Por Contexto
La financiación política del PRO de Mauricio Macri, y puntualmente de la campaña electoral, es quizá una de las investigaciones más calientes que avanzan en la Justicia federal, aunque no tengan suficiente rebote en los medios nacionales. Las ramificaciones de los casos van desde los Panamá Papers que manchan al Presidente y al intendente de Lanús, Néstor Gridentti, hasta la bolsa con dinero en la mesita de luz de Gabrierla Michetti, “la vice”, que hoy también es motivo de pesquisas y expedientes.
Ahora aparece un nuevo camino de búsqueda sobre cómo reforzó y refuerza sus arcas el PRO. Según la documentación a la que accedió Contexto, el macrismo estaría ahora premiando a sugestivos donantes de campaña con suculentos contratos de la Administración pública nacional.
Uno de los casos es el de Ester Salina, quien, siendo desocupada, aportó 16 mil pesos para la campaña de Cambiemos a nivel presidencial y ahora acaba de ser nombrada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) con un primer pago de $85.483,58.
La mujer fue candidata a concejal suplente del PRO en Hurlingham en la lista que llevaba como aspirante a intendente a su jefe político, con quien militaba, Lucas Delfino. Tras la derrota con Juan Zabaleta, del Frente para la Victoria, Delfino asumió como subsecretario de Políticas Municipales de la Nación, en la órbita del Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio. El RENAPER, cuyo el titular es el lilito Juan Carlos Morán, depende de Interior.
El 24 de octubre de 2015, Salina comentaba en Fecebook cómo había sido su llegada a la política: “Les comento que hace casi dos año decidí integrar el Equipo de Lucas Delfino. Me sumé para mejorar nuestro lugar: Hurlingham, y no me arrepiento porque encontré alguien como Lucas Delfino, humilde y trabajador”.
Los datos del nada despreciable aporte de Salina a la “ola amarilla” están disponibles en los registros de la Cámara Nacional Electoral, en el Informe Previo de Ingresos y Egresos de Campaña, donde quedó asentado que el binomio Macri-Michetti había recaudado $92.715.569, de los cuales hubo un saldo de un millón y medio.
Lo que hace más sospechoso el desembolso personal y en efectivo de Salina es que, coincidentemente, hay varias páginas de aportantes con el mismo monto, como si fuera más que nada una forma común de generar un sistema de recaudación.
Según pudo saber este medio, Salina, mientras buscaba llegar al Concejo Deliberante de ese distrito del oeste del Conurbano, no tenía trabajo ni medio de ingreso como para disponer de dicha suma. Tampoco se correspondía con su pasar económico, ya que “tenía necesidades”. Esa situación fue dejada atrás a partir del 3 de octubre, cuando recibió casi 86 mil pesos, según el recibo de ANSES que se adjunta con la nota.
Otra de las premiadas fue Ana María Lávaque, quien tras poner 30 mil pesos para ayudar a “Mauri”, el 1° de abril fue nombrada como directora de la Dirección Nacional de Programación y Producción Documental, ente que también está en el RENAPER.
Un sistema que despierta sospechas
Consultado por Contexto sobre este mecanismo, Sebastián Tafuro, delegado del gremio ATE en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, dijo que “no le parecía raro” porque “no se redujo la planta del Estado, sino que hubo reemplazo por familiares, amigos y militantes del PRO”.
En tanto, desde la consultora Prospectiva –según Página/12–señalaban ya en abril que las secretarías de Estado habían pasado de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo, y las subsecretarías, de 165 a 205 en el mismo período. Es decir, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de directores simples y coordinadores.
Otro dato que preocupaba era la proliferación de cargos sin ton ni son denominados “extra-escalafonarios”, que son puestos sin estructura orgánica en el Estado, destinados históricamente a asesores políticos: sólo durante los primeros tres meses de gestión, habrían pasado de 303 a 389.
Pero aquella lista de Delfino estaba llena de aportantes: Alfredo Carrasco, hoy vicepresidente del Concejo, y los concejales Mariela López y Pablo Sívori, habían puesto $38 mil cada uno. El resto de los integrantes de la nómina, aunque no ingresaron, también habían dado lo suyo. Al caso de Salina se suman: Mauricio González y Andrea Giorgini, con $38 mil, y Andrea Giorgini, Carlos Delfino, Sonia Badaracco y Pablo López, con $32 mil per cápita. Todos ellos eran candidatos también a una banca.
En tanto, el resto de candidatos a concejal suplente –Soledad Sánchez, Gabriel Goiland, Héctor Lamelza y Carlos Palacio Ruiz– siguieron el camino de Salina y pusieron cada uno $16 mil. Por su parte, los candidatos a consejeros escolares también se anotaron: el primero, Argentino Lafuente, puso $25 mil; y la tercera, Ángela Tisconia, $13 mil. Tampoco se salvaron los candidatos a consejeros escolares suplentes: Joaquín Henault y Gisela Pérez dieron $13 mil.
Denuncia de blanqueo de los aportes
No es la primera vez que surgen casos de aportes de campaña difíciles de explicar y de rastrear. Son los “aporte hormiga”. En abril, desde este medio se daba cuenta de la denuncia del dirigente porteño Leandro Santoro (de los Irrompibles de Leopoldo Moreau) contra Grindetti, quien también fue contador histórico de SOCMA (Sociedades Macri) y ministro de Economía de la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones del actual jefe de Estado.
Santoro se dirigió a la PROSELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) para demostrar que, justamente, el equipo de personas de Grindetti era, con $700 mil, el que con más dinero había colaborado en las PASO en comparación con otros ministerios.
De ahí surgía la idea de que era una forma de “blanquear” recursos que salían de otro lado y no del bolsillo de los empleados. Y en ese esquema era que entraban a jugar las empresas off-shore.
Este accionar no fue sólo patrimonio de Grindetti y los suyos. En una nota de Marisol de Ambrosio publicada en Télam el 15 de octubre de 2015, se informaba que el PRO financió el 30% de su propaganda y su publicidad, unos 5 millones de pesos, con aportes de sus militantes, que a su vez eran empleados en CABA.
El portal Cheaqueado.com también daba cuenta de una situación similar. Para las últimas PASO, entre los principales donantes del PRO figuran con 95 mil pesos dos jóvenes funcionarios de entre 26 y 29 años, monotributistas categoría G, que reportaban ingresos anuales menores a 240 mil pesos.
