Al igual que hacen los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, cuyas gestiones profundizan el ajuste echando trabajadores, comunas oficialistas bonaerenses siguen recortando sus plantas municipales.
En La Plata, el intendente Julio Garro echó a 215 contratados y también tiene en carpeta achicar 600 cupos de cooperativistas y estudiar la situación de 250 temporarios más, con el fin de “ahorrar gasto político”, consigna de Vidal para justificar el ajuste que recae sobre los sectores trabajadores.
Garro sigue el camino de la gobernadora: la provincia dejó sin trabajo a fin de año a 564 estatales, tal como contabilizó un informe del CEPA. Salud, Educación y Justicia fueron algunas de las áreas que sufrieron el achique.
Para tener bajo control a las comunas, Vidal obtuvo a mitad de noviembre de 2017 la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a los municipios a cumplir ciertos requisitos administrativos de austeridad como condición para recibir asistencia financiera provincial o nacional. A su vez, esa normativa establece límites al crecimiento de la planta municipal. En diciembre, el Concejo Deliberante platense adhirió a la ley.
Por el lado de la oposición más dura a Vidal, los intendentes kirchneristas Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) anunciaron la semana pasada la incorporación de trabajadores municipales y subas salariales para 2018 muy por encima del 15% que ofrecería Vidal según los números que maneja Cambiemos.
Por su parte, en Quilmes, el jefe comunal Martiniano Molina dejó en la calle a 450 municipales que se desempeñaban en áreas sensibles, como hospitales, guarderías públicas y la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia.
Ayer, la diputada nacional del FpV Mayra Mendoza denunció vía Twitter que por orden del Ejecutivo municipal habían sido cerrados los portones del edificio de recolección de residuos, donde también hay despidos, “para impedir que los trabajadores tomen sus puestos de trabajo y obligando a aquellos que habían podido ingresar antes de que llegaran las fuerzas de seguridad a retirarse”.
Con radios abiertas y actividades de difusión, ayer los trabajadores afectados volvieron a exigir al intendente de Quilmes la reincorporación a sus puestos. Fue luego de la movilización del miércoles que obligó al municipio a aceptar revisar los listados de despidos en un marco de negociación.
La lista de despidos de municipales en comunas oficialistas siguió en Morón y Tres de Febrero. En Morón, el intendente Ramiro Tagliaferro envió el primer día hábil del año los telegramas a 100 municipales, donde les anunciaba el fin de sus contratos con el argumento de “reducir el gasto público”, en línea con lo que pregonan Nación y Provincia. Las áreas afectadas fueron el Centro de Desarrollo Infantil, Niñez y Juventud, la Casa de Abrigo para personas en situación de calle, y las direcciones de Empleo, Políticas Ambientales, Higiene, Vialidad, Educación, Salud. Desde la comuna de la localidad del oeste bonaerense dejaron abierta la posibilidad a que haya 400 despidos más.
En tanto, en Tres de Febrero, Diego Valenzuela también hizo los deberes que ordena Vidal: echó a 400 municipales contratados, los primeros en sufrir el ajuste en las distintas comunas.
Con estas medidas, La Plata, Quilmes, Tres de Febrero y Morón se alistan en los municipios oficialistas que primero cumplen con la línea que baja la gobernadora.
Ante esta situación, ayer ATE se movilizó en C.A.B.A. al Ministerio de Modernización en repudio de la ola de despidos que, además de los municipios, incluye a los Ejecutivos nacional y bonaerense.
“Exigimos la reincorporación de los trabajadores del Estado nacional, como así lo hacemos en la provincia y en los municipios. Esta movilización debe ser una caja de resonancia para que restituyan los puestos de trabajo”, dijo durante el acto Oscar de Isasi, secretario general de ATE Buenos Aires.
