de la casa en Grand Bell, las condiciones y términos en que la alquiló y el tipo de utilidad que le daba.


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